Los afectados del estado de emergencia

Se registraron disturbios en París y manifestaciones contra la Cumbre del Clima que comienza hoy. La policía multiplica allanamientos abusivos.

Ricardo Abdahllah
29 de noviembre de 2015 - 09:00 p. m.

Las cámaras de seguridad que Yvan Agac había instalado en el restaurante Pepper Griller para disuadir a los ladrones terminaron por filmar a los policías. Eran las ocho de la noche del pasado sábado y al menos dos docenas de clientes cenaban en el local del suburbio parisino de Saint-Ouen l'Aumone. “Entonces así, de una, entraron treinta policías, armados con fusiles y llevando escudos. Como para enfrentarse quién sabe a qué. Tiraron todo por el piso, carpetas, libros de cuentas. Luego dijeron que iban a ver la bodega. La puerta ni siquiera estaba con llave, pero de todas maneras la derribaron”, dice Agac.

Los agentes partieron sin explicar los motivos de su intervención, sin detener a nadie y sin incautar nada. Aunque la especialidad de la casa es la cocina tex-mex, habrían sospechado del local porque utilizaban ingredientes halal y por la nacionalidad turca del propietario. “Aquí vienen clientes de todas las religiones. Hasta evangélicos”, dice Agac, quien afirma que a pesar de todo no ha tenido una baja importante de frecuentación luego de la intervención policial.

Luego de que el presidente François Hollande recurriera a la figura del “Estado de Urgencia” como respuesta a los atentados del viernes 13, varios restaurantes de kebab y otras especialidades turcas o árabes han sido objeto de violentos allanamientos en ciudades como Cannes, Pontarlier y Burdeos, sin que ninguna de las operaciones resultara en detenciones, material confiscado o procesos judiciales. Aunque las cifras del Ministerio del Interior señalan más de 1.500 operaciones policiales en la última semana, diversas asociaciones afirman que buena parte de ellas se han realizado contra comercios de barrio, cooperativas, organizaciones de ayuda a países de África y el Maghreb, mezquitas o simplemente ciudadanos franceses de origen árabe implicados en la vida de sus comunidades.

El diario La voix du Nord reporta por ejemplo que el domicilio de una familia fue allanado en Boulogne porque uno de sus miembros tomó una fotografía de un edificio administrativo; mientras el periódico regional Objectif Gard menciona disparos de las fuerzas del orden durante una intervención en la casa de una familia musulmana sin ningún antecedente que fue sitiada después de la medianoche a pesar de que en ella se encontraban varios menores. También en horas de la madrugada, un grupo policial habría allanado la Mezquita de la Fraternidad de Aubervilliers. “Hay miles de euros en daños y sin embargo no encontraron nada”, afirma un miembro del consejo de administración del templo. “Nosotros desde el sábado 14 condenamos los atentados y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades con toda la información que nos pidan. No tenía sentido entrar de esa manera”.

En “período normal”, la ley francesa establece estrictos requisitos para proceder a un allanamiento. Éste no puede realizarse entre las nueve de la noche y las seis de la mañana. Debe ser ordenado por un juez y en lo posible realizado en presencia de las personas de las que se sospecha. Durante el Estado de Urgencia, sin embargo, estos requisitos no son necesarios. Diversos medios, entre ellos los diarios Le Monde y Libération y el portal Rue 89, han denunciado que las autoridades estarían abusando de la coyuntura y realizando allanamientos y detenciones arbitrarias para “acelerar investigaciones” que no tienen nada que ver con el terrorismo o, peor aún, desmoralizar diversos grupos de oposición militante que no han cometido acciones ilegales.

“El problema es que es muy difícil que las denuncias por abusos prosperen, pues incluso la Corte Europea de Derechos Humanos reconoce los estados de Excepción”, opina Serge Slama del Centro de Investigación y Estudios sobre los Derechos Humanos (Credof), quien recuerda que Francia no había recurrido a la figura del Estado de Emergencia desde el levantamiento independentista de Nueva Caledonia en 1985.

La intención de este tipo de acciones sería impedir la expresión de descontento o exigencias de la sociedad civil en el marco de la Conferencia Mundial sobre el Clima (COP21), que comienza el próximo domingo en París.

“Ya han prohibido todo tipo de marchas y así nos han quitado la posibilidad de hacernos visibles. Ahora, además, varios líderes han sido 'asignados a residencia' durante la duración del evento. Así de claro es que esto nada tiene que ver con el terrorismo”, opina un militante ecologista que prefiere no ser identificado.

Alrededor de 190 jefes de estado y de gobierno estarán presentes en la capital francesa a partir del lunes para asistir a la COP21. Los cascos azules de la ONU estarán a cargo de la seguridad en el recinto del evento, dejando a las fuerzas armadas francesas la responsabilidad del resto de la Región Parisina.

 

Por Ricardo Abdahllah

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