Los riesgos que corren los refugiados en Venezuela

No era el mejor día para navegar por la represa de Boconoito, en el estado de Barinas, Venezuela. Los vientos estaban fuertes y las olas podían voltear la canoa en la que se desplazaba lentamente Rigoberto López*. Además, como es tiempo de sequía, el nivel del agua ha bajado y han salido a la luz una infinidad de troncos que complican el trayecto: son los árboles de los bosques que hace más de 40 años fueron inundados y hoy siguen en pie. Este colombiano debe serpentear por la represa laberíntica durante aproximadamente una hora cada vez que entra o sale de su casa.

 

Rigoberto y su familia fueron desplazados por la violencia paramilitar en el municipio de Filo Gringo, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Una de sus hijas, Yolanda, recuerda que antes de ser desplazada, la familia tuvo que pasar algunas noches aislada en el monte, porque en su casa no podían dormir tranquilos. Su actual esposo, Héctor, vivía en el municipio cercano de El Tarra, a donde un día llegaron los paramilitares, repartieron machetes y obligaron a una parte de la población, incluido él, a trabajar con cultivos ilícitos. “Venían varilla en mano y el que no obedecía se ganaba su varazo”.

 

En 2001, Rigoberto decidió cruzar la frontera con su familia y buscar la tranquilidad en Venezuela. En los años siguientes, sus cuatro hijas también se han ido para allá, algunas con sus esposos e hijos. Rigoberto ya tiene nietos venezolanos y diez personas habitan en esa pequeña casa escondida al otro lado de la represa. La familia encontró la tranquilidad que buscaba, pero solo parcialmente. En los últimos meses, mientras se incrementa la deportación de colombianos que se encuentran en situación irregular en ese país, también los que están certificados como refugiados o son solicitantes de refugio han estado en riesgo de deportación.

 

Valentina es la hija menor de Rigoberto. No es su hija biológica, pero fue adoptada después de que los paramilitares desaparecieran a su padre. En julio del año pasado, Valentina, a sus 15 años, fue detenida en una alcabala (un puesto de control de las autoridades venezolanas en las carreteras) y deportada hacia Colombia. Para entonces estaba en trámite la expedición del documento provisional que la certifica como solicitante de refugio. Los guardias interpretaron que era una inmigrante irregular y la mandaron para la frontera en compañía de un primo mayor de edad. Al primo, que tenía cédula venezolana, se la quitaron con la condición de que fuera a dejar a la joven en el lado colombiano y volviera por su documento de identidad.

 

Valentina entró a Norte de Santander y firmó un acta según la cual no podía volver a entrar a territorio venezolano durante cierto tiempo. Pero no tenía a dónde ir, así que pasó unas horas y dio media vuelta para regresar al país vecino. “¿A dónde más iba a ir, si toda su familia está aquí? Además ella es desplazada, es un riesgo volver a Colombia”, dice su madre, Yadira, quien no pudo dormir tranquila mientras estuvo separada de su hija.

 

Para regresar a su casa desde la frontera, Valentina tenía que pasar aproximadamente 14 alcabalas (unas fijas, otras móviles) que hay en la carretera desde el estado fronterizo de Táchira hasta Barinas. Un riesgo que corría, entre muchos otros, por tratarse de una menor de edad no acompañada, era ser deportada por segunda vez. Para evitarlo, Valentina hizo lo que han hecho muchos connacionales que por una u otra razón no pueden o no quieren regresar a Colombia: pagó a los guardias en cada puesto de control para que la dejaran pasar de vuelta hasta su casa. Soborno, una posibilidad que se presenta en las alcabalas, sobre todo con la fuerza que ha adquirido el peso colombiano respecto del bolívar venezolano. “En vez de preocuparse por si uno es ‘bachaquero’ (contrabandista) y está ilegal en el país, lo que los guardias suelen buscar en los colombianos es el peso. Las detenciones y las redadas de deportación son también un negocio ilegal. Muchos colombianos ya sabemos que tenemos que llevar billetes y entregarlos en cada bajada, para que nos dejen tranquilos”, decía una solicitante de refugio que ha sido detenida más de una vez en las alcabalas.

 

 Así que Valentina cruzó de vuelta la frontera, pasó nerviosa las alcabalas, cruzó la represa y volvió a casa después de unas semanas. Desde entonces, aunque ya tiene su documento provisional, lo piensa dos veces antes de salir y encontrar un control de las autoridades. Lo mismo para otros integrantes de su familia, que a pesar de contar con el documento provisional de solicitantes de refugio, casi todos han sido retenidos temporalmente y en algunos casos encerrados, con sus hijos menores, junto a delincuentes. “Mientras estamos aquí en la casa, todo está tranquilo, estamos mil veces mejor que en Colombia y agradecidos con quienes nos han impulsado en la búsqueda del refugio. El problema es salir y arriesgarse a que a uno lo agarren en una alcabala”, dice Héctor.

 

Aun con los documentos provisionales de refugio, muchos tienen miedo de pasar por las alcabalas. No sólo los colombianos de la familia López, sino otros en distintos puntos de los estados de Táchira y Barinas. Según los testimonios recogidos, es común que las autoridades desconozcan la validez del documento provisional de los solicitantes de refugio y no lo vean como un documento que les permite a estas personas vivir legalmente y movilizarse libremente en Venezuela.

 

Para evitar el contacto con las autoridades en los puestos de control, algunos solicitantes de refugio prefieren vivir aislados, restringir su movilidad o irse por las trochas, poniendo en riesgo su seguridad. Muchos de los que tienen el documento provisional ni siquiera se atreven a salir de sus casas. Esto revela que hay un desconocimiento por parte de las autoridades de seguridad sobre el proceso de refugio, así como de los documentos válidos en el proceso de quienes están tramitando protección internacional, lo cual los hace vulnerables a la deportación y a otros riesgos, incluidos abusos o maltratos por parte de las autoridades. Por esta razón es fundamental que los estados receptores de población desplazada o refugiada respeten el principio de no devolución de personas que buscan protección internacional. La devolución o expulsión del país de acogida de un solicitante o refugiado pone en peligro su vida, seguridad o integridad física y podría entenderse como un segundo desplazamiento forzado.

 

Al Centro de Migraciones de Cúcuta han llegado este año por lo menos cuatro deportados que son refugiados o solicitantes de refugio en Venezuela. El total de colombianos solicitantes de asilo en el país vecino es de 909, según Acnur.

 

 El riesgo de deportación de solicitantes de refugio es real. Por eso, la mayor parte del tiempo los López permanecen en casa. Allá tienen gallos, gallinas, pescado, algunas vacas, procuran ser autosuficientes aunque a veces tienen que salir de su aislamiento para ir a comprar algunos productos.

 

Otros desplazados por la violencia en Colombia han optado por refugiarse en zonas urbanas en el país vecino. Por ejemplo, el barrio Juan Pablo II, localizado en la periferia de Barinas, alberga a varios connacionales colombianos.

 

Allá, en el patio de una vivienda, un grupo de colombianos refugiados y solicitantes de refugio hablan de su situación en Venezuela. En teoría, con el documento provisional que los certifica como solicitantes de refugio, los colombianos deberían tener un acceso garantizado a la compra de alimentos y a los servicios básicos de educación y salud. Pero en la práctica no siempre es así, especialmente en cuanto a la compra de alimentos o medicinas de primera necesidad.

 

En las redes de Mercado subvencionado por el Estado venezolano, a estos colombianos casi no les venden, sobre todo desde cuando se implementaron los programas estatales de captación de huellas (registro biométrico) para identificar a los compradores. Así tengan el documento provisional de solicitantes, no cumplen con los requisitos actuales del gobierno venezolano, que debería incluir en el programa de venta a quienes solicitan protección internacional en el país. Sin embargo, no es sólo un problema de venta de productos, sino que está sumado a los tratos discriminatorios por parte de encargados de atender estos establecimientos y de la misma población local.

 

“A uno por ser colombiano lo sacan de la cola, le dicen que ese documento no sirve para comprar. Las otras personas comienzan a gritar ‘colombiano, delincuente, bachaquero’. A uno le da vergüenza. Toca salir y comprar revendido en las bodegas, al precio que le pongan, que puede ser tres, cuatro y cinco veces más que el original”, dice una colombiana solicitante de refugio. Testimonios como el de ella se repiten en todo el área fronteriza y también por parte de colombianos que son deportados desde la capital. 

Lo que la evidencia muestra es que si bien el incremento en las deportaciones afecta a los colombianos irregulares en Venezuela, lo que es acorde a las normas migratorias, también afecta en menor medida a las personas que han huido desde Colombia como consecuencia del conflicto armado en búsqueda de protección internacional, en cuyo caso la deportación o expulsión es irregular.

 

* Los nombres de las personas han sido cambiados por razones de seguridad.