:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/yIOSHnm7nnWZvhW_-Tc8-D1B2EM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/X23G56FCJ5EPBB7H4VKKXHOEGU.jpg)
Después de que la Cámara de Diputados de Brasil, en una sesión que pareció más un circo que un debate político, aprobara por 367 votos a favor y 137 enviar un pedido de impeachment (juicio político con destitución) al Senado en contra de la presidenta Dilma Rousseff, ella ha denunciado en todos los escenarios –incluida la Organización de Naciones Unidas– que se trata de un golpe blanco, de un complot de la oposición de su país para sacarla del gobierno. No le falta razón si se tiene en cuenta que el 60 % de los políticos que la quieren juzgar tienen cuentas pendientes con la justicia por corruptos y esos partidos pedían más participación en el poder. Esto, sin embargo, no la exime de la responsabilidad por varios errores sociales, políticos y económicos que cometió durante su segunda gestión.
A Rousseff solo se le había acusado de supuesto maquillaje de las cuentas públicas. Eso hasta el martes, cuando la Fiscalía ordenó investigarla, luego de que un testigo la implicara en “corruptelas en Petrobras”.
“Las denuncias son absolutamente falsas y mentirosas”, declaró Rousseff, quien criticó al ente investigador por publicar unas acusaciones sin haberlas confirmado de forma oficial. La presidenta apuntó que “extrañamente eso surge en vísperas de la votación en el Senado”. Varios sondeos estiman casi seguro que el Senado suspenda a Rousseff del cargo por hasta 180 días el próximo 11 o 12 de mayo, mientras es sometida a un juicio político por maquillaje de las cuentas públicas.
Ella prometió aferrarse al cargo y defender su inocencia hasta el último momento. Sin embargo, el periódico O’Globo señaló que Rousseff estaría pensando en renunciar. Detrás de esta decisión estaría una hábil jugada política de la mandataria (a quien acusan de tener poca habilidad en las maniobras políticas) para frustrar las aspiraciones de quienes armaron todo el “complot” en su contra.
Desde que comenzó todo el proceso, la mandataria señaló a su vicepresidente, Michel Temer (enemigo íntimo en Planalto) como “golpista”. De hecho, un video que el mismo Temer publicó por error confirmaba que el político daba como un hecho la destitución de la mandataria y pedía construir un Gobierno de “salvación nacional”. Para eso se movía tras bambalinas para conformar un nuevo gabinete. Algo que nadie en Brasil parece reprochar, más allá de algunas voces aisladas que llaman la atención sobre la locura política que vive el país.
Según las leyes brasileñas, si Rousseff cae, Temer será quien termine su gobierno (que acaba el 1° de enero de 2019) y convoque nuevas elecciones. Cabe recordar que los dos siguientes en la línea de sucesión de la Presidencia también están amenazados por procesos que les pueden costar el mandato: el vicepresidente, Michel Temer, y el presidente de los diputados, Eduardo Cunha, tienen abiertos procesos.
Una eventual renuncia de Rousseff podría ser una jugada de último minuto para forzar a renunciar también a Michel Temer. “Percibimos que el impeachment está avanzando y decidimos en el medio del camino encontrar una alternativa”, dijo el senador Paulo Paim, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), a O’ Globo. “En el PT crece el apoyo a esta medida; los sondeos dicen que la población quiere nuevas elecciones”, afirmó.
Una encuesta de Ibope divulgada la semana pasada mostró que un 62 % de los brasileños considera que la crisis política se resolvería con la renuncia de Rousseff y Temer y la convocatoria a nuevos comicios.
Así las cosas, Rousseff renunciaría antes del 12 de mayo y le pediría al Congreso que convoque nuevas elecciones presidenciales el 2 de octubre, según el diario O’ Globo. Aunque varias voces del Partido de los Trabajadores son conscientes de que no cuentan con los votos suficientes para aprobar este pedido de elecciones para octubre –fecha en que están previstas elecciones municipales en todo el país– creen que es posible lograrlo: se requiere el apoyo de tres quintos de cada cámara (308 votos en diputados y 49 en el Senado). Luiz Inácio Lula da Silva, quien también fue requerido por la Fiscalía para investigación, estaría detrás de esta jugada de último minuto. “Están torturando mis sueños, mis derechos, pero no van a matar mi esperanza, porque sé que la democracia está del lado correcto de la historia”, ha dicho Rousseff.