Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está de visita en Cúcuta para verificar la situación de los colombianos deportados y retornados desde Venezuela. La misión la encabezan el relator de Colombia, Jesús Orozco; el relator de Venezuela, Felipe González, a la vez relator para personas migrantes y movilidad humana, y el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, quien habla sobre las preocupaciones del organismo respecto a la crisis en la frontera colombo-venezolana.
¿Cuál es el propósito de la visita?
Es de verificación en el marco de las facultades de monitoreo de la CIDH. El sentido es conocer la crisis que se presenta con los deportados colombianos de la República Bolivariana de Venezuela. Más precisamente, la situación de posibles víctimas de una deportación arbitraria y colectiva. Buscamos una aproximación de primera mano a una situación que hoy se convierte en una de las más críticas en el continente en materia de derechos humanos de personas en situación de movilidad humana.
¿Por qué a la Comisión le preocupan las deportaciones colectivas?
Los procesos de deportación tienen que ser acordes con estándares y normas internacionales. Debe haber procesos individualizados, caso por caso, donde las personas deben tener derecho a conocer cuál es la infracción que pudieron haber cometido. Tiene que haber un debido proceso. Tiene que haber una instancia administrativa que proceda a la revisión y la comunicación de una decisión, y la posibilidad de apelar esa resolución. En este caso, la información que ha recibido la CIDH está referida a procesos sumarísimos, a procesos colectivos donde no hubo manera de que estos criterios se cumplieran.
Además, se agrega un factor de riesgo y es que las deportaciones se hacen por un perfil, por un estereotipo de nacionalidad, por lo cual puede estar generándose una condición de discriminación. La información que tenemos indica que hubo redadas en zonas donde se ubicaba población de origen colombiano y no se les dio oportunidad de demostrar su estancia legal en el país. Hay información de gente que tiene estatus de refugiada, que venía huyendo de la guerra y se le había concedido ese estatus en Venezuela; en ese caso se atenta contra el derecho de no retorno y se aumentan los riesgos.
¿Qué más les preocupa?
Que no se han atendido dos principios fundamentales: el de unidad familiar y el del interés superior del niño. Una de cada cuatro personas que fueron deportadas de manera oficial es menor de edad, incluso niños de brazos. Las redadas y deportaciones colectivas han generado una situación de riesgo en la que una cantidad importante de colombianos establecidos en Venezuela ha decidido moverse por motu proprio ante el riesgo o el miedo de perder sus pertenencias. Hemos sido informados y hemos visto imágenes de personas cargando sus enseres, porque los deportados perdieron todo lo que tenían.
También hemos recibido información sobre una práctica muy peligrosa, que nos recuerda tiempos oscuros de la humanidad, en la que se marca con una D las viviendas. Hay informaciones que pueden ubicarse en un escenario de violaciones graves o de no respeto al derecho internacional. Estas preocupaciones ya las ha manifestado la Comisión, ha pedido a Venezuela que detenga las deportaciones y que se obedezca el debido proceso.
¿Qué explicaciones da Venezuela?
La Comisión solicitó simultáneamente la autorización a Venezuela y a Colombia para visitar la frontera de los dos lados. Sólo hemos recibido la anuencia de Colombia. En caso de que recibamos la de Venezuela, iríamos. Manifestaron que están analizando la solicitud. Luego recibimos solicitud de información para explicar el sentido de la visita, su fundamento y su alcance.
Venezuela se retiró de la Convención Americana de DD.HH., por lo que la Corte Interamericana de DD.HH. (Corte IDH) no puede conocer ni fallar sobre ese país. ¿Qué puede hacer la Comisión?
La ironía es que la Comisión es ahora la última instancia. La única manera en que la Comisión no tuviera mandato en Venezuela es que Venezuela dejara la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por lo que se ve, no lo va a hacer. Todos los instrumentos de la Comisión aplican para Venezuela: monitoreo, defensa, protección. Dentro de los instrumentos de protección están las medidas cautelares, peticiones y casos, informes de fondo, audiencias, solicitudes de información, comunicados. Cuando se presentó la crisis de los niños migrantes viajando solos, la Comisión estuvo en el sur de Texas y ahora prepara un informe temático, aunque tiene particularidades de algo que sucede en un país. En este caso puede suceder algo similar. La Comisión decidirá si lo hace sólo de Colombia o de Venezuela, o de ambos, y en ese caso se enviarían borradores a los estados para que den su opinión.
