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México vive un final de campaña convulso. La ola de protestas que sacude los estados del suroeste, en especial Oaxaca, Michoacán y Guerrero, se ha recrudecido y desembocó en fuertes choques con las fuerzas de seguridad. La Embajada de Estados Unidos, ante el deterioro de la seguridad, emitió un mensaje de urgencia para que no viajen a Oaxaca, epicentro de las protestas. “Incluso las manifestaciones pacíficas pueden volverse violentas ahí”, indica la nota diplomática.
En la vanguardia de la movilización figura la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sindicato rebelde que desde hace meses sostiene un enconado pulso con el Gobierno. Su intención declarada es boicotear las elecciones del próximo domingo si el Ejecutivo no retira por completo la reforma educativa. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa también anunciaron su intención de impedir los comicios mientras no se aclare el paradero de sus hijos y se aparte a los candidatos que, a su juicio, están vinculados al narcotráfico.
Uno de los puntos de más tensión se ha situado esta semana en Tixla, un municipio muy cercano a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecían los estudiantes desaparecidos y asesinados el pasado 26 de septiembre. Allí, la policía estatal se enfrentó durante más de una hora a un grupo de padres de normalistas y de alumnos del centro. El encontronazo se dio cuando el convoy de autobuses en los que viajaban los familiares de los estudiantes con destino a Chilpancingo, la capital de Guerrero, fue detenido por los agentes.
El incidente, siempre según las primeras versiones, se agigantó a los pocos minutos. Mientras los padres lanzaban piedras, los agentes disparaban gases lacrimógenos. La llegada de 200 policías federales obligó a los normalistas a retirarse. El portavoz de los familiares culpó a las fuerzas de seguridad del ataque y anunció que el colectivo se mantiene firme en su intención de boicotear las elecciones.
Al mismo tiempo, en Oaxaca, los maestros bloquearon el acceso al aeropuerto internacional e hicieron pública su intención de tomar el de Ciudad de México el próximo domingo si no se cumplen sus peticiones. En días pasados, en una escalada bien calculada, la coordinadora de profesores atacó oficinas electorales en cinco estados y quemó papeletas en la calle como demostración de fuerza. El propio ejército, encargado de la custodia del material electoral, ha retrocedido para evitar un baño de sangre. En esta línea, el temor a que este domingo los altercados impidieran los comicios en estados como Oaxaca, epicentro de la protesta, llevó al gobierno a ceder ante el sindicato y otorgarle una de sus más preciadas reivindicaciones: suspender la evaluación de los maestros.
Este punto, el más simbólico de la reforma educativa, busca mejorar la calidad docente y acabar con el clientelismo y la compraventa de puestos educativos. Pero su retirada, considerada una renuncia en toda regla por amplios sectores de la educación, no bastó a la CNTE. En una vuelta de tuerca, arreciaron sus protestas y, al grito de “si no hay soluciones, no hay elecciones”, lograron abrir un diálogo con la Secretaría de Gobernación en la capital. Anoche se desconocía el resultado de las conversaciones.