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En Perú resulta más rentable la minería ilegal que el narcotráfico. En solo un año, esta actividad movió más de 2.900 millones de dólares. Según el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, la práctica ilegal está presente en 21 de los 25 departamentos del país.
Según la agencia estatal recaudadora de impuestos, en Perú se producen 160 y 170 toneladas de oro al año, pero 20%, alrededor de 40 toneladas, no tienen un origen conocido, no pagan impuestos y destruyen la Amazonía.
Perú es uno de los primeros cinco productores mundiales de oro en el mundo. Por eso el tema de la minería es un tema frecuente de debate en la nación andina. De hecho, en 2012 la consolidación de proyectos mineros generó una crisis política que terminó con el cambio de dos gabinetes de ministros. Eso, sin contar las protestas civiles que provocaron la muerte de cerca de ocho personas.
Este año, las protestas mineras han sido uno de los grandes problemas del gobierno de Ollanta Humala. El pasado miércoles el gobierno firmó un acuerdo con mineros ilegales con el compromiso de avanzar hacia la legalidad. Sin embargo, el convenio –que en principio se pensó sería histórico– resultó provocando masivas protestas de mineros ilegales que el pacto que firmaron sus representantes.
Los intentos de formalización de la minería en Perú iniciaron en 2012, cuando cerca de 70 mil mineros –entre 100 mil que son el objetivo del gobierno– mostraron su voluntad de entrar en la legalidad, sin embargo, según cifras oficiales hoy solo 31.000 de ellos han gestionado la documentación respectiva.
* Las dos caras
Al igual que ha ocurrido en Colombia, en Perú la locomotora minera se puso en marcha, un desarrollo que trajo consigo inconformidades, desigualdad y hasta la evidencia de que grupos ilegales se nutrían de los recursos naturales. Hay un sector que afirma realizar esta práctica heredada por sus padres y abuelos, que se sienten olvidados por el Estado y que se niegan a la formalización porque, señalan, solo busca sirve para robustecer a las multinacionales.
"En el fondo lo que busca el gobierno es liquidar la minería artesanal para favorecer a la gran minería y a las transnacionales mineras extranjeras", denunció a AFP Celso Cajachagua, secretario general de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú.
Uno de los principales argumentos del Gobierno peruano ha sido la devastación que causa la actividad. El área de bosques de la Amazonía afectada por la minería ilegal se ha duplicado en los últimos dos años. Estudios han señalado también los graves daños a la salud que ha provocado el mercurio —usado para extraer el oro del material rocoso— en los indígenas ubicados en la frontera con Brasil y Bolivia.
Un estudio, patrocinado por la Universidad de Stanford de California, revelado en 2013, evidencia que los indígenas de la zona denominada Madre de Dios tienen altos niveles de mercurio en su organismo, que incluso llegan a superar más de cinco veces a los permitidos. Entre los afectados la gran mayoría son niños quienes según la OMS son los más vulnerables. Según este organismo, “el mercurio es uno de los diez productos que plantean especiales problemas de salud pública” y puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos.
Eleodoro Mayorga, ministro de minas y energía del Perú, ha indicado que el gobierno seguirá luchando contra la minería ilegal y resaltó que los mineros tendrán 22 días para manifestar su voluntad de legalizarse y que el gobierno no cederá ante las protestas.
Mientras tanto, el centro de Lima sique siendo centro de manifestaciones de inconformidad de mineros artesanales como Doña Felicitas, quien acampa desde hace dos días y rechaza los señalamientos de que este sea un oficio con el que se está enriqueciendo. “Si recibiéramos dinero, no estaríamos aquí durmiendo en la calle. Tenemos que hacer una 'chanchita' (colecta) entre todos los compañeros para comprar lo necesario para una sopa", concluye.
Las protestas que surgieron tras la firma del acuerdo, ha provocado que miles de mineros bloqueen vías claves. Los mineros intentan que el gobierno derogue un paquete de leyes que permite la destrucción de maquinaria o herramienta para el trabajo informal, así como que se reanude la venta del oro y se amplíe el plazo de formalización que finaliza el 19 de abril.
Ese día, cerca de 70 mil mineros serán declarados ilegales y podrían ir a la cárcel.