Ya que habla de ironías, cuando la CIDH emitió medidas cautelares a favor de Gustavo Petro, el procurador dijo que no eran vinculantes. Ahora la Procuraduría pidió cautelares a la Comisión...
Sí que es una ironía. Es muy importante entender que los instrumentos legales no son un menú, que se cumple sólo lo que a uno le gusta o con lo que se identifica. El Estado democrático de derecho es una norma que aplica a todos por igual. Eso es importante cuando hablamos de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Celebro que el procurador solicite cautelares. Eso quiere decir que está generando un reconocimiento de facto de la importancia del instrumento. Colombia es uno de los países que más han evolucionado en el diálogo con el Sistema Interamericano. Se ha incorporado el Sistema de manera que sus propias instancias utilizan la jurisprudencia, como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la propia Procuraduría. Es importante que una instancia como la Procuraduría juegue un papel de sinergia con eso y no de resistencia.
¿Qué le han pedido formalmente a la Comisión?
Tenemos seis solicitudes de medidas cautelares. Unas vienen del defensor del Pueblo, otras del procurador y otras instancias y organizaciones. La Comisión las está valorando en su conjunto y esta visita va a ser clave para eso. Algunas personas han solicitado también el inicio de un caso, y eso es parte del análisis jurídico que está en marcha.
¿Qué prioridad darán a esos casos?
La presencia de una delegación aquí demuestra que es una gran prioridad. La Comisión le da la mayor relevancia a este fenómeno de deportaciones colectivas y posible afectación de derechos de muchas personas.
Una opinión común: si Venezuela de todos modos no acata las decisiones de la CIDH, ¿para qué la Comisión?
Es importante para las víctimas. No es lo mismo que las víctimas tengan una instancia que las atienda a que no la tengan. No es lo mismo que un posible abuso quede en el anonimato a que sea denunciado. El no cumplimiento de una norma no es razón para no exigir su cumplimiento. Si fuera así llegaríamos a la anomia social: si no se cumple la Constitución, ¿para qué la Constitución? Entonces mejor vivamos como en la selva. Esa sería la consecuencia lógica de ese pensamiento.
Si prevalece la ley del más fuerte, la práctica sistemática es el abuso. Instituciones como esta buscan impedir esos abusos y, cuando se presenten, generar condiciones para que no se repitan. Por supuesto, nos gustaría que la respuesta fuera inmediata. Cuando no es el caso, seguimos insistiendo, y por lo menos queda documentado; ese es un paso en atención a las víctimas. Además, ¿quién dice que en otro momento no puedan cambiar las cosas y se cumpla lo que ha dicho la Comisión? Puede pasar que en un momento alguien está en contra de las cautelares y luego pida una.
Con tantas potenciales víctimas, ¿vemos el impacto del retiro de Venezuela de la Convención Americana?
Lo dijo la Comisión en su momento: a quien se afecta es a los venezolanos, que pierden mecanismos de defensa y protección, y también a las personas que están en Venezuela aunque no sean de ese país. Aquí tiene que entenderse que no hay personas ilegales; eso no existe. Hay personas sin documentos, pero ninguna persona es ilegal. Ese es un concepto que tenemos que entender, porque es inadmisible y contra toda lógica de la dignidad humana decirle a una persona que es ilegal. Eso aplica aquí, en Europa y en cualquier parte.
¿La situación que viven los colombianos es comparable a la de Haití?
Podría ser, pero Haití no ha llegado a las dimensiones de esto. Acá es peor porque hay una práctica colectiva y masiva. Hay otras prácticas numéricamente mayores, como las expulsiones que hace EE.UU. de personas sin documentos o las que hace México. Pero esta práctica de redadas colectivas y expulsión en este momento es la peor del continente.