Como diría el poeta salvadoreño Roque Dalton: “Cada día los muertos están más indóciles”. Se ha anunciado que en octubre el exdictador Manuel Antonio Noriega deberá ser extraditado a Panamá desde Francia, donde cumple siete años de condena por lavado de dinero, y todo el país se estremece con los llamados de las familias de las víctimas de esta dictadura para que se aplique la justicia contra uno de los gobernantes más criminales y corruptos en la historia política del pequeño país istmeño.
A la cabeza de estas demandas está la familia de Hugo Spadafora Franco, asesinado en 1985 por órdenes directas de Noriega, por esos tiempos gobernante de facto en Panamá. En los últimos años de su corta vida, Spadafora dedicó todas sus fuerzas a denunciar las implicaciones del general Noriega en la corrupción nacional e internacional vinculada a las drogas, el tráfico ilícito de armas y la desaparición de opositores.
Por eso lo secuestraron, le arrancaron la cabeza en vida utilizando un cuchillo de cocina, arrojaron el cuerpo torturado al río La Vaquita, en Costa Rica y conservaron la cabeza como un macabro trofeo: ni siquiera hoy los perpetradores, que andan libres por las calles de Panamá, han dicho qué hicieron con ella.
Considerado por muchos historiadores como el “Che Guevara panameño”, Hugo Spadafora Franco sirvió como médico y guerrillero en Guinea-Bissau, al lado del mítico Amílcar Cabral. Fue viceministro de Salud en el gobierno de Omar Torrijos, combatió al régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua, para lo cual organizó las brigadas “Victoriano Lorenzo” y la “Internacional Bolivariana”, y en 1984, cuando la cúpula sandinista traicionó los ideales originales de la lucha antisomocista pretendiendo instaurar otra dictadura encubierta bajo el manto de “socialismo”, se unió al excomandante sandinista Edén Pastora en la lucha contra el gobierno presidido por Daniel Ortega.
Sombras en el caso
El general Noriega, por sus vínculos con el narcotráfico internacional, específicamente con el Cartel de Medellín, fue apresado durante la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1990 y cumplió 17 años en prisiones estadounidenses hasta que el gobierno francés solicitó su extradición para juzgarlo por lavado de dinero. La extradición a Francia se produjo en abril de 2010 y desde entonces está recluido en la Prison de la Santé, en París. En 2011 deberá ser extraditado a Panamá para terminar de cumplir allí la condena de 20 años que se le impuso por el asesinato de Hugo Spadafora Franco.
Detrás de toda esta trama hay muchas sombras que han empañado la consecuente aplicación de justicia a este criminal, culpable de la muerte de otros muchos panameños y autor intelectual y protagonista de uno de los momentos de mayor corrupción en la historia política de Panamá.
Primero, se sabe que Noriega fue un agente al servicio de la CIA, que financió su ascenso dentro de la escala de poder militar y político y que (como Osama Bin Laden) fue abandonado por la inteligencia estadounidense cuando “su hombre en Panamá” dejó de ser útil.
Segundo, luego de que en toda América Latina cientos de fuentes demostraran la culpabilidad de Noriega en el narcotráfico, los tribunales en Estados Unidos lo absolvieron de ese cargo y se le condenó a 40 años como prisionero de guerra (es decir, con condiciones especiales según la ley internacional), de los que cumplió solamente 17 años.
Tercero, el sistema judicial estadounidense autorizó que se descongelaran 6 millones de dólares de la fortuna de Noriega, para que pudiera sufragar los gastos de la defensa, sin tener en cuenta que era inexplicable que pudiera poseer lícitamente esa cantidad de dinero. Y cuarto, aunque en Panamá se había condenado a Noriega por varias causas criminales, de corrupción y abuso de poder, Estados Unidos no aceptó extraditar al exdictador a Panamá, como corresponde según leyes internacionales y, en cambio, lo envió a Francia, retardando la aplicación de las condenas dictadas por la justicia panameña.
Por si no bastara con la sospecha de que fuerzas oscuras intentan proteger a este criminal que no ha manifestado ni el más mínimo arrepentimiento por sus crímenes, recientemente el presidente panameño Ricardo Martinelli dijo que la condena a Noriega deberá “humanizarse” en consideración a su avanzada edad y, según información que poseen algunas familias de víctimas de la dictadura, el exgeneral estará como en un hotel cinco estrellas, pues incluso se le está construyendo una celda especial con un espacio para juegos con sus nietos.
Se habla, también, de que aplicando el artículo 107 del Código Penal panameño puede otorgársele prisión domiciliaria a los prisioneros que sobrepasen los 70 años, lo cual no es aplicable a Noriega porque la ley también establece que eso no podrá ocurrir cuando se trate de delitos contra la humanidad o de desaparición forzada de personas, cargos de los que se acusa al viejo exdictador de 77 años.
Y hay que añadir que esta triste historia comienza en 1993, cuando se condenó a Noriega en ausencia, en un juicio que, como dice Alexandro Tirelli, abogado de la familia Spadafora, parece haber sido preparado por pésimos estudiantes de derecho y no por profesionales de las leyes.
Semanas cruciales
Hace 18 años tuvo lugar la primera farsa. El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial condenó a Manuel Antonio Noriega, a Francisco Eliécer González Bonilla (alias Bruce Lee) y a Julio César Miranda Caballero (alias Muñecón), acusados directos en el crimen, a cumplir condenas de 20 años de prisión por el homicidio de Spadafora Franco.
El resto de los implicados, Luis Papo Córdoba, Agustín Olmedo De Gracia, Mario Abel Del Cid Gómez, Adán Pittí Guerra, Eliécer Rivera De Gracia, Demetrio Rodríguez Gutiérrez y Jorge Antonio Villa Morales, fueron declarados inocentes por un jurado de conciencia. Y los dos asesinos confesos: Bruce Lee y Muñecón salieron de la cárcel en el 2010 sin cumplir la totalidad de sus condenas.
Temiendo que existan otras jugadas sucias para librar a Noriega de su castigo, la familia de Hugo Spadafora Franco ha advertido que si el exdictador no es encarcelado, presentarán una demanda contra el Estado panameño, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violación al Código Penal.
Además, gracias a sus raíces italianas, han presentado ante la justicia italiana una solicitud para que se emita la orden de captura y condena de Noriega por tribunales en Italia. El Ministerio de Justicia y la Procuraduría de Italia han aceptado el expediente y deberán pronunciarse en los próximos días, para lo cual tienen que analizar el procedimiento judicial de 1993 contra Noriega por el asesinato de Hugo Spadafora Franco.
Una vez entregado a las autoridades panameñas, debido al tratado de no extradición de sus ciudadanos, Noriega no podrá ser enviado a otro país, por lo cual es importante que Italia se pronuncie antes de su extradición desde Francia a Panamá. “Estamos ante unas semanas cruciales”, dijo Carmenza Spadafora. “No importa en qué país se haga, pero queremos que se haga justicia”.
* Escritora y periodista