La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, recomendó a Guatemala erradicar la discriminación y la exclusión de los indígenas, en un informe de su oficina en ese país debatido este miércoles en Ginebra.
Pillay pide en su informe a Guatemala "que revierta los patrones actuales de discriminación y exclusión que afectan a los pueblos indígenas, transformando la visión monocultural del Estado en una visión verdaderamente multicultural e inclusiva, que asegure la plena participación de los pueblos indígenas, así como el respeto de sus derechos individuales y colectivos".
"Subsiste una exclusión de hecho de los pueblos indígenas en las esferas de lo social, político y cultural. El ser indígena en Guatemala sigue determinando el hecho de ser excluido del acceso a estos derechos, aún siendo la población mayoritaria del país (60%)", señala el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que sesiona en Ginebra.
Pillay afirma haber recordado a las autoridades guatemaltecas en una visita reciente "que los pueblos indígenas tienen el derecho de participar en la toma de decisión de asuntos que afecten a sus derechos".
Sin embargo los representantes de estos pueblos "me indicaron que esto no está sucediendo", afirma un documento sobre ese viaje distribuido por su oficina en Ginebra.
"Aunque la Constitución reconoce de manera general una protección para las tierras y territorios indígenas, no existen leyes que reconozcan las prácticas tradicionales de tenencia, posesión y propiedad colectivas de las comunidades indígenas", constató la Alta Comisionada.
Para remediar la situación, Pillay propuso "una revisión exhaustiva de las leyes y políticas existentes relativas a las tierras indígenas, minerías y medio ambiente, en particular una reforma de la Ley de Minería, de acuerdo a los estándares internacionales, de modo que se evite el aumento del número de desalojos".
La Alta Comisionada describe un contexto "de inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra, los desalojos forzosos han constituido una violación múltiple de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la alimentación y a una vivienda adecuada".
La delegación guatemalteca aceptó, entre otros, el reto de "la protección de los sectores más vulnerables de la población, como los pueblos indígenas" y apreció las recomendaciones formuladas por Pillay. Añadió que las "toma en cuenta" y "que incluso algunas de ellas están siendo aplicadas".