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En medio de la controversia interna desatada por las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe sobre una posible voluntad secesionista de San Andrés, Nicaragua ha hecho pública una propuesta para hallar la salida a la crisis provocada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de noviembre pasado. Aunque Daniel Ortega sea una figura detestada en Colombia, llegó la hora de negociar directamente como se había pedido desde diversos sectores.
“Proponemos al presidente Juan Manuel Santos que trabajemos en una comisión colombo-nicaragüense, para que de ahí salga un tratado que nos permita respetar y poner en práctica el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre este tema”, dijo Ortega, en su discurso de conmemoración del aniversario número 34 del Ejército de Nicaragua.
El mandatario hizo la propuesta tras recordar que Colombia todavía no reconoce el fallo de la CIJ, aunque aseguró que en la práctica sí lo hace. En un tono conciliador, algo no muy habitual en el mandatario centroamericano, Ortega dijo estar esperanzado con la firma de un tratado bilateral: “Esperamos que logremos llegar a una negociación para que nos pongamos de acuerdo sobre cómo se aplica el fallo de manera plena”.
Este anuncio implica una salida digna para el gobierno colombiano. Sin embargo, se debe recordar que Managua no cederá en cuanto a los límites impuestos por la Corte, ya que el fallo le concede derechos a los que difícilmente renunciará. No obstante, la creación de una comisión que facilite aspectos de patrullaje, de protección de la reserva Seaflower y algunas cuestiones relativas a la pesca, toca puntos neurálgicos para Colombia. Hasta ahora, el Gobierno había apelado a ellos para alegar la inaplicabilidad de la sentencia. Con la propuesta de Daniel Ortega, a Colombia se le agotan las posibilidades y la necesidad de tomar una decisión es cada vez más urgente.
En su discurso, el mandatario nicaragüense informó que su país ya hizo saber, de manera oficial, que una parte de la reserva de biosfera Seaflower pertenece ahora a Centroamérica por mandato de la CIJ, razón por la cual anunció que solicitará apoyo técnico. “Tenemos que ponernos de acuerdo con los hermanos colombianos y con las Naciones Unidas, para conservar la reserva”, comentó el mandatario.
La propuesta de Nicaragua abre la posibilidad para que el gobierno colombiano encuentre un punto intermedio entre el desacato, inviable legalmente y nocivo políticamente, y la aplicación del fallo, que quiere evitar a toda costa, y de ese modo esquivar la que sería una crisis política sin antecedentes.
Por las descontextualizadas declaraciones del expresidente Uribe, que seguramente tendrán eco, la administración Santos deberá anunciar una decisión que no comprometa sus intereses con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y junio de 2014, respectivamente.
El propio Ortega alentó a Santos a hacer caso omiso de las palabras del exmandatario, a quien le recordó que siendo gobernante se comprometió públicamente a acatar la decisión de la CIJ. “Ahora le resulta cómodo reclamar lo que no hizo como presidente”, aseguró.
Santos ha expresado el deseo de que sus políticas sean reelegidas, y probablemente la decisión respecto del fallo puede favorecer o entorpecer ese anhelo. Pero tratándose de un tema que compromete al Estado y no sólo al Gobierno, las diferentes fuerzas políticas deben recordar que lo que está en juego con Nicaragua rebasa las lógicas electorales.
Con este anuncio Managua confirma una intención que se divide en dos sentidos. De un lado, ratifica que el fallo es inmodificable en cuanto a su contenido, de allí que se refiera a la necesidad de crear una comisión para la aplicación del mismo. Y de otro, el gobierno de Ortega se llena de argumentos para demostrar que ha agotado todas las vías para que Colombia asuma una postura.
Claro está, esta última propuesta, comparada con los anuncios relativos al canal interoceánico o a la intención de explorar en aguas que Colombia entiende que están en disputa, devela una flexibilidad que favorecerá a Nicaragua en caso de que el gobierno de Juan Manual Santos decida desacatar, tal como lo exige injustificadamente el expresidente Uribe.
Finalmente, es evidente que la coyuntura no es favorable para el Gobierno. La paciencia de los colombianos en el tema agrario, en el de la paz y ahora en el del fallo se agota, y por haber dilatado hasta este punto la decisión frente a Nicaragua, el Gobierno se expone una vez más a reaccionar en medio de presiones que afectan la serenidad que debería acompañar al proceso.
* Profesor U. del Rosario.