La muerte de seis policías y once campesinos en un choque armado el pasado viernes en Curuguaty, al noroeste de Paraguay, tiene hoy al presidente Fernando Lugo sentado en el banquillo de los acusados.
La Cámara de Diputados aprobó sorpresivamente un pedido de juicio político para destituir al mandatario por "mal desempeño de sus funciones", informaron oficialmente fuentes parlamentarias. La petición fue aprobada por 73 votos contra 1.
Los parlamentarios acusan al gobierno de abuso de autoridad en el desalojo de tierras que terminó en el enfrentamiento, que es calificado como el peor incidente vinculado a la tenencia de tierras en las últimas dos décadas en el país.
El episodio forzó la salida del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas, quienes dejaron sus cargos presionados por el Congreso.
"El ministro Carlos Filizzola puso su cargo a disposición, tanto así como el comandante de la Policía Nacional (...) El presidente aceptó", dijo a periodistas el ministro de Educación, Víctor Ríos. El Gobierno de Lugo ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en la zona y descartó la presencia del grupo de extrema izquierda Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el choque.
"Se actuó en base a una orden judicial para el desalojo (...) hubo disparos de parte de ellos, la policía también tuvo que responder a eso", dijo Filizzola al comentar el hecho ocurrido en unos terrenos privados de la colonia Ybyrá Pyta en el departamento Canindeyú, a unos 240 kilómetros de Asunción.