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Qué mejor momento de hacer balances que a un poco más de una semana de que se lleven a cabo las justas electorales que refrendarán o no el paso de Barack Obama por la Casa Blanca. Hoy, a pocos días de que se conozca el nombre del próximo inquilino de la Oficina Oval, el sentir popular está más divido que nunca. Los unos convencidos de que de la estela de esperanza que trajo el presidente en 2008 no quedó más que el recuerdo; los otros, confiados en que necesita la mitad del camino aún por recorrer.
No obstante son los votantes independientes, factor decisivo de esta elección, los que en esta recta final están pasando a Obama al tablero para decidir la suerte de su voto, y consigo la del país entero. Para ellos no basta la fastidiosa redundancia mediática de las cifras de desempleo, las proyecciones del déficit o del pobre crecimiento del PIB. Éstos, aseguran, son tan solo indicadores macroeconómicos que no hablan en conjunto sobre el mandato del primer presidente afroamericano de los Estados Unidos.
“Siempre he dudado de las encuestas y los reportes de este tipo, sobre todo cuando son tan cercanos a una elección, ya que los intereses en juego evitan cualquier imparcialidad”, explica Carlen Silverstein, estudiante de derecho de la Universidad de Nueva York. “Como votante independiente fundo mi voto en lo hechos y no en los indicadores”.
Mal que bien Obama prometió acabar con la guerra en Irak, cerrar Guantánamo, terminar con los centros de reclusión en Europa del Este, así como restablecer la autoridad de Estados Unidos en materia de derechos humanos a nivel mundial. Logros hubo, como la muerte del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, o la prohibición del “waterboarding” o “ahogamiento”, criticada a rabiar por Obama en su campaña pasada. Sin embargo, otros tipos de tortura, como la privación del sueño, confinamiento solitario y alimentación forzada, siguen siendo utilizadas. De igual forma, el Departamento de Estado, respaldado por Obama, refrendó la doctrina militar de los “Secretos de Estado”, la cual protege la extralimitación de militares estadounidenses durante detenciones, interrogatorios y custodia de sospechosos de planear o realizar atentados terroristas. Algo muy distinto a lo que se dijo en 2008.
Como explica Roger D. Hodge en su libro La mendacidad de la esperanza, durante el gobierno de Barack Obama la fuerza de la ley no se restableció sino que por el contrario se pervirtió. A pesar de haber prometido desmontar el Patriot Act, marco legal instaurado después del 9/11 y que permite excesos en la forma de recolectar información en la lucha contra el terrorismo, éste fue ratificado por Obama por cuatro años más. En ese orden de ideas se siguen deteniendo indefinidamente presuntos terroristas sin la necesidad de prueba alguna ni mucho menos con la posibilidad a un juicio. El principio del hábeas corpus, al cual el candidato-presidente llamó hace cuatros años “la esencia del pueblo americano”, sigue hoy día escrito con tinta deleble en su libreta de apuntes.
Es de esta forma como muchos estadounidenses defensores de los derechos humanos tratan de hacer paz con la idea de que Obama, Premio Nobel de la Paz en 2009, ha sido el presidente que ha puesto en marcha la mayor ofensiva en la historia de naves no tripuladas para combatir a Al Qaeda, dejando con los bombardeos manejados a control remoto desde bases militares en los Estados Unidos más de 881 víctimas civiles, entre ellas 176 menores de edad que cayeron en Pakistán, Yemen y Somalia.
Otro de los frentes que venía a enfrentar Obama en 2008 era el del desastre financiero, explica John Nichols, analista político de The Nation, pero no solo en materia del déficit, sino también en el orden de cerrar filas contra las abusos de Wall Street. Los mismos que dejaron en la ruina a personas del mundo entero luego de que fueran engañadas con productos crediticios fraudulentos. Sin embargo, cuatro años después de haber dicho en su campaña “No dejaremos que esos gatos gordos de Wall Street sigan haciendo de las suyas”, ni uno solo de los CEO de los bancos, aseguradoras ni calificadoras de riesgo envueltas en el grave escándalo han comparecido ante un estrado judicial.
Para Aaron Scturron, microempresario de 34 años y quien votó por Obama como independiente en 2004, es indignante la exigua reforma al sistema financiero que presentó Obama en 2010 luego de todo lo ocurrido. “No se tocaron los temas que permitieron el descalabro del sector, como el sistema de las millonarias bonificaciones, las calificadoras de riesgo, la especulación, ni mucho menos el rol de la Reserva Federal”.
Como Aaron son muchos a quienes no les quedó muy buen sabor de la presión que sufrió el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, por parte de la administración Obama, en razón de su negativa a aceptar un paquete de 20 billones de dólares que ofrecían los bancos como indemnización por la crisis que causaron, si y solo si eran blindados de eventuales demandas civiles en su contra. En enero de este año Eric Schneiderman fue nombrado por Obama como director de la nueva Central de Investigaciones de Crímenes Financieros. Tres meses más tarde el paquete, ahora de 26 billones de dólares, propuesto por los bancos fue aceptado.
Quedó también en deuda con la comunidad de mayor crecimiento en el país. Ni siquiera presentó una reforma migratoria, que solucionara la situación de los más de 14 millones de ilegales que viven en este país, como aseguró hace dos años. A cambio, presentó el Dream Act (proyecto que otorgaba entre otros beneficios de residencia a miles de jóvenes indocumentados, pero que en 2010 se hundió en el Congreso por falta de apoyo bipartidista). Desde entonces olvidó el tema diciendo que ya todo estaba en manos del Congreso.
Sin embargo, a dos meses de las elecciones decide, por medio de un decreto presidencial, otorgar un permiso de Acción Diferida. Éste permite detener por dos años la deportación de jóvenes que hayan entrado ilegalmente al país antes de los 16 años, acompañado de un permiso temporal de trabajo, licencia de conducción e incluso un número de seguro social. “Eso se llama politiquería, lo hubiera podido hacer al día siguiente de que se hundió el Dream Act en el Congreso, y como es un decreto presidencial, el próximo mandatario lo tiene que ratificar. ¿Cómo se llama eso, chantaje electoral?”, se pregunta Jonathan Flórez, también votante independiente quien aún no sabe lo que hará el próximo 6 de noviembre.
Ya son cerca de un millón y medio de inmigrantes ilegales deportados durante el gobierno de Obama, cuatro veces más que durante la administración de George W. Bush. En parte gracias al controvertido programa Comunidades Seguras, el cual obliga a la policía a verificar con migración el estado legal de cada detenido durante cualquier tipo de contravención a la ley. “Había jurado y prometido que no iba a dejar que se separaran más familias inocentes, que su único interés era deportar a personas con antecedentes criminales”, añade Flórez, de origen mexicano. A pesar de que el Gobierno asegura que sólo va tras criminales y que no debe haber miedo de discriminación racial alguna, informes revelados recientemente por organizaciones de derechos humanos confirma que sólo el 26% de los deportados tenía en efecto antecedentes penales.
En lo que sí concuerdan ellos, como algunos sectores de los independientes, es en que no se pueden desconocer los triunfos del presidente en el rescate de la industria automotriz, el apoyo a los derechos de la comunidad homosexual tanto en el ejército como en las cortes, su respaldo a los derechos laborales y reproductivos de las mujeres, así como su liderazgo en el tema energético. Pero es claro que en temas constitutivos para la visión de futuro que prometió hace cuatro años la realidad se distancia del discurso.
Barack Obama, y con él la esperanza y el cambio que llegaron con su triunfo electoral del 4 de noviembre de 2008, se destiñeron y hoy el “Yes, we can!” ha sido cambiado por, “podemos mejorar”. Esa revolución que desató su llegada a la Casa Blanca aún está pendiente y serán los estadounidenses, el próximo 6 de noviembre, los que resuelvan si le dan la oportunidad de cumplir las promesas pendientes.