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En un esfuerzo por conciliar la protección de la seguridad y los intereses nacionales de Estados Unidos con el derecho a la privacidad de los ciudadanos, Barack Obama anunció una reforma del espionaje norteamericano que incluye la progresiva eliminación del programa de almacenamiento masivo de datos telefónicos y la prohibición de la vigilancia de las comunicaciones de los jefes de Estado y de Gobierno de países amigos y aliados.
Como respuesta al escándalo provocado por las revelaciones de Edward Snowden, Obama ordenó la revisión de los actuales métodos de recolección de información por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), con el fin de garantizar un mayor control judicial y reducir los riesgos de un uso inapropiado de una actividad que debe estar exclusivamente dedicada a la persecución de los enemigos y a la prevención de las amenazas ciertas de un ataque terrorista.
El plan anunciado por el presidente, después de varios meses de revisión y consulta con el Congreso y la comunidad de inteligencia, no representa un cambio radical de las actuales prácticas de espionaje ni añade modificaciones sorprendentes. Pero sí reconoce que esos programas, tal como se ejecutan actualmente, pueden suponer un peligro para las libertades civiles y entrar en contradicción con los derechos constitucionales de los norteamericanos o de los extranjeros que viven en este país.
En referencia particular a la recolección masiva de números y llamadas telefónicas —la más controvertida de las filtraciones de Snowden, lo que se conoce en el seno de la NSA como Sección 215—, Obama admitió, pese a elogiar su eficacia en el pasado, que “este tipo de programa puede ser utilizado para obtener más información sobre nuestras vidas privadas y abre la puerta a otros programas más intrusivos”.
El presidente reconoció también que su propia palabra o las de otros funcionarios públicos de que esos programas no se usan para fines distintos a los confesados no es suficiente para dar garantías a la población. “Dado el poder excepcional del Estado, no es suficiente que sus líderes digan: créanme, no abusamos de los datos que recogemos. Nuestra libertad no puede depender de las buenas intenciones de quienes están en el poder, sino de la ley que restringe ese poder”.
Con ese fin, Obama ordenó “una transición para acabar con el programa Sección 215 tal como hasta ahora existe y establecer un mecanismo que preserve los instrumentos que necesitamos sin necesidad de que el Gobierno retenga toda esa información masiva”. Es decir, se pretende crear un sistema en el que alguien independiente del Gobierno tenga bajo su control lo que se conoce como metadata y que los servicios de inteligencia sólo puedan acceder a ella cuando sean capaces de demostrar que es realmente necesario.
El presidente adelantó que esto no se hará de forma drástica —“no podemos desarmar nuestras agencias de inteligencia”— ni rápida —“este esfuerzo no puede completarse de la noche a la mañana”—. Pero sí confesó que esta reforma es necesaria y consecuente con el hecho de que EE.UU., “la nación que creó internet”, debe estar “al frente en la defensa de la privacidad personal y de la dignidad humana”. “Nadie espera —añadió— que China tenga un debate abierto sobre sus programas de vigilancia o que Rusia tenga en cuenta las preocupaciones por la privacidad de sus ciudadanos”.
Los cambios anunciados por el presidente tienen ahora un difícil camino por delante para convertirse en realidad. En este período de transición, mientras el Gobierno conserva el almacenamiento de metadata, las agencias de espionaje sólo podrán acceder al contenido de las llamadas registradas con una autorización judicial o en caso de extrema urgencia. Antes del 28 de marzo, cuando el presidente tiene que firmar la reautorización de la Sección 215, deberá tener sobre su despacho alternativas a ese programa.