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El uruguayo Edison Lanza es el nuevo relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asumió ayer como sucesor de la colombiana Catalina Botero, quien estuvo seis años en el cargo.
El trabajo de Catalina Botero fue muy intenso. Los mensajes de la Relatoría generaron malestar en algunos países que empezaron a verla como enemiga. ¿Cómo cambiar ese concepto?
La Relatoría siempre ha estado dispuesta a trabajar con los estados. Los estados deberían sacarle más jugo. Muchas veces no hay mala fe en decisiones de los estados que no cumplen o no armonizan con estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas veces, la palabra experta de la Relatoría ayuda a resolver esos problemas. También puede ser que hay un proceso que se inicia y se requiere una especie de consultoría gratuita que la Relatoría puede hacer. Un ejemplo es Colombia: estuve hace poco con la Procuraduría, que está a cargo de la implementación de la ley de acceso a la información pública. Pidieron colaboración en algunos procesos. Esa es la forma de trabajo más productiva y así estamos dispuestos a trabajar con todos los estados. Pero, como decimos en mi patria, para bailar un tango se necesitan dos.
- ¿Y los estados están dispuestos?
Esperemos que sí. Siempre he dicho que en un hemisferio que ha ganado espacio democrático en los últimos 30 años no se puede tolerar que no podamos discutir sobre libertad de expresión, reflexionar o llegar a acuerdos sobre el tema, cuando es un elemento constitutivo de la democracia. A veces la polarización lleva a que los distintos actores sociales, el estado y los organismos internacionales no puedan construir un diálogo. ¿De qué estamos hablando si no hablamos de libertad de expresión en países democráticos?
- Algunas izquierdas terminan siendo las más prohibicionistas en algunos temas, como libertad de expresión.
No estoy de acuerdo con esa caracterización. Si analizamos tendencias ideológicas de los distintos gobiernos, creo que hay buenas y malas prácticas tanto de derecha como de izquierda. El buen entendimiento en cuanto a DD.HH., y su cumplimiento, no deberían tener ideología. Hay buenas experiencias en ambos campos.
Mí país, Uruguay, hoy está en los ránquines de libertad de expresión en el primer o segundo lugar de América Latina, y construyó una cantidad de cambios, reformas, regulaciones, en gobiernos de derecha y luego de izquierda. Por supuesto, hay ejemplos de izquierda que deberían mirar más al Sistema Interamericano, pero también de derecha, en los que vemos los mismos problemas. No discriminaría por ideología.
-Usted litigó casos ante el Sistema Interamericano que fueron emblemáticos en Uruguay.
Trabajé dos casos en el sistema: el de Carlos Dogliani, que se refería a la penalización de la expresión, a los delitos de difamación e injuria. Y el del periodista David Rabinovitch, sobre el acceso a la información pública. El gobierno uruguayo admitió que debía haber un problema de armonización entre la legislación interna y los estándares internacionales. Se abrió un diálogo a través del mecanismo de solución amistosa. En ambos casos se llegó a resoluciones que tuvieron un impacto importante para las víctimas y que lograron cambios en la legislación: se derogaron los delitos de desacato, se modificaron los delitos de difamación e injuria, se aprobó la ley de acceso a la información pública.
Es un buen ejemplo de cómo los estados, cuando hay un señalamiento de la CIDH, no lo tienen que tomar como un ataque. El Estado de Uruguay tomó conciencia de que eso favorece al país, que hoy es visto como uno de los más respetuosos en esos temas.
- Usted integró el grupo que redactó la Ley Modelo Interamericana de acceso a la información pública. ¿Cómo es esta ley?
Es otro ejemplo interesante. El sistema recibió una demanda de la sociedad civil en toda la región, en cuanto a que en el 2000 prácticamente ningún país de América Latina tenía ley de acceso a la información pública, cuando Suecia la había aprobado hacía más de 200 años. Había un fuerte reclamo de mayor transparencia, por necesidad de los periodistas que querían acceder a información fidedigna y organismos de DD.HH. que buscaban el derecho a la verdad.
Con resoluciones de la Corte Interamericana y casos litigados, se consideró el acceso a la información pública como un derecho fundamental. Hoy, más de 15 países en la región tienen estas leyes. El departamento de derecho internacional de la OEA pensó en hacer una ley modelo como guía para países que construyen su camino en esta materia. Esa ley hoy es referencia para Colombia. Brasil y casi todos los grandes ya se sumaron.
- ¿Cómo es el proceso en Colombia?
La sociedad civil colombiana trabaja por esta ley desde hace más de una década. Tiene un sabor agridulce: llegamos a la ley, el Congreso la reconoció como un derecho humano fundamental, pero viene lo más complicado: implementarla y que el acceso sea realidad. Vienen unos pasos en los que el Estado debe invertir dinero, porque la democracia de calidad tiene costos. No es sólo aprobar leyes. Hay que generar, por ejemplo, inversión en gobierno electrónico, para que los periodistas, la gente de a pie, las organizaciones, puedan pedir información a través de la web sin moverse de su escritorio. Se necesitará capacitar a los funcionarios, procesos de desclasificación de la información, gestión de archivos. Viene un trabajo inmenso para que el asunto sea en serio y no sólo nominal. Esto requiere tiempo.
- Como periodista y abogado, ¿cuáles son sus principales preocupaciones al llegar a la CIDH?
Tengo una obsesión con que la libertad de expresión es clave para la democracia, no es sólo una cuestión de los periodistas o de los que más intensamente la usamos, sino de toda la sociedad. Tengo preocupaciones grandes, por ejemplo, las zonas de América Latina hoy silenciadas por el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción. No puede ser que haya parte de nuestras regiones silenciadas por el miedo, pero eso lamentablemente pasa. Todos los años sigue al alza la cantidad de comunicadores y defensores de DD.HH. asesinados por utilizar y defender la libertad de expresión. Mientras eso ocurra y haya impunidad, esa es la preocupación número uno.
También parece insólito que en algunos países siga habiendo periodistas presos, que siga estando en juego la libertad de las personas por ejercer este derecho en asuntos de interés público. Los que van presos son los que critican o desafían al poder. Eso me parece que a esta altura, en nuestra democracia, tenemos que revertirlo, no es saludable ni hace justicia con la historia democrática de los últimos años, así que ahí seguiremos trabajando.
dsalgar@elespectador.com
@DanielSalgar1