“La paz: condición para la libertad de expresión”

En entrevista con este diario, Édison Lanza sostuvo que le causan preocupación aquellos gobiernos que ven a la prensa como enemigo.

El relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Édison Lanza.  / Cortesía
El relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Édison Lanza. / Cortesía

¿Cómo es la situación de la libertad de prensa, en general, en el continente?

La situación y la intensidad de los problemas que afectan a la libertad de expresión varían en cada país, de acuerdo a factores estructurales y a los vaivenes políticos. La violencia que ejerce el crimen organizado, en forma directa o coludido con actores estatales, es la mayor amenaza para los periodistas que desarrollan su trabajo en entidades estaduales o locales de muchos países. La violencia ejercida por los agentes del Estado contra manifestantes y periodistas que cubren protestas también es un problema recurrente en distintos contextos. La apertura de procesos penales y la aplicación de sanciones que incluyen penas privativas de libertad contra periodistas, columnistas y opositores por informar situaciones de interés público se ha disparado en varios países de la región. Por otro lado, el uso de demandas civiles como estrategia para intentar silenciar o inhibir a los periodistas más agudos e inquisitivos aparece como una nueva amenaza en países que han despenalizado las figuras vinculadas a la libertad de expresión. La estigmatización, el señalamiento y el hostigamiento a la prensa desde el poder, sobre todo cuando los periodistas revelan hechos irregulares o de presunta corrupción, se mantiene en un grupo de países. Y no faltan las restricciones indirectas o sutiles (el manejo de la asignación de frecuencias, la asignación arbitraria de la publicidad oficial, las presiones a los editores para despedir a periodistas) o las normas legales redactadas de forma ambigua y que permiten la arbitrariedad estatal.

¿Ha habido avances desde que usted asumió el cargo?

En un panorama complicado como el que acabo de describir, también hay avances, dado que muchos de los estándares elaborados por el sistema interamerciano se han venido adoptando y los procesos sociales y políticos no son lineales. Ya suman 23 los países de la región que adoptaron leyes de acceso a la información e instituciones para implementar y hacer efectivo este derecho crucial para la transparencia y el control democrático. Otro grupo ha despenalizado los delitos que protegen el honor de funcionarios públicos. La rotación de los partidos en el poder, a través de elecciones democráticas, parece haber permitido una mejoría en el ambiente polarizado que afectaba el trabajo de la prensa en varios países. Argentina, por ejemplo, acaba de aprobar una ley federal para garantizar el acceso a la información y una norma parcial para regular la asignación de publicidad oficial, mientras existen discusiones pendientes sobre asuntos como la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación. El gobierno peruano acaba de anunciar la creación de una autoridad para implementar y fiscalizar el acceso a la información pública. Las políticas de protección de los periodistas han mostrado resultados positivos en Colombia, y seguimos trabajando a nivel de justicia local e internacional, en el combate de la impunidad de estos crímenes, con un mayor nivel de identificación y procesamiento de los responsables, sobre todo en Colombia. También hay que anotar como avance una cantidad de decisiones adoptadas tanto por magistrados fiscales como por tribunales nacionales que incorporan los principios internacionales y constitucionales que protegen de mejor manera el derecho a la información, las expresiones e informaciones de interés público y las fuentes periodísticas, expandiendo así la protección a través de la jurisprudencia. Los estándares de la Relatoría y las declaraciones conjuntas de los relatores de libertad de expresión sobre temas como los principios orientadores de internet se están traduciendo en hechos concretos, como la Ley de Marco Civil de Internet en Brasil o la Ley de Neutralidad en Chile, así como fallos de tribunales nacionales muy positivos.

¿Cuáles son sus mayores preocupaciones en este momento?

Me preocupan aquellos gobiernos que ven a la prensa como un enemigo a combatir y a someter, y no como un actor valioso y central de la estructura democrática. Siempre van a existir tensiones entre quienes están ejerciendo el poder y la prensa, pero en muchas partes observamos un intento deliberado de hostigar y señalar a la prensa, de asfixiar e intentar por diversos medios que los periodistas más valiosos o incómodos sean apartados de los medios masivos o terminen siendo marginados. En los últimos años la compra o control de los medios con testaferros o empresarios aliados para monopolizarlos y controlarlos parece ser una nueva modalidad de interferencia indirecta en la libertad de expresión. En algunos casos están en discusión hasta el Estado de derecho y los sistemas de pesos y contrapesos de toda democracia, y esto impacta en la vida democrática; los periodistas son vistos como desestabilizadores y las protestas son recibidas como un levantamiento contra el Gobierno, y no como una expresión de demandas. Quiero decir, se trata de un problema que no sólo tiene que ver con la libertad de expresión, sino con una suerte de tentación autoritaria de algunos gobiernos.

Hablando puntualmente, ¿Cómo ve la situación de violencia contra los periodistas en México?

En algunos estados, como Veracruz, Guerrero, Oaxaca o Tamaulipas, en los últimos años los periodistas han estado realmente sometidos a una fuerte intimidación, pautada por asesinatos, desplazamientos, ataques y desapariciones de periodistas. En otras zonas la situación parece estabilizarse, y a nivel federal el mecanismo de protección de periodistas ha comenzado a funcionar, en el sentido de que las denuncias que recibe se evalúan, se determina el riesgo y se disponen medidas de protección. El Gobierno tiene que reforzar y mantener el apoyo presