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El juez federal brasileño Sergio Moro, responsable por la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, decidió levantar el secreto de las escuchas telefónicas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por considerarlo de "interés público".
"El levantamiento permitirá no sólo el ejercicio de la amplia defensa de los investigados sino también un saludable escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia Justicia criminal", argumentó el magistrado en la decisión en la que autorizó la divulgación de las escuchas telefónicas.
Según el juez, "la democracia en una sociedad libre exige que todos los gobernados sepan lo que hacen los gobernantes, incluso cuando estos buscan actuar protegidos por las sombras".
La divulgación de las conversaciones, una de las cuales sugiere que la presidenta Dilma Rousseff intentó impedir un posible arresto de su antecesor y hoy designado ministro de la Presidencia, generó inmediatamente un nuevo escándalo en Brasil y agravó la ya delicada crisis política del país.
Un partido político anunció su decisión de retirarse de la alianza oficialista, la Cámara de Diputados avisó que mañana mismo reinicia los trámites para un posible juicio político contra la mandataria y numerosos manifestantes volvieron a tomarse las calles en diferentes ciudades.
En una de las conversaciones, Rousseff le dice a Lula, investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use "en caso de necesidad".
El diálogo, según diferentes analistas, dejó traslucir que ambos estaban preocupados con la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva de Lula antes de que el exmandatario fuera investido como ministro.
Tras el escándalo, el Gobierno anunció que Lula asumirá mañana mismo, lo que le permitirá contar con fuero privilegiado y solo podrá ser juzgado por la Corte Suprema.
Moro dijo en su decisión que, tras el nombramiento de Lula como ministro, enviará al máximo tribunal todos los procesos abiertos contra el expresidente, pero que consideró necesario levantar el secreto de los mismos.
"No hay cualquier defensa de intimidad o interés social que justifique que se mantenga el secreto", alega el juez al reiterar que su decisión obedece al cumplimiento del principio constitucional de dar publicidad a los actos públicos.
La Presidencia, en un comunicado, aseguró que tomará "todas las medidas judiciales y administrativas" contra "la flagrante violación de la ley y de la Constitución de la República cometida por el juez autor de la filtración".
El Ejecutivo señaló que "repudia con vehemencia" la divulgación de las escuchas y agrega que ello "viola derechos y garantías de la Presidencia de la República".
En una rueda de prensa, el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmó que la intención del juez al autorizar la divulgación de las escuchas fue generar una "convulsión social".