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El Parlamento Europeo no ha logrado ponerse de acuerdo sobre el ambicioso tratado de libre comercio que negocian la Unión Europea y Estados Unidos y aplazó este miércoles la votación sobre este proyecto, que suscita fuerte preocupación en la opinión pública.
Si llegara a concluirse, el acuerdo, conocido con el acrónimo de "TTIP" o "Tafta", pretende fomentar el crecimiento y el empleo, con la supresión de barreras aduaneras, cada vez menores, entre los dos bloques y unificar reglas.
Las negociaciones empezaron en julio de 2013. Pero este proyecto preocupa en la sociedad civil y la clase política de ambos lados del Atlántico.
Los eurodiputados no participan en esta negociación pero tienen el poder de rechazar el resultado, como lo hicieron en 2012 con el ACTA, un acuerdo comercial anterior contra las falsificaciones.
Todo parecía listo el miércoles para adoptar sin mayores problemas una posición común, ya que los principales grupos políticos sellaron a finales de mayo un compromiso con las "líneas rojas" que el acuerdo no debía traspasar para que el Parlamento pudiera dar un día su aval al TTIP.
Esto, pese al temor creciente que generan los mecanismos de arbitraje que contempla el acuerdo comercial, designados con el acrónimo ISDS, para resolver los diferendos que puedan surgir entre los Estados y los inversores privados.
Los estadounidenses exigen estos procedimientos, que permiten pasar por encima de las jurisdicciones nacionales, pero que preocupan a muchos países europeos. Son considerados como un portillo para que las multinacionales puedan ignorar las políticas públicas.
La querella presentada en 2010 por Philipp Morris contra Uruguay, que aumentó el tamaño de las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos, suele ser citado como un ejemplo por los detractores de este mecanismo.
A raíz de las protestas, el dossier lleva meses estancado. Para desbloquear la situación, la comisaria encargada del caso, Cecilia Malmström, propuso crear un tribunal internacional que se encargue de resolver los litigios relacionados con las inversiones y reemplace el mecanismo bilateral hasta ahora barajado.
En la comisión de Comercio del Parlamento, socialistas, conservadores del PPE (Partido Popular Europeo) y liberales habían acordado una formulación para pedir garantías sobre este asunto. Pero los socialistas presentaron después una enmienda que ha fisurado el acuerdo.
Han pedido que se escriba claramente que todo mecanismo que invoque una jurisdicción privada sea descartado.
"Hemos recibido mensajes de gente que critica la falta de claridad", se justificó el socialista alemán Bernd Lange, para explicar esta exigencia.
Molesto, el PPE –en el que algunos miembros ven una "maniobra" destinada a la opinión pública–, pareció entonces dispuesto a votar contra la resolución si se adoptaba esta enmienda.
Ante el riesgo de atasco, el presidente del Parlamento, Martin Schulz, decidió aplazar el voto para dejar tiempo a un nuevo compromiso. Mientras tanto, los diputados también aplazaron el debate que debía preceder a la votación.
"Necesitamos un texto fuerte del Parlamento Europeo", dijo Schulz. Un voto sin adopción conjunta hubiera "debilitado el poder" de la asamblea en un campo que se encuentra entre sus principales prerrogativas, dijo.
Algunos parlamentarios han reprochado al presidente socialista que haya querido preservar la imagen de la gran coalición que une a los principales partidos en su hemiciclo.
"Pánico en el Parlamento", ironizó el francés Yannick Jadot (verde), uno de los detractores más virulentos del acuerdo, calificando de "canallada política" la iniciativa de Schulz.
Los socialistas "pretenden luchar por el empleo, pero si atrasan el voto del TTIP, ponen en peligro los empleos que va a crear un acuerdo de libre comercio", dijo por su parte Guy Verhofstadt, jefe del grupo liberal del ALDE.
Su posición supone "secuestrar el Parlamento Europeo", acusaron los eurodiputados franceses del PPE Tokia Saïfi y Franck Proust.
Además de los tribunales de arbitraje, los principales grupos políticos, todos favorables al principio de un TTIP, han manifestado su rechazo a la revisión a la baja de las normas sanitarias, sociales o medioambientales europeas y han insistido en que debe permitir una apertura mayor de los mercados públicos estadounidenses a las empresas europeas.