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El presidente de la Cámara del Congreso de Brasil tuvo en sus manos todo el 2015 la decisión sobre un posible proceso contra Dilma Rousseff. De acuerdo con la prensa brasileña, Eduardo Cunha, recibió cerca de 10 peticiones para llevar a la mandataria a jucio, pero las rechazó todas, según explicó, porque “no era procedente”.
Pues este hombre, que está entre los políticos sospechosos de integrar una red de corrupción dentro de Petrobras, finalmente decidió que la última petición, que plantea llevar a juicio a la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015, tiene fundamentos y consideró que era presidente abrirle un juicio político con fines de destitución.
Desde enero la presidente era blanco de duras protestas en su contra por la corrupción. Sin embargo, había sobrevivido a los intentos de destitución. La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos al jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados “delitos de responsabilidad”, lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.
La oposición precisamente alega que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al haber avalado una serie de maniobras irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.
La mandataria fue electa con un 52% de los votos, pero hoy su gestión es aprobada por solo un 8% de la población. Un 66% dice apoyar su juicio político, según la encuestadora Datafolha.
Pero cuidado, a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, advierten analistas.
“El impeachment puede ser un remedio muy amargo, y los efectos colaterales muy penosos y traumáticos”, dijo a la AFP Michael Mohallem, experto en política y derecho de la universidad privada Fundación Getulio Vargas (FGV).
Para la destitución, la votación debe sumar al menos dos tercios de la Cámara: 342 diputados. Nada le garantiza a la mandataria que los 180 parlamentarios que todavía le son leales mantendrán su postura en caso de llegar a este escenario.
De aprobarse en la Cámara, el proceso de destitución llegaría al Senado, donde Rousseff cuenta con el apoyo del presidente Renan Calheiros y una base leal menos volátil. Pero en este punto, los analistas políticos aseguran que la presión popular sería insostenible.