“Algunos de mis comentarios pueden sonar repetidos hoy porque ésta es la sexta vez que he respondido a preguntas sobre esta operación ante un comité legislativo en el curso del último año”, dijo el fiscal de Estados Unidos, Erik Holder en una audiencia ante el Comité de la Cámara de Representantes para la Supervisión y Reforma del Gobierno que investiga la fallida operación “Rápido y Furioso”, que permitió el ingreso ilegal de cerca de 2.000 armas a México en 2009.
Sin embargo, Holder calificó como inaceptable que se haya permitido el paso de armas y reiteró que sólo conoció de la operación hasta 2011. El presidente Barack Obama y Holder son objeto de una investigación para determinar cuánto sabían sobre este tema.
Incluso, durante la audiencia, varios legisladores pidieron la renuncia del Fiscal General, quien insistió que ordenó una investigación interna cuando supo del escándalo, a principios de 2011. Sin embargo, se negó a entregar documentos internos que exigen legisladores del comité de Supervisión, porque, según dijo, no tienen relación directa con la fallida operación. “El Departamento no tiene intención de entregar material deliberativo adicional sobre la respuesta a los controles del Congreso”, aseguró el Fiscal.
“Hemos recibido 6.000 documentos con partes censuradas”, criticó en la audiencia el representante republicano Dan Burton. “Hay 93.000 documentos que usted no está entregando a este comité”, añadió.
Entre 2009 y 2010 miembros de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) autorizaron la compra, por parte de sospechosos de tener vínculos con cárteles mexicanos, de unas 2.000 armas de largo calibre para rastrear su uso. Un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense murió en un tiroteo vinculado a las armas contrabandeadas en el marco de la operación “Rápido y Furioso”.
Pero este polémico programa no ha sido el único. Según un informe del congresista Elijah Cummings, este fue el cuarto operativo desde 2006 que utilizó una estrategia similar. “Fue la cuarta en una serie de operaciones desde 2006 en las que no se incautaron armas que pudieron y debieron haber sido interceptadas por agentes de seguridad”, señaló el reporte del congresista.
Las acciones fueron dirigidas desde la oficina de Phoenix, en el estado de Arizona (fronterizo con México), de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por su sigla en inglés), afirmó el informe de Cummings, demócrata de mayor rango de la comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.
La mayoría republicana de la comisión ha impulsado numerosas audiencias e interpelado a más de dos decenas de funcionarios, para ver si la operación fue autorizada o conocida por el fiscal general o el presidente. “Contrario a lo que ha sido repetido por algunos, la comisión no ha conseguido ninguna evidencia de que la operación “Rápido y Furioso” fuera motivada políticamente, concebida y dirigida por funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia del gobierno de Barack Obama”, dijo Cummings.
Según el informe, luego de interpelar a 22 funcionarios, “la comisión no ha visto evidencias que indiquen que el fiscal general" autorizó o conoció de las polémicas tácticas de la operación”.
Las cuatro operaciones fueron "Wide Receiver" entre 2006 y 2007, "Caso Hernández" en 2007, "Caso Medrano" en 2008 y “Rápido y Furioso”, aunque esta última fue la más amplia y permitió la mayor entrada de armas a México.