Pakistán: cuando la escuela es un frente de guerra

En Pakistán, el régimen Talibán y sus milicias asociadas plantean una seria amenaza para los menores que quieren ir a la escuela. Estos grupos rechazan el modelo de educación occidental y en particular la educación igualitaria para niños y niñas. El caso de Malala Yousafzai, la joven que sobrevivió a un disparo en la cabeza cuando iba en un bus a su escuela en el Valle del Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, es recordado por el mundo entero. Hoy la joven tiene un Nobel de Paz y es un ícono de la defensa de la educación igualitaria en foros internacionales. En el terreno, sin embargo, para los estudiantes en esas regiones entre las porosas fronteras de Afganistán y Pakistán, ir al colegio sigue siendo un asunto de vida o muerte. 

 

El 16 de diciembre del año pasado, una incursión del régimen Talibán acabó con la vida de casi 150 personas, 132 de estas estudiantes, en un colegio público de Peshawar (capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa) administrado por el Ejército oficial. El atentado contra Malala y esta masacre del 16 de diciembre, si bien se han vuelto emblemáticos, no son los únicos actos de violencia por parte de milicias en contra de las escuelas. Son, más bien, sólo la punta del ice berg. Pakistán registra el mayor índice de ataques a instituciones educativas anualmente en el mundo. Sólo en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, una de las más empobrecidas y problemáticas del país, se registraron más de 830 ataques contra colegios entre 2009 y 2012.

 

Otros casos impactantes últimamente son los de Gaza, donde entre julio y Agosto del año pasado 148 colegios fueron destruidos por los bombardeos de las fuerzas israelíes, en el marco de la operación Margen Protector. En Nigeria, la agrupación extremista Bojko Haram secuestró a 300 niñas estudiantes en un colegio público y hasta ahora no han sido liberadas. En Siria, en medio de un conflicto que ya cumple casi cuatro años, 20% de las instituciones educativas del país han sido destruidas o afectadas por los enfrentamientos. 

 

Volviendo a Pakistán, fue a raíz de la masacre del 16 de diciembre que diversos sectores del gobierno paquistaní decidieron olvidar por un momento sus diferencias y trabajar mancomunadamente en defensa de la educación en todo el país. Solicitaron la cooperación internacional para garantizar el acceso a la educación de cerca de 5.5 millones de menores. Prometieron trabajar duro para aumentar los recursos destinados a la educación, que deberían pasar del 2.04% del PIB al 4%. En la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, el gobierno provincial ordenó fortalecer las condiciones de infraestructura y seguridad en las 45 mil instituciones educativas, incluyendo colegios y universidades. 

 

La del gobierno paquistaní es en general una iniciativa noble teniendo en cuenta que, como convergen la inmensa mayoría de líderes y organizaciones internacionales, la educación es la herramienta que a futuro podría sacar al país de la pobreza y la desigualdad, factores que a su vez dan lugar a los radicalismos y la violencia. También resultaba comprensible que, en vista de la situación, se tomaran medidas como reforzar las instituciones con muros más altos, con alambre y con mayores controles en las entradas. 

 

Pero, además de esto, se puso en práctica un método poco convencional: por orden del gobierno provincial, estudiantes de decenas de escuelas públicas empezaron a ser capacitados en técnicas de defensa, desactivación de artefactos explosivos y manejo de armas de fuego. Además, los profesores de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa también fueron capacitados y recibieron el permiso para ir armados a clase si lo consideran necesario. 

 

El uso de la población infantil en la escuela para protegerse del terrorismo refleja, por un lado, la incapacidad de las autoridades centrales para proveer esa protección y garantizar el derecho a la educación, aunque digan que el propósito de la campaña es formar a alumnos y profesores para luchar contra los terroristas “durante unos diez minutos hasta que lleguen las fuerzas de seguridad”. El mismo Mushtaq Ghani, ministro provincial de Educación e Información, ha dicho que los 65 mil oficiales de policía no son suficientes para asegurar las 45 mil instituciones educativas. 

 

Por otro lado, la normalización de la presencia de armas en aulas de clase, en manos de alumnos o profesores, perjudicaría la formación de los estudiantes y podría ir en contra del objetivo de proveerles educación en un ambiente seguro. Este ha sido el reclamo interpuesto por un buen sector de la comunidad educativa paquistaní y por padres de familia que no se sienten muy cómodos con la idea de que el profesor enseñe a sus hijos con el libro en una mano y la pistola en la otra. Quienes se oponen a la idea alegan que la seguridad debe proveerla el Estado y no los estudiantes.

 

Un reportaje del New York Times cita algunos testimonios en contra de la iniciativa. Por ejemplo, Abaseen Yusufzai, jefe del departamento Pashto en la Universidad Islámica dijo: "Esta es la cosa más estúpida y más ilógica que ha sucedido en la sociedad pastún que se tenga memoria". Mahmood Shah, un exbrigadier y exfuncionario encargado de la seguridad tribal, añadió: “Dos días entrenando y 10 disparos no hace a nadie experto en armas de fuego. Esto es militarizar nuestras instituciones educativas y poner tanto a profesores como a estudiantes en un riesgo mayor (…) Simplemente no tiene sentido”.