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La alta comisionada de la ONU para los DD.HH., la sudafricana Navy Pillay, es contundente al condenar las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza. En un primer discurso, el 23 de julio, después del cual el Consejo de DD.HH. de la ONU abrió una investigación sobre posibles “crímenes de guerra” cometidos por Israel, dijo que este país no cumple los principios de distinción y proporcionalidad que regulan un conflicto armado, y que las advertencias que envía sobre futuros bombardeos a la población gazatí no se ajustan a la ley internacional, no son suficientes ni eficaces.
Pillay también califica como violaciones a la ley internacional los cientos de cohetes que Hamás lanza de manera indiscriminada hacia Israel alegando la resistencia armada contra la ocupación.
Aunque las acciones de cada parte son condenables, hay una enorme diferencia entre Hamás e Israel. La primera es considerada una organización terrorista por EE.UU., la Unión Europea, Japón, Canadá, entre otros. El lanzamiento de cohetes que amenazan a un 75% de la población israelí se podría ajustar a esa calificación.
Israel, en cambio, es considerado un Estado independiente, moderno y democrático, miembro de Naciones Unidas y firmante de varias convenciones de Derecho Internacional. Sin embargo, el efecto de sus ataques es más desproporcionado y devastador que el de las agresiones de Hamás. Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que incluye arsenal nuclear no declarado. Desde que empezó su operación ‘Margen Protector’ en Gaza, ha matado a alrededor de 1.400 palestinos, un 75% de ellos civiles. Los ataques de Hamás han matado a tres civiles y 56 militares israelíes. Para la ONU y una mayoría de países del mundo, las acciones israelíes van más allá de la “legítima defensa”.
Los ataques indiscriminados de Hamás no pueden entenderse como resistencia “legítima” contra la ocupación, pero la ONU considera que Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este son territorios ocupados, en los cuales Israel debe cumplir con sus obligaciones como poder ocupante. Esto implica, en resumidas cuentas, ofrecer los servicios y derechos básicos para el bienestar de la población.
Un sinnúmero de estudios demuestran que, sólo en el caso de Gaza, el bloqueo israelí impuesto en 2007 por aire, tierra y agua es una causa del empobrecimiento y el deterioro en las condiciones de vida de los gazatíes. Los ataques a plantas eléctricas, plantas de tratamiento de agua, escuelas, hospitales y centros para discapacitados, durante esta y las anteriores operaciones militares en Gaza, también han afectado seriamente a la población. “Atacar hospitales viola la ley internacional, la cuarta Convención de Ginebra y es un crimen de guerra. Pero no sólo eso: como fuerza ocupante, Israel tiene la obligación de ofrecer asistencia médica”, afirmó Pillay. Y añadió que Israel “ha ido esta vez un paso más allá que en precedentes ofensivas”, al destruir la estación eléctrica que abastece a Gaza, lo que hará la vida de sus habitantes absolutamente precaria una vez acabe la operación.
Además, la alta comisionada denunció a Estados Unidos por proporcionar armamento al ejército israelí y no hacer lo suficiente para detener la ofensiva en Gaza. Una buena parte del material utilizado para bombardear la Franja viene de EE.UU. Ayer, el portavoz del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, confirmó el envío a Israel de más material de guerra a petición de las Fuerzas de Defensa israelíes. Es sólo un aporte más de la millonaria cooperación económica y militar entre Washington y Tel Aviv. Pillay añadió que “EE.UU. no sólo provee a Israel con artillería pesada usada en Gaza, sino que ha gastado casi mil millones de dólares para proteger contra los cohetes a los civiles israelíes. Una protección con la que no cuentan los civiles de Gaza”.
Pillay también resaltó el hecho de que Washington no sólo ayude incondicionalmente a Israel en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz, en los que Tel Aviv viola la ley internacional expandiendo sus asentamientos en Cisjordania y manteniendo el bloqueo ilegal en Gaza. “EE.UU. debería hacer más para acabar con el bloqueo a los territorios ocupados. Debería hacer más para acabar con los asentamientos. Recordemos que EE.UU. vota en contra tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en el Consejo de Seguridad a todas las resoluciones que condenan el bloqueo y los asentamientos”.
No se puede esperar que Israel cumpla con los llamados de la ONU. Este país ha ignorado más de 80 resoluciones del Consejo de Seguridad y el veto estadounidense le ha evitado otras sanciones. La opinión consultiva de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, según la cual el muro israelí y su régimen de asentamientos, infraestructura y caminos exclusivos para israelíes constituyen una grave violación a la ley internacional y a las obligaciones de Israel como poder ocupante, tampoco ha tenido efectos en el terreno.
Cuando fue anunciada la investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió que esa decisión era una “farsa” y que la ONU debía más bien investigar a Hamás por usar a civiles como “escudos humanos”. Ayer, a pesar de la presión internacional, Israel reforzó su ofensiva con 16 mil reservistas y anunció que la operación militar acabará hasta que destruyan todos los túneles usados por Hamás. Esto, en el terreno, implica destruir casi todo lo que está por encima de esas vías subterráneas.
dsalgar@elespectador.com
@DanielSalgar1