Luego de que dirigentes políticos y comunitarios denunciaran que el viernes pasado desapareció un grupo de 28 trabajadores mineros en la población de Tumeremo, en el estado de Bolívar (sur), en Venezuela, se reavivó el debate sobre la eficacia del Gobierno en la administración de los recursos naturales que abundan en esta nación sudamericana.
En Tumeremo, ubicado en el municipio de Sifontes, a 856 kilómetros de Caracas, vecino de la Guayana Esequiba, sigue la conmoción entre los habitantes, pues cada día cobra más fuerza la versión de que los 28 desaparecidos fueron asesinados por una banda comandada por un poderoso traficante colombiano de oro conocido con el alias de Topo y apoyada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana, quienes habrían cooperado con la toma de la mina Atenas.
El diputado de la Mesa de la Unidad Democrática Américo de Grazia denunció que los desaparecidos están muertos y que tiene “testimonios de un sobreviviente, de médicos que atendieron a varios heridos de gravedad y varios videos en donde se demuestra que hubo asesinatos selectivos, todo por el control de actividades de minería ilegal”.
La versión de los denunciantes fue desestimada por el gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien aseguró que las víctimas eran “supuestas” y que sólo se tiene registro de enfrentamiento de bandas armadas por el control de la minería en una zona custodiada por el Gobierno.
Dirigentes políticos de Bolívar han anunciado que familiares de las víctimas llegaran este miércoles a Caracas para denunciar lo que se considera una masacre.
Para la socióloga Araminta Méndez, residente de la ciudad de Guayana, vecina de Tumeremo, “esta masacre es consecuencia del deseo depredador de unos pocos que, en alianza con fuerzas de seguridad, toman el oro como botín para la reventa”. En conversación con El Espectador, Méndez explicó que la zona de la sierra de Imataca, donde está Tumeremo, el control de la minería está en manos del Gobierno, en teoría, “pero no hay control de los llamados ‘garimpeiros’, o mineros ilegales, que no son los trabajadores que arriesgan sus vidas por buscar unos gramos de oro. Esta es una industria paralela que funciona sin control, por eso se dan este tipo de hechos de sangre”.
Dijo que en los 17 años de gobierno bolivariano se han diseñado seis planes de minería “y todos han fracasado. En 2003 arrancó el Plan Piar, que buscaba incluir a los pequeños mineros en los ejes del Plan de Desarrollo Económico de la Nación. Luego, en 2014, el proyecto cambió su nombre por Misión Piar, que perseguía impulsar otros tipos de empleo como la agricultura y la piscicultura para disminuir la participación de la población en la explotación ilegal de minerales”.
Aseguró, además, que esta masacre pone en evidencia la falta de control sobre las políticas oficiales y de los negocios con los recursos naturales. “Sabemos que el oro extraído se va a fincas de Brasil, que está a menos de tres horas del sector. También es conocido que gente de Colombia con mucho dinero entra o sale por Bolívar. Todo el mundo hace negocios en el sur, en detrimento de los habitantes del sector y del país”.
Otra voz oficial desmintió que en Tumeremo se haya producido una masacre. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que no había funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) implicados en hechos de sangre y que más de mil efectivos militares custodian las minas de la República. No obstante, señaló que estaba a la espera de los resultados de investigaciones que adelante la Fiscalía. “No descansaremos hasta encontrar a los responsables de estos hechos que a la vista de todos los venezolanos son aborrecibles”, declaró el también comandante estratégico operacional de la FANB.