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El motín en la cárcel venezolana de Uribana (estado de Lara), que según cifras oficiales dejó 61 muertos y decenas de heridos, es el más reciente —y el más violento— de una serie de episodios que se han registrado desde 2011 en las cárceles del país. Según organizaciones de derechos humanos, cada día muere por lo menos un recluso en las prisiones venezolanas. En 2011, cerca de 51 prisioneros murieron en cinco reyertas, mientras que en 2012 la cifra se elevó a 80. Enero de 2013 comenzó con 61 víctimas.
La situación hizo sonar las alarmas. El presidente encargado del partido Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, denunció que desde que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, asumió esa cartera, se han producido “700 muertes en las cárceles venezolanas”.
Sin embargo, el vicepresidente Nicolás Maduro salió en defensa de Varela y aseguró que ella tiene el respaldo del Gobierno: “Está haciendo un esfuerzo tremendo, le damos todo nuestro respaldo y nuestra compañía para que continúe con su labor”, dijo.
Maduro informó que le ha pedido a la Asamblea Nacional que acelere las investigaciones sobre lo que ocurrió en Uribana, al tiempo que indicó que la Fiscalía ya se encuentra realizando las averiguaciones sobre el caso. “Más temprano que tarde las cárceles deben estar bajo la rectoría de las autoridades que tienen que ser pulcras, transparentes y apegadas a la ley”, aseguró, y agregó que la violencia en su país es consecuencia de “los antivalores del capitalismo que reproducen los medios de comunicación”.
Pero para la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, “lo que ocurrió refleja un alarmante patrón de violencia en las cárceles venezolanas”, según señaló en rueda de prensa su portavoz, Rupert Colville.
“Es consecuencia —añadió— de que en las prisiones venezolanas haya una alarmante falta de servicios, que los reclusos estén hacinados y que muchos de ellos estén encerrados de forma preventiva en espera de juicio durante mucho tiempo”. Por ello, la alta comisionada considera que las autoridades venezolanas “son responsables de lo ocurrido, porque son ellas las que deben cuidar del bienestar de los reos”.
Pillay pidió una pronta investigación, para que se pueda identificar a los culpables.