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Un juez penal de la ciudad brasileña de Santa María aceptó este miércoles integralmente la denuncia contra ocho personas, cuatro de ellas por homicidio doloso calificado, acusadas del incendio de enero pasado en una discoteca de esa población que dejó 241 muertos y un centenar de heridos.
La decisión judicial de acatar totalmente la denuncia presentada la víspera por la fiscalía fue anunciada por el juez primero penal de Santa María, Ulysses Louzada, en una rueda de prensa.
"El trabajo del Ministerio Público (fiscalía) se mostró irreparable en lo que se refiere a la descripción del hecho, presentado de forma clara y concisa, y justifica plenamente la acusación atribuida a cada uno", afirmó el juez.
Tras la decisión judicial, los ocho acusados pasan a ser considerados reos y se abre un plazo de diez días para que presenten su defensa ante los tribunales.
El juez determinó igualmente que los reos sean juzgados en Santa María, en donde la población aún está conmocionada por la tragedia, y rechazó la petición de uno de los acusados para que el proceso sea enviado al Tribunal Regional de Justicia del estado de Río Grande do Sul, con sede en la ciudad de Porto Alegre.
La fiscalía presentó acusaciones contra cuatro personas por los delitos de homicidio doloso calificado, es decir, cuando se asume un riesgo que puede causar la muerte aunque sin intención, y de 623 intentos de homicidio contra los demás asistentes a la discoteca.
Igualmente denunció penalmente a otras dos personas por fraude procesal y a otra dos por falso testimonio.
El incendio se registró en la madrugada del 27 de enero pasado en la discoteca Kiss de Santa María, una ciudad en el sur de Brasil, cuando cientos de estudiantes de la Universidad Federal de Santa María disfrutaban de una fiesta de integración.
Los cuatro acusados de homicidio doloso son Elissandro Spohr y Mauro Hoffman, que eran propietarios de la discoteca, y Marcelo de Jesus dos Santos y Luciano Augusto Bonilha Leao, respectivamente cantante y productor de la banda Gurizada Fandangueira, que actuaba en el momento del siniestro.
Los cuatro, arrestados un día después de la mayor tragedia de Brasil en los últimos cincuenta años, serán juzgados probablemente por un jurado popular en Santa María, lo que aún depende de la decisión del juez.
De acuerdo con los fiscales, las investigaciones demostraron que tanto los dueños de la discoteca como los dos miembros del grupo musical tenían conocimiento del riesgo al que sometían al público con sus acciones.
La investigación concluyó que una bengala usada por el grupo musical en la discoteca alcanzó la espuma usada en el aislamiento acústico del techo que, al arder, generó sustancias tóxicas que causaron la mayoría de las muertes por intoxicación.
La policía también demostró que la discoteca, además de estar con un aforo muy superior a su capacidad, carecía de varias de las medidas preventivas que debería tener según la legislación local, entre ellas de puertas de emergencia y de señalización clara sobre las rutas de fuga.
Los otros denunciados son los bomberos Gerson da Rosa Pereira y Renan Severo Berleze, acusados de fraude procesal por supuestamente haber adulterado documentos técnicos del establecimiento; el empresario Ilton Cristiano Uroda, que era socio de Kiss, y Volmir Astor Panzer, contador de uno de los socios, que fueron denunciados por falso testimonio.
Sobre estos dos últimos, el juez dijo que "si se retractan (de sus testimonios) antes de que sean proferidas las sentencias, teóricamente su acción deja de ser configurada como crimen".