Otro ataque a la OEA

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no permitirá mediación de la organización.

La Organización de Estados Americanos (OEA) celebró ayer un consejo permanente a puerta cerrada para analizar la crisis que vive Venezuela, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que no aceptaría ninguna mediación de esta organización hemisférica.

El presidente Hugo Chávez criticó repetidas veces a la OEA y amenazó con retirarse de esa organización, con sede en Washington, acusándola de estar al servicio del “imperialismo”. Chávez no se retiró de la OEA, pero denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 10 de septiembre de 2012. A través de esta denuncia, que se hizo efectiva un año después con Maduro en el poder, Venezuela se salió de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano judicial de la OEA.

Debido a este retiro, la CIDH no puede emitir sentencias sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el pasado 10 de septiembre. Es decir, que una vez hayan agotado los recursos internos, las denuncias de las supuestas víctimas de la represión por parte del gobierno en las recientes protestas no llegarán a este tribunal. Es una puerta de la justicia internacional cerrada para los venezolanos, por una decisión política de su gobierno.

Maduro demostró, una vez más, que seguirá la línea de su antecesor, al advertir que no aceptará la “injerencia” de la OEA. Además, solicitó hacer un consejo presidencial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organismo creado por Chávez, para exponer “las circunstancias de ataque, de violencia, de pequeños grupos que han tratado de vulnerar la vida social e imponer una situación política que nuestro país va superando”. “Nuestro camino es el sur, es la Celac, la Unasur y el Alba. Fuera la OEA por ahora y para siempre”, dijo.

Cynthia Arnson, directora del programa para América Latina del Woodrow Wilson Center, explica que el argumento de la “injerencia” ha estado en el discurso de los países del Alba y Cuba durante mucho tiempo. “Toman como punto de referencia la formación de la OEA durante los momentos duros de la Guerra Fría, cuando la organización estuvo dominada por EE.UU., pero eso ya no es así”.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó durante el consejo permanente que sugerir que una reunión de la OEA, “realizada con arreglo a las normas que nuestros propios países han aprobado de manera unánime, sea una ‘injerencia indebida’ o una forma de intervención, sólo está demostrando también la significación que la OEA conserva plenamente”, y anticipó que el encuentro finalizaría con un llamado al diálogo en Venezuela.
Arnson añadió que Unasur, en todo caso, quedaría bastante dividida entre los miembros del Alba, la posición de Argentina, una política más equilibrada de Chile, Brasil e incluso Uruguay. “Y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ni mencionarlo, más allá de las cumbres no tiene una institucionalidad permanente que sirva para estas cosas”.
Cuba, el fiel aliado de Venezuela, se negó a reintegrarse a la OEA cuando ese organismo le abrió las puertas en 2009, después de que la suspendiera en 1962, por considerar que su adhesión al marxismo-leninismo era incompatible con el Sistema Interamericano de DD.HH. “Como Cuba cumple un papel fundamental en lo que pasa en Venezuela, tiene que ser parte del diálogo, ese es un problema. Los cubanos no están interesados en reintegrarse, porque tienen que aceptar documentos como la Carta Democrática aprobada en 2001”, dice Arnson.

Desde 2002, el Estado venezolano no acepta visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano principal y autónomo de la OEA, que tiene plena jurisdicción sobre este país y puede emitir recomendaciones o hacer informes sobre esta situación en el mismo. Desde ese año Venezuela ha sido incluida regularmente en el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, en el cual aparecen los Estados que no cumplen con los parámetros en materia de DD.HH.

En 2009 la Comisión publicó el informe “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, en el cual recomendó al Estado venezolano, entre otras, abstenerse de ejercer represalias contra la disidencia, garantizar la separación e independencia de los poderes públicos, desmantelar a los grupos armados fuera de la ley, garantizar el acceso a la información pública, corregir el retardo procesal y disminuir el alto porcentaje de privados de la libertad sin juicio.

Liliana Ortega, directora de Cofavic - una ONG que trabaja hace 25 años en el seguimiento del derecho a la vida y a la integridad personal en Venezuela- cree que las recomendaciones de la CIDH tienen hoy plena vigencia. “En los últimos años hemos visto una mayor criminalización y judicialización de la protesta y una mayor falta de independencia del Poder Judicial. El Estado no ha cumplido sentencias históricas de la Corte Interamericana, que son hojas de ruta para mejorar la situación de derechos humanos. Así como la CIDH, al menos siete relatorías de la ONU han querido venir, pero el Estado lo impide”.