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Pocas son las personas que saben por quién van a votar este domingo. Muchos esperamos que, al estar frente a la boleta electoral, por un acto divino sepamos diferenciar al mejor candidato o “al menos peor”, como decimos popularmente. Hay incluso algunas personas que ni siquiera van a tener la oportunidad de tomar esa decisión. El crimen organizado y los movimientos sociales en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán amenazan con impedir que las elecciones se realicen con normalidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE), la autoridad encargada de organizar elecciones, afirma que sólo 30 casillas en todo el país corren el riesgo de no poderse instalar. Sin embargo, el miedo a que sean más es latente. Estas son las primeras elecciones que el flamante INE, el organismo electoral reinventado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, organiza en el país. No se trata de una elección presidencial, ni mucho menos la culminación de una agotadora campaña, como seguramente serán las de 2018. En las elecciones intermedias, como las conocemos, se renovará la Cámara de Diputados, así como algunos gobernadores y presidentes municipales.
Sin embargo, esta elección intermedia se ha visto plagada como casi ninguna otra de incertidumbre y violencia. Por una parte, tanto los candidatos como las propuestas se han quedado cortos para la crisis que enfrenta el país. Entre los personajes que se encuentran en las boletas están el futbolista Cuauhtémoc Blanco, el payaso Lagrimita y la actriz Carmen Salinas.
Pero más que una mala propuesta o un mal aspirante, la muerte de al menos dos candidatos ha marcado el proceso electoral. El 1º de mayo fue asesinado el candidato a presidente municipal en Chilapa, en el estado de Guerrero. A principios de la semana fue asesinado también el candidato a diputado federal del Valle de Chalco, en el estado de México. Ambos provenientes de estados con altos índices de criminalidad y violencia.
Lo anterior ha generado una dinámica a la que los políticos no están acostumbrados. De acuerdo con un militante del PRD, que prefirió no dar su nombre, el proceso electoral ha distado mucho de los anteriores. La fuerte vigilancia de la que son sujetos los candidatos ha causado que no se pueda realizar una campaña cercana a los votantes. En el caso del estado de Guerrero, los eventos sólo han tenido lugar en la ciudad de Acapulco. La campaña por tierra ha sido casi nula y los colaboradores de los candidatos han sufrido intimidaciones por parte del crimen organizado. Una precandidata a presidenta municipal del mismo partido fue asesinada, un candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador fue encañonado por un grupo de personas armadas y la camioneta del candidato del PAN recibió impactos de bala. Por tanto, las campañas se han hecho de manera atípica, impidiendo a los candidatos recorrer el estado y promover el voto. Igualmente se pidió el apoyo a la Policía Federal para resguardar a los candidatos, quedando restringidas las interacciones entre ellos y los ciudadanos.
Además de la ya conocida amenaza del crimen organizado, las elecciones también se han visto amenazadas por un nuevo actor: los movimientos sociales. Consecuencia del estallido social por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la Reforma Educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la agrupación de maestros con más influencia en el país después del Sindicato Nacional, ha puesto entre sus agendas locales impedir las elecciones en algunas entidades del país.
Tal ha llegado a ser su poder que en Oaxaca elementos que resguardaban material electoral fueron expulsados por miembros de la CNTE. El hecho fue calificado por el expresidente Felipe Calderón de una humillación. Igualmente Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, calificó a la CNTE como una amenaza al proceso electoral mayor que el propio crimen organizado. Igualmente, se ha dicho que el Cisen, el organismo encargado de la seguridad nacional, ha emitido alertas sobre presuntos grupos anarquistas que buscarían boicotear la elección.
El crimen organizado y los movimientos sociales alientan otro factor que podría manchar el proceso: el abstencionismo. Durante las campañas y a pocos días de la elección parte del debate se ha centrado en el voto nulo. Durante las elecciones intermedias es normal que el número de personas que votan sea considerablemente menor que en las presidenciales. Sin embargo, varios colectivos se han pronunciado a favor de anular el voto o simplemente no votar. En estos días tanto columnistas como líderes de opinión y activistas han discutido las implicaciones de una elección con muy baja concurrencia.
Sin embargo, los partidos políticos grandes se verán probablemente beneficiados por esta situación. La falta de actos de campaña debido a la inseguridad, así como el abstencionismo, darán la victoria a los mismos tres de siempre (PRI, PAN y PRD) por el voto duro, es decir, por aquellas personas que siempre votan por el mismo partido. Los candidatos independientes recién admitidos por la ley y los dos nuevos partidos políticos no alcanzarán más que una milésima tajada del pastel electoral.
Como consecuencia de una elección hecha entre la rabia y el abstencionismo, la ya frágil democracia mexicana se verá una vez más en aprietos. Los resultados serán en su mayoría benéficos para el PRI, que ya se encuentra en el poder, y, en caso de confirmarse su mayoría en el Congreso, dejará al presidente sin contrapesos legislativos para el resto de su sexenio. Si bien el panorama de este domingo no es alentador, al menos los resultados servirán como confirmación de que para las elecciones de 2018 se tendrán que hacer importantes cambios o se corre el riesgo de que sea el crimen organizado y no el Gobierno quien elija al próximo presidente.
Una campaña marcada por la violencia
La campaña hacia las elecciones que se celebran hoy en México estuvo marcada por ataques, disturbios, torturas y asesinatos de políticos. La carrera electoral terminó por evidenciar el control que ejercen los carteles en muchas zonas del país, donde los candidatos no pudieron ingresar a promocionar su candidatura. Según el diario mexicano Excelsior, el proceso electoral dejó 21 políticos asesinados en diferentes estados del país. Pero no sólo el conflicto entre los carteles y las autoridades ha sido un obstáculo. En la recta final hacia la jornada electoral, se presentaron ataques a edificios electorales y sedes de partidos, así como bloqueos a instalaciones petroleras, protagonizados en su mayoría por maestros. Una de las jornadas más violentas se vivió en la ciudad de Oaxaca, donde un grupo de maestros encapuchados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quemaron papelería, documentación y mobiliario.