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Para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el problema está clarísimo: “Las provocaciones desde Guyana forman parte de un plan que cuenta con el apoyo decidido, el financiamiento, de transnacionales petroleras, de la Exxon Mobil”. Así lo dijo durante su intervención en la Asamblea Nacional, en la cual también anunció la rectificación del decreto que delimitaba unas zonas de seguridad en aguas disputadas con Colombia.
Maduro emitió un decreto el pasado 26 de mayo estableciendo de forma unilateral que todas las aguas del Atlántico frente a la costa del Esequibo eran venezolanas. Ese mismo mes el gigante petrolero estadounidense Exxon Mobil había confirmado el hallazgo en esa zona de una “significativa” reserva de petróleo. Antes de emitir el decreto, Venezuela había escrito en dos ocasiones a la filial local de la petrolera Exxon Mobil pidiéndole que se abstuviera de explorar los recursos petroleros en el área.
Desde entonces la controversia limítrofe se agudizó. Desde Guyana advertían sobre las intenciones expansionistas de Caracas, que siempre apuntó el dedo acusador hacia Exxon Mobil. Venezuela reclama que se detenga la exploración hasta que se resuelva el conflicto, pero Guyana trata de recabar apoyos internacionales que detengan las pretensiones territoriales del país vecino. La controversia limítrofe abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone unas tres cuartas partes del territorio de Guyana.
Enemistad antigua
El conflicto entre el gobierno de Venezuela y el gigante petrolero estadounidense Exxon Mobil comenzó en el año 2000, cuando el entonces presidente, Hugo Chávez, ordenó la expropiación de algunas de sus instalaciones en territorio venezolano. La petrolera emprendió a finales de 2007 una serie de acciones legales contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa), luego de que ese mismo año el Gobierno nacionalizara activos de la compañía en la faja oriental del Orinoco.
Exxon Mobil llevó el caso a tribunales de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos para tratar de obtener una indemnización por sus activos y demandar a Venezuela por los aumentos de regalías (impuesto de extracción) y otros tributos que el Gobierno comenzó a aplicar en 2004. Sin embargo, en 2008 un tribunal de Londres desestimó la solicitud de congelación de bienes por US$12.000 millones de Pdvsa.
El conflicto fue llevado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un ente adscrito al Banco Mundial que en 2011 dijo que Pdvsa debía compensar a Exxon por los activos que le fueron nacionalizados en 2007. Venezuela denunció el tratado del Ciadi el 26 de enero de 2012 y se desvinculó definitivamente del convenio seis meses después. Pero el año pasado la Ciadi ordenó a Venezuela compensar con US$1.600 millones a Exxon Mobil por la expropiación de sus instalaciones en 2000, la expropiación de sus inversiones en el proyecto Cerro Negro y las restricciones a la producción y exportación impuestas en 2006 y 2007.
Hoy Exxon Mobil vuelve a estar en la mira del gobierno venezolano como artífice de un “complot para afectar la paz”. A pocos meses de las elecciones legislativas, Maduro les pidió a los venezolanos “apoyo, pues la paz de Venezuela está en juego”.