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Leopoldo López, el opositor radical

El dirigente del partido Voluntad Popular es uno de los principales impulsores de las manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro. El gobierno venezolano lo acusa de intentar dar un golpe de Estado.

Daniel Salgar Antolínez
18 de febrero de 2014 - 02:51 a. m.
Leopoldo López, el opositor radical
Foto: AFP - JUAN BARRETO

Para los opositores es un líder valiente. Para el gobierno es un golpista, un “fascista”. Leopoldo López, actual Coordinador Nacional del partido Voluntad Popular, es uno de los principales impulsores de las protestas que en los últimos días han degenerado en hechos violentos en Venezuela.

Por sus llamados a manifestar y los hechos de violencia y destrucción en que terminaron las protestas, un tribunal ordenó la detención de López por los cargos de asociación e instigación para el delito, intimidación pública, incendio a edificio público, lesiones graves, homicidio y terrorismo. Sin embargo hoy, según ha anunciado López, el mismo encabezará una marcha pacífica en Caracas hasta la sede del Ministerio del Interior y Justicia, y luego de la marcha se entregará a las autoridades. Curiosidad: cuando Hugo Chávez fracasó en el golpe que intentó dar en 1992, se entregó a las autoridades y estuvo preso dos años, luego fue presidente. ¿Será que López busca aplicar una fórmula similar? Ya antes ha mostrado sus ganas de llegar al poder.

López está en la escena política venezolana hace al menos 14 años. Después de estudiar economía en Ohio y hacer una Maestría en Políticas Públicas en Harvard, trabajó entre 1996 y 1999 en la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), como Analista de Entorno Nacional en la Oficina del Economista Jefe de esa empresa. El 4 de agosto del 2000 llegó a la alcaldía del Municipio de Chacao –en el distrito de Caracas- , en la que se reeligió en el 2004 para otros cuatro años. Mientras estuvo en ese cargo, el gobierno lo acusó de liderar el golpe de Estado contra Chávez en 2002, por ser firmante del "Decreto Carmona" por el que se disolvieron los poderes públicos, se destituyó de sus cargos a sus representantes y fue nombrado presidente de facto el empresario Pedro Carmona Estanga. Chávez, sin embargo, duro apenas dos días por fuera del poder.

En 2008, cuando López terminó su gestión en Chacao con el 92% de aprobación y aspiraba presentarse como candidato para la Alcaldía de Caracas, fue inhabilitado mediante resoluciones de la Contraloría venezolana por supuesto desvío de recursos fiscales y se le impidió postularse a cargos públicos por un periodo de tres años. La pelea legal con los organismos estatales de control venía desde que López trabajaba en PDVSA. Se le acusaba de que a través de su madre, Antonieta Mendoza de López, quien era la gerente de asuntos públicos de PDVSA, se estaban utilizando fondos de esa petrolera para financiar la Aasociación Civil sin fines de lucro Primero Justicia, que el gobierno ha calificado como un partido de extrema derecha.

El gobierno se refería a dos donaciones efectuadas por PDVSA el 1 de septiembre y el 23 de diciembre de 1998 a la Asociación Civil Primero Justicia, como transferencia ilegal de fondos. López, por su parte, mantuvo siempre que el Estado no tenía fundamentos más allá de una “persecución política” en su contra, ordenada por Nicolás Maduro.

El caso de la destitución de López llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego fue elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 1 de setiembre del 2011, la Corte Interamericana le dio la razón al opositor, declarando en su fallo que el Estado Venezolano es "responsable por la violación del derecho a ser elegido", y disponiendo que los órganos competentes "deben asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación a cargos públicos". El alto tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto las resoluciones mediante las cuales se había producido la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Sin embargo, el Estado declaró la sentencia “inejecutable”. Germán Saltrón, representante de Venezuela, dijo que la CIDH “está totalmente predispuesta contra el Estado venezolano… No es objetiva y sus análisis y decisiones son más políticos que jurídicos".

López, en todo caso, siguió en la política al frente del partido Voluntad Popular, que había creado desde 2004 tras separarse de Primero Justicia. Fue jefe de la campaña de Henrique Capriles en las presidenciales de 2012, en las que el opositor perdió contra Hugo Chávez. Hoy, junto a la diputada María Corina Machado y el alcalde de los cinco municipios de Caracas, Antonio Ledezma, dirige una facción de la oposición de tendencia radical dentro de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) .

En las últimas semanas, en medio de esta oleada de protestas, se ha evidenciado una fragmentación de la oposición venezolana. Henrique Capriles ha preferido tomar distancia, ha dicho que las condiciones no están dadas para presionar la salida del gobierno por la vía del levantamiento social. López, en cambio, ha reiterado los llamados a manifestar y hasta ha desafiado al presidente vía Twitter: “¿no tienes las agallas para meterme preso? O esperas ordenes de La Habana? Te lo digo: La verdad está de nuestro lado”, fue uno de sus mensajes. Otro decía: “Te lo digo Maduro, eres un cobarde. Ni a mi familia ni a mi nos vas a doblegar”.
La vivienda de López y la de sus padres fueron supuestamente allanadas la madrugada del domingo por miembros de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) y de la Guardia Nacional, pero López desde la clandestinidad mantiene su posición desafiante.

En un video recientemente divulgado, López anunció que hoy llevará cuatro peticiones al Ministerio del Interior y Justicia: "que se aclare la responsabilidad del Estado en los homicidios ocurridos el pasado 12 de febrero"; "que se liberen de inmediato a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que han sido perseguidos y que siguen estando presos y que siguen siendo torturados"; "que cese la represión y la persecución de lo que es un derecho de todos los venezolanos, el derecho a protestar"; y "que se asuma de una vez por todas el desarme de los grupos paramilitares y los grupos colectivos que han sido responsables de homicidio, de inseguridad, de azotar e intimidar a nuestros pueblo con el amparo y bajo la mano impune del estado venezolano".

Por Daniel Salgar Antolínez

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