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Un dirigente oficialista impugnó la elección de un diputado opositor ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó la corte, con lo que suman 10 los legisladores de la oposición acusados por el oficialismo de supuesto fraude electoral.
Andrés Eloy Méndez, candidato del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), objetó la victoria de su contendor, Juan Manaure, de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en Falcón (oeste), pero el TSJ deberá decidir si admite o no el recurso.
Méndez "interpuso (un) recurso contencioso electoral en contra de las elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional en la circunscripción electoral número 4 del estado Falcón", señala el expediente publicado en la página web del TSJ.
Este recurso se suma a la impugnación de otros nueve diputados opositores electos presentada por el PSUV, que perdió el control de la Asamblea frente a la MUD.
De ese grupo, el TSJ admitió una medida cautelar que suspendió la elección de cuatro parlamentarios -tres opositores y un oficialista- en el estado Amazonas (sur). La investigación de los otros casos sigue su curso.
La suspensión de las elecciones en Amazonas generó un choque entre la Asamblea Nacional y el TSJ, luego de que la mayoría opositora juramentara a sus tres impugnados desafiando el fallo.
Debido a ello, el tribunal declaró "en desacato" a la directiva de la cámara y nulas sus decisiones mientras mantuvieran en el cargo a esos asambleístas.
El miércoles, la cámara dio marcha atrás a su decisión desvinculando a los dirigentes, que solicitaron ser apartados del Parlamento para iniciar su defensa contra las acusaciones de fraude electoral.
Tras la desvinculación, vista por la oposición como una necesidad para evitar que la Asamblea "quedara trabada", se confirmó que el presidente Nicolás Maduro presentará este viernes su rendición de cuentas ante el parlamento.
Sin los tres diputados, la MUD perdería temporalmente la mayoría calificada de dos tercios (112 de 167 curules) que ganó en los comicios y le daba amplio poder para avanzar en su agenda, que incluye buscar una vía legal en los próximos seis meses para acortar el mandato de Maduro (2013-2019).