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Nicaragua quiere reforzar su fuerza naval después del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que dirimió el diferendo limítrofe entre ese país y Colombia. Si bien el gobierno de Bogotá no ha reconocido el fallo que le quitó una superficie marítima de unos 75.000 kilómetros cuadrados, por los lados de Managua ya es momento de comenzar a trabajar en la custodia de estas nuevas aguas, como lo afirmó abiertamente el jefe del ejército de la nación centroamericana, general Julio Avilés.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, había recalcado semanas atrás en la necesidad de fortalecer las maniobras en el Caribe, sin hacer referencia a la sentencia de la CIJ, argumentando que los esfuerzos que demandaba el combate al narcotráfico en esa región, eran perentorios. No es para menos, en especial si se tiene en cuenta que el área de la Mosquitia —que curiosamente perteneció a Colombia décadas atrás— se ha convertido en uno de los más grandes enclaves del Caribe para el tráfico de drogas. En dicha porción de costa, que comparte frontera con Honduras, justo esta semana hubo 17 muertos producto de un enfrentamiento entre grupos traficantes rivales que se disputaban un cargamento de 700 kilos de cocaína.
No obstante, las palabras del general Avilés fueron más específicas al hablar de las nuevas fronteras que su país asegura tener apoyado en el fallo y al hacer referencia a las averiguaciones que su país está realizando con diversas naciones, Rusia incluida, para comprar cuatro embarcaciones destinadas a soportar las labores de defensa. Embarcaciones de unos US$45 millones, a las que se sumaría una inversión en armamento que ascendería la cifra de inversión total a más de US$300 millones.
La reacción de Colombia, a través del Ministerio de Defensa y la Armada Nacional, ha sido de total respeto a las decisiones soberanas de Nicaragua, lo que no ha impedido advertir que será inaceptable cualquier irrespeto a la soberanía colombiana. En cualquier caso, la decisión nicaragüense de reforzarse está en una etapa de averiguación y puede tomarse algún tiempo en llevarse a la realidad. Avilés aclaró, además, que la flota de navíos de su país es la misma con la que cuenta desde el año 2000.
La situación resulta entonces en un buen momento para preguntarse qué capacidad tiene Colombia en el Caribe, no sólo para el combate del narcotráfico sino para hacer respetar su soberanía, como ha asegurado un gobierno que por ahora ha guardado silencio frente al acatamiento del la sentencia de la CIJ.
Del lado colombiano las fuerzas se centran en la base naval que la Armada Nacional tiene en Cartagena. Las cuatro corbetas con las que cuenta (Almirante Padilla, Antioquia, Caldas e Independiente), cada una con una capacidad de entre 100 y 115 hombres, comenzaron a llegar al país desde mediados de los años 80 y entraron a un proceso de modernización paulatino en 2007. Adicionalmente, el país cuenta con otros buques para el patrullaje como el 20 de julio o el Cartagena de Indias (con una capacidad de entre 70 y 80 hombres) y multipropósitos como el buque guarda costas 11 de noviembre (50 a 60 personas).
La retórica un tanto hostil que ha prevalecido entre Managua y Bogotá desde el fallo de la CIJ, del 19 de noviembre anterior, asegura el experto en derecho internacional de nicaragüense, Mauricio Herdocia, ha ocasionado que se generan malos pensamientos frente a lo que cada uno de los países anuncie realizar en el Caribe. De acuerdo con su opinión, es momento de que ambos gobiernos asuman un diálogo directo que evite malos entendidos en el futuro.