Ojo a la deportación de solicitantes de refugio

Organizaciones humanitarias cuentan más de 50 solicitantes entre los colombianos deportados desde Venezuela. Violación a normas migratorias.

Daniel Salgar Antolínez
04 de septiembre de 2015 - 03:32 a. m.
Entrega de ayuda humanitaria para colombianos deportados  en el albergue La Parada, Cúcuta. / Óscar Pérez - El Espectador
Entrega de ayuda humanitaria para colombianos deportados en el albergue La Parada, Cúcuta. / Óscar Pérez - El Espectador

Ya que el Gobierno colombiano ha planteado la estrategia de acudir a instancias de la justicia internacional para denunciar violaciones a los derechos humanos de los colombianos deportados o expulsados desde Venezuela, sería pertinente tener en cuenta a uno de los sectores más vulnerados y vulnerables entre los connacionales que llegan desde el vecino país: los solicitantes de refugio o refugiados que han sido deportados oficialmente o que se vieron obligados a regresar “voluntariamente”.

Organizaciones humanitarias han dicho a este diario que habría por lo menos 50 personas que estaban en proceso de solicitud de refugio o que ya tenían el estatus de refugiados, y aún así fueron deportadas de manera oficial por las autoridades venezolanas. Aunque varios casos están en proceso de verificación y la cifra no suena demasiado grande en comparación con los alrededor de 1.300 deportados y con los otros tantos miles que están entre el “retorno voluntario” y el retorno forzado, la situación es especialmente grave.

La deportación de refugiados o solicitantes de refugio viola un principio del derecho internacional que es el de no devolución (non refoulment). Según este, no se puede enviar a una persona a un país donde pueda ser sometida a persecución, tortura u otros malos tratos. La devolución o expulsión del país de acogida de un solicitante o refugiado pone en peligro su vida, seguridad o integridad física y podría entenderse como un segundo desplazamiento forzado.

Aunque es perfectamente legal que se deporte a los colombianos que están de manera irregular en Venezuela, es una flagrante violación a las normas migratorias devolver personas que buscan protección en ese país. El gobierno venezolano ha negado que solicitantes o refugiados hayan sido deportados, pero hay casos que demuestran lo contrario. Esta situación puede volverse más riesgosa teniendo en cuenta que Venezuela es el país de acogida de por lo menos 5 mil colombianos refugiados.

Una razón de estas infracciones en los procesos de deportación es que se realizan deportaciones colectivas. Como lo ha señalado el padre Francesco Bortignon, director del Centro de Migraciones en Cúcuta, las irregularidades en las deportaciones, que se vienen presentando desde inicios de este año, se generan porque se mete a los colombianos en un bus como si fueran mercancía, no se revisa cada caso de manera individual y atendiendo a los estándares internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó esta semana al Estado venezolano su “obligación de analizar, fundamentar y decidir de forma individual cada una de las deportaciones que lleven a cabo” y reiteró que “las expulsiones colectivas son manifiestamente contrarias al derecho internacional”.

Los solicitantes de refugio deportados son especialmente vulnerables y su drama no se puede visibilizar como el de otros colombianos. Por razones de protección no se puede decir específicamente quiénes son, de dónde vienen, dónde están, porque esto puede incrementar sus riesgos en materia de seguridad. Para muchos, las amenazas por las cuales una vez tuvieron que huir del país hoy siguen vigentes.

Otra dificultad es que, mientras algunos solicitantes de refugio han sido oficialmente deportados y esto permite que sean registrados y asistidos por organizaciones humanitarias y estatales, hay muchos otros que han tenido que regresar por rutas no oficiales de la frontera y no figuran como deportados, sino en la categoría de “retorno voluntario”. El Espectador ha encontrado en los albergues de Cúcuta solicitantes de refugio que se vieron forzados a regresar por las trochas, a pesar de tener su documento provisional de solicitud de refugio.

La dificultad conceptual del “retorno voluntario” hace que muchos solicitantes que han tenido que regresar al país de manera forzada, pero no mediante una deportación oficial, no encuentren cómo justificar su situación de riesgo y acceder a la debida asistencia.

Hans Hartmark, jefe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Cúcuta, expresa que “para los que se dice que han retornado voluntariamente no hay documentación suficiente, son casos más difíciles de verificar y de atender. Lo cierto es que si uno solicita asilo porque no se quiere quedar en Colombia, pero luego vuelve, está rompiendo el contrato con el país que le había ofrecido protección. Algunos querrán quedarse en Colombia y el Estado tendrá que acogerlos; otros querrán volver a Venezuela y eso también hay que gestionarlo”.

Las vulneraciones a los derechos humanos de los solicitantes de refugio en Venezuela no sólo se dan cuando son deportados. Este diario ha documentado desde hace tres meses la situación que viven algunos solicitantes en distintos puntos de los estados Táchira y Barinas en el país vecino. En teoría, con el documento provisional que los certifica como solicitantes de refugio, deberían tener un acceso garantizado a la compra de alimentos y a los servicios básicos de educación y salud. Pero en la práctica no siempre es así, especialmente en cuanto a la compra de alimentos o medicinas de primera necesidad.

Según testimonios recogidos por este diario al otro lado de la frontera, es común que las autoridades desconozcan la validez del documento provisional de los solicitantes de refugio y no lo vean como un documento que les permite a estas personas vivir legalmente y movilizarse libremente en Venezuela. El desconocimiento por parte de las autoridades venezolanas sobre el proceso de refugio, así como de los documentos válidos en el proceso de quienes están tramitando protección internacional, hace que los solicitantes sean vulnerables no sólo a la deportación, sino a abusos o maltratos por parte de las mismas autoridades.

Desde que se agudizó la crisis entre Bogotá y Caracas, con la declaratoria del estado de excepción en cinco municipios del estado Táchira fronterizos con Colombia, las organizaciones humanitarias han recibido múltiples denuncias de solicitantes o refugiados en riesgo de deportación y hasta ahora han logrado detener a por lo menos 97 solicitantes que estaban a punto de ser deportados.

Por Daniel Salgar Antolínez

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