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La propuesta que hizo el grupo de abogados que contrató el gobierno colombiano para analizar las salidas al fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia en el diferendo limítrofe con Nicaragua y que plantea determinar por decreto la jurisdicción de todos los territorios insulares, incluidos los del archipiélago de San Andrés y Providencia despertó una avalancha de críticas entre expertos internacionalistas, que advierten que si el presidente Juan Manuel Santos emite tales decretos, sería un suicidio para el país en términos de política exterior.
“Políticamente Colombia puede desconocer el fallo, pero eso significa un suicido en términos de política exterior. Presupone que las leyes nacionales pueden borrar de tajo compromisos previos contraídos frente al sistema legal internacional”, explicó el profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo. Y agregó: “No le veo futuro a esta propuesta, pues además implicaría una enemistad para siempre con Nicaragua”.
Los miembros del equipo legal asesor del gobierno colombiano son conscientes de este tema, –Juan Daniel Jaramillo, Joaquín Polo, Carlos Gustavo Arrieta, Manuel José Cepeda, Andelfo García y Luis Ricardo Paredes–; ellos basaron su propuesta en dos leyes de 1978 y 1993, que ordenan al Estado determinar la jurisdicción marítima del país. Pero entonces, ¿por qué hacer tal propuesta?
Según el analista Mauricio Jaramillo, con esto Colombia busca emitir un mensaje de fortaleza. “Las autoridades locales de San Andrés habían casi que exigido ignorar el fallo, y con el uribismo detrás del gobierno, Santos decidió ceder y esgrimir el supremo interés nacional o razón de Estado. En resumidas cuentas lo que busca el presidente es fortalecerse internamente porque no hay nada más impopular que acatar”.
El experto insiste en que serían muy delicadas las consecuencias de una acción así. “Llevarían a Colombia al Consejo de Seguridad de ONU y a la CELAC. En el primero, no creo que se puedan emitir sanciones contra el paísCon el tema de Siria, Irán y las dos Coreas poco importa lo que suceda en estas latitudes. Y en cuanto a la región, allí sí las consecuencias serían nefastas. El continente tiene una tradición legalista muy fuerte –eso se vio con el debate sobre la muerte de Raúl Reyes, en donde ningún estado apoyó a Colombia–. Creo que sufriríamos un aislamiento regional, como en los peores momentos del período Uribe pero con un agravante, el desconocimiento del derecho. A ningún latinoamericano le conviene avalar una postura similar”, explica el analista Mauricio Jaramillo.
Desde Nicaragua, el abogado Mauricio Herdocia, diseñador de la estrategia legal que llevó a la Corte Internacional a fallar a favor de ese país, explica que lo único que puede imponerse entre las dos naciones es la cordura y la moderación. “Colombia terminará aceptando una regla básica del derecho internacional: los fallos son inapelables y de obligatorio cumplimiento. Nadie en la comunidad internacional discute este principio y menos lo podría hacer Colombia, que ha dado cátedra sobre esto de manera contundente y categórica”.
Agrega el experto legal que si “Colombia no defendiera este principio y confiara en el derecho internacional no habría ido a la Corte. No se puede alegar una norma interna para justificar el incumplimiento de un fallo internacional, y más en este caso, que fue una sentencia emitida por el más alto tribunal de justicia. Si un Estado puede decir que no reconoce esto, estaríamos hablando del fin del derecho internacional”. Herdocia también explica que “independientemente de que Colombia esté analizando diferentes opciones con sus equipos de abogados, todas estas se tienen que enmarcar dentro del reglamento de la CIJ, ya sea una revisión una interpretación, y ninguna afecta el carácter de cosa juzgada”. Recuerda, además que “jamás ha prosperado un recurso de revisión en este tribunal, pues las condiciones son muy rigurosas”. E insiste: “Dentro de este contexto, cuando la CIJ ha emitido una sentencia categórica y casi que unánime, no hay norma interna que anule, modifique, altere o impida la ejecución del fallo”.
Fabián Mauricio Cárdenas, abogado especialista de la Universidad Nacional de Colombia, coincide con el nicaraguense. Dice que los recursos jurídicos de “revisión” y “aclaración” que plantea la propia corte, no sirven de nada y “ponen la soga al cuello a Colombia”. Según el experto, las alternativas procesales existentes dentro del Estatuto de la CIJ tienen filtros y requisitos muy estrictos que en este momento no funcionan para Colombia. “La aclaración, la otra medida que estaría estudiando el Gobierno, sólo podría ampliar el sentido y alcance del pronunciamiento, no cambiaría el fallo. Y la revisión no ha prosperado en 68 años de historia en la Corte”.
Los expertos coinciden en recomendarle al Gobierno no desgastarse y buscar una negociación bilateral.
Fallo de La Haya sería inaplicable
En lo que serían las conclusiones a las que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos habría llegado tras múltiples consultas con expertos en derecho internacional, anoche el noticiero CM& informó que el Ejecutivo considerará en las próximas horas que el fallo de la Corte de La Haya, que en noviembre pasado le entregó a Nicaragua 75 mil km2 de mar que antes pertenecían a Colombia, “es inaplicable”.
Según ese informativo, para el Gobierno la inaplicabilidad del fallo del tribunal internacional se debe a que el mismo presenta vacíos jurídicos. Sin embargo, fuentes de la Cancillería le manifestaron a este diario que por ahora no habrá un pronunciamiento oficial sobre el tema.