Los opositores silenciados en Venezuela

El asesinato de Luis Manuel Díaz, un candidato de oposición, durante un acto de campaña, despierta grandes interrogantes.

Daniel Salgar Antolínez
27 de noviembre de 2015 - 05:43 a. m.

El asesinato de Luis Manuel Díaz, secretario general del partido opositor Acción Democrática en el estado de Guárico (Venezuela), despierta muchas dudas sobre el proceso electoral venezolano y los derechos de la oposición en la recta final hacia las decisivas elecciones parlamentarias que se celebrarán el 6 de diciembre. Díaz recibió varios disparos durante un acto de campaña en la ciudad de Altagracia de Orituco, en el que también estaba Lilian Tintori, la esposa del opositor político detenido Leopoldo López.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), plataforma que logró agrupar más de una veintena de partidos de oposición de cara a las elecciones, se pronunció mediante un comunicado: “Desde el Comando Venezuela Unida queremos destacar que el Estado venezolano es responsable, por acción y omisión, de cualquier acto de violencia en Venezuela. La prédica violenta desde los más altos niveles del Estado es responsable de la siembra de odio”. La MUD también instó a la OEA, la ONU, la Unión Europea y hasta el Vaticano a exigirles al gobierno nacional venezolano y al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que rechacen públicamente el uso de la violencia como arma política.

El presidente, Nicolás Maduro, dijo que las investigaciones se iniciaron y que el ministro del Interior “ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajuste de cuenta entre bandas rivales” como causa del asesinato de Díaz.

Pero la muerte de Díaz no es un caso aislado. Este año electoral se han registrado de manera reiterada acosos y hostigamientos contra la oposición y el ejercicio de sus derechos políticos. Empezando por la sentencia contra Leopoldo López, el dirigente del partido Voluntad Popular. Después de ese juicio, el fiscal acusador viajó a Estados Unidos para revelar que todo el proceso había sido un montaje orquestado desde el Ejecutivo para reprimir al opositor político. La confirmación de esta versión sería suficiente para plantear grandes interrogantes sobre la democracia venezolana. Tintori, la esposa de López, denunció ayer que hay un plan para asesinarla e instó al presidente a llamar a sus simpatizantes a “mantenerse en paz”.

El segundo al mando de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, ha dicho a este diario que él fue destituido de su candidatura, con “una decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral (CNE)”. Vecchio señaló que hay otros diez líderes políticos opositores a los que se les ha prohibido la participación en este proceso electoral y 200 casos documentados de amenazas contra miembros de su partido. Otros dirigentes de Voluntad Popular que han sido detenidos son Daniel Ceballos, Rosmit Mantilla y Alexánder Tirado. A esta lista habría que sumar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, cuyas audiencias preliminares han sido diferidas ocho veces.

Vecchio, así como otros dirigentes opositores, ha denunciado que el estado de excepción decretado por Maduro el 21 de agosto en la frontera colombo-venezolana es una medida que busca favorecer al Gobierno en las elecciones, porque “ha permitido militarizar ciertas zonas y no permitirles a nuestros candidatos hacer campañas de manera libre, porque hay restricción a derechos políticos, a manifestaciones, a asambleas”.

Henry Ramos Allup, secretario general nacional de Acción Democrática, aseguró a través de Twitter que en los últimos cinco días han tenido lugar siete atentados contra candidatos y actos de oposición. También aseguró que los disparos por los que murió Díaz fueron hechos desde un vehículo “por bandas armadas” que, afirmó, forman parte del PSUV, aunque hasta ahora no hay información concluyente de las autoridades al respecto.

El domingo pasado, el candidato opositor Miguel Pizarro denunció que encapuchados vestidos con una indumentaria alusiva al chavismo dispararon al aire con armas largas para impedir el paso de una caravana opositora que hacía campaña electoral en un sector popular de Caracas. Asimismo, el excandidato presidencial y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, denunció hace dos semanas un ataque en su contra en la localidad de Yare, presuntamente dirigido por el alcalde de esa localidad, el chavista Saúl Yánez.

Además del asesinato, los acosos y los hostigamientos, existen reiteradas denuncias sobre la limitación a la observación internacional para las elecciones. A pesar de que ya hay una misión de observación de Unasur en el país, las preocupaciones por las irregularidades en el proceso electoral y la necesidad de tener una mayor y mejor observación en los comicios del 6 de diciembre han llegado hasta el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en una carta escrita en septiembre, en respuesta a críticas hechas por el excanciller venezolano, Elías Jaua, le recordó la necesidad de que la OEA haga dicha observación para “brindar más seguridades a los sectores de todo el país”: “Está muy bien que el Gobierno y el partido de gobierno confíen en el sistema electoral venezolano, pero la oposición también está pidiendo una garantía más para el día de la elección y es nuestra participación”.

Almagro también se pronunció sobre la muerte de Díaz, y dijo que esta´constituye “una herida de muerte a la democracia”. A lo que Maduro respondió: “no se cumplen 12 horas del avance de la investigación y ya sale la basura de Luis Almagro a declarar contra Venezuela, contra el pueblo y contra la revolución bolivariana”.

Por Daniel Salgar Antolínez

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