El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua es uno de los proyectos más ambiciosos que se planean en las Américas. Su construcción alteraría no sólo el comercio y la geopolítica mundial, sino la subsistencia de poblaciones nativas y las condiciones medioambientales en Nicaragua y el Caribe. Esta última problemática se discutirá hoy en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe nicaragüense.
El canal impactaría principalmente los pueblos rama y kriol, de la costa sur caribe de Nicaragua, que verían afectado alrededor del 40% de su territorio. Sin haber empezado la construcción, ya se han visto afectados. María Luisa Acosta, representante legal de los pueblos rama y kriol, explica que la aprobación el 13 de junio de 2013 de la Ley 840, con la cual se entregó la concesión para el desarrollo del Canal a la empresa Hong Kong Nicaragua Development (HKND) en un proceso muy reservado y “sin licitación pública”, así como el anuncio hecho el 7 de julio de 2014 de la ruta y varios subproyectos relativos al canal, plantean vulneraciones a estas poblaciones en distintos niveles.
Primero, estas medidas fueron aprobadas sin la consulta previa, libre e informada que exige la Constitución nicaragüense y la ley internacional. Alfredo Ortega, uno de los abogados que manejan el caso en el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dice que el gobierno nicaragüense llama consulta previa a una exposición, a puerta cerrada, de funcionarios de HKND sobre el estudio de impacto ambiental. “Mientras estimaciones independientes señalan que la construcción va a ser un desastre ecológico, no se ha tenido acceso al estudio oficial de impacto ambiental, que supuestamente fue compartido de forma pública, pero que en realidad se hizo en un proceso muy poco transparente”.
La falta de consulta plantea un riesgo para las poblaciones del Caribe sur nicaragüense, que en su mayoría dependen de la agricultura, la pesca y la caza para el autoconsumo, tareas que sólo pueden desarrollar si se mantiene el medio ambiente en sus territorios ancestrales. Según María Luisa Acosta, la ruta del canal haría imposible para estos pueblos pescar y transitar por áreas claves para llegar a sus lugares de siembra tradicional. Varias comunidades quedarían en situación de aislamiento, pues se cortaría de manera casi definitiva la relación entre las familias de comunidades afrodescendientes.
La magnitud colosal de la obra, además, afectaría dos reservas de biosfera y ocho áreas protegidas, entre ellas algunas importantes no sólo para Nicaragua sino para la región, como la reserva de Indio Maíz o la Seaflower. Acosta añade que el “megaproyecto fue aprobado antes de que se hubiera estudiado su viabilidad ambiental y cultural, así como su factibilidad, y por ende el Estado comprometió de antemano los resultados de los estudios a ser realizados, sin tomar en cuenta las implicaciones que esto tendría en territorios indígenas y afrodescendientes”.
Segundo, el artículo 12 de la Ley 840 establece que se podrá expropiar cualquier propiedad, sea “privada, comunal, de las regiones autónomas o que tenga cualquier entidad gubernamental”. Las expropiaciones que tendrán que hacerse para la construcción del Canal plantean incompatibilidades con la normatividad nicaragüense, que en diferentes leyes garantiza un régimen que reconoce a los pueblos de la costa caribe la autonomía para representar legalmente sus territorios y administrarlos según sus costumbres y tradiciones.
Una sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. del año 2001, sobre el caso de la comunidad indígena mayanga de Awas Tingni vs. Nicaragua, le ordenó al Estado demarcar, titular y entregar territorios a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Dicho proceso de titulación está casi completo. Según Alfredo Ortega, se han titulado 21 de 22 territorios identificados, aunque la última etapa de saneamiento enfrenta grandes obstáculos. La expropiación afectaría este proceso de titulación. Ortega dice que “de nuevo el problema es que hay muy poca información por parte del Gobierno sobre los procesos de expropiación. Lo que es claro es que tienen que expropiar a poblaciones indígenas y territorios que han sido delimitados y demarcados de acuerdo a la sentencia de Awas Tingni”.
De hecho, señala Acosta, en el caso de la comunidad negra creole indígena de Bluefields, que está sobre la ruta del gran canal, el proceso de titulación ya se ha visto retrasado y las autoridades tradicionales se han visto amenazadas de ser sustituidas por “autoridades dóciles al gobierno central, como lo ha denunciado públicamente el gobierno comunal creole de Bluefields”.
La audiencia de hoy no está dedicada sólo a la construcción del canal, sino a visibilizar los serios obstáculos que enfrentan los pueblos tanto del Caribe sur como del Caribe norte nicaragüense para consolidar la titulación de sus territorios, así como los procesos de cooptación por parte del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Dirigentes de las poblaciones rama y kriol han sido destituidos arbitrariamente de su cargo y en su lugar han sido nombrados funcionarios afines al Frente Sandinista. La cuestión preocupa a nativos y defensores de DD.HH., porque estos dirigentes son de los pocos que quedan en la disidencia y que pueden proteger los intereses de sus poblaciones.