Obama clama por control a venta de armas

Barack Obama al anunciar las medidas contra las armas, en Washington. / EFE

Un Congreso de mayoría republicana, que ha ejecutado un bloqueo en línea de numerosos proyectos, ha sido el obstáculo más firme para el presidente Barack Obama en los últimos dos años. Por esa razón, buena parte de su último período se ha ido en tramitar leyes por derecha, sin la intervención del Congreso o apenas con un mínimo de su influencia. Las medidas contra la venta de armas en el país, que fueron explicadas ayer por Obama en Washington, son una de las trazas más recientes de ese desafío a un año del término de su presidencia.

La presentación de ayer fue, en cierto modo, la salida más digna de Obama en medio de las cientos de muertes por tiroteos que ocurren al año en EE. UU. La más reciente fue la masacre de 14 personas en un hogar para personas discapacitadas en San Bernardino (California), que obligó a Obama a salir de nuevo al público (tras más de siete intervenciones sobre el mismo tema) para advertir que la venta indiscriminada de armas en el país a personas con un pasado judicial oscuro o un robusto anecdotario de enfermedades mentales era una de las causas esenciales de aquellas muertes.

También recordó que el Congreso era uno de los principales responsables por torpedear ciertas restricciones que la Casa Blanca quería ejecutar al respecto. En esta ocasión, como sentenció el New York Times en su más reciente editorial, Obama hizo cuanto pudo como presidente: diseñar una estrategia por decreto para disminuir el número de víctimas por violencia con armas en el país.

Además de sostener la legalidad de dicha herramienta, que ha puesto a pensar a los miembros del Congreso sobre la extensión del poder del presidente (con el programa nacional de salud el mandatario actuó por la misma vía), Obama deberá sembrar un terreno próspero para que se hagan realidad medidas como la vigilancia de los distribuidores de armas, la búsqueda de aquellos que están fuera de la ley y proveen armas a los más peligrosos, el afianzamiento del sistema de información nacional sobre posesión de armas (que ha permitido el arresto de más de 14.000 personas) y el avance en programas de prevención y de seguridad armada.

Ahora, a su gobierno le resta un año para continuar en la construcción empecinada de un legado. Los puntos pendientes son numerosos y tienen, de nuevo, el matiz de una lucha contra el Congreso. Uno de los más ambiciosos, que fue una de sus promesas al principio de su primer mandato, es el cierre de la cárcel de Guantánamo, en Cuba. Más de 120 presos, considerados por EE. UU. como terroristas de alto peligro, perviven en la cárcel. Obama se encuentra en un camino cerrado: tras la reapertura de relaciones con Cuba, Guantánamo se ha convertido en un tema esencial en su agenda. Desde noviembre del año pasado estaba prevista la aplicación de un decreto para su cierre, que aún no se ha concertado.

Las tentativas en política exterior no terminan, sin embargo, en Guantánamo. Dos países están en las cuentas pendientes de Obama, que en este campo puede actuar con algo más de libertad, sin el Congreso de su lado: Siria e Irán. Con la ampliación de los actores en la guerra civil en Siria, donde luchan por poder territorial el Estado Islámico y los rebeldes sirios, contra Rusia, Turquía y el régimen de Bashar al Asad, EE. UU. tiene la obligación de cerrar filas y apoyar un proceso político que ya está en marcha en Viena. Si bien las primeras reuniones entre opositores y oficialistas se han tornado optimistas, el campo político sirio se ve debilitado y, por lo tanto, abierto para la extensión de la influencia del EI. Desde agosto de 2014, EE. UU. lidera los bombardeos sobre Irak y Siria y, a pesar de las promesas de evadir posiciones en tierra, en octubre Obama anunció la puesta en escena de militares estadounidenses en suelo iraquí.

Del otro lado está Irán. La firma del tratado nuclear en junio del año pasado le permitió a Obama comprobar que es posible negociar con un enemigo histórico. Falta la implementación del plan, que apenas da sus primeros pasos con la vigilancia del cierre de plantas nucleares en ese país. Si la situación diplomática entre Arabia Saudita, uno de los grandes aliados de Obama en el golfo Pérsico, e Irán se recrudece, su papel de conciliador será esencial.

Otro de sus retos será la cuestión migrante. De acuerdo con The Washington Post, la Presidencia le está apostando a conseguir el apoyo de la Corte Suprema para evitar la deportación de miles de inmigrantes después de que Obama cancelara, de nuevo por decreto, su salida del país. Veintiséis estados dijeron que no cumplirían con las medidas del Ejecutivo y muchas de estas demandas podrían llegar al alto tribunal que, si falla a favor de Obama, le dejaría poco menos de seis meses para reglamentar la situación de miles de indocumentados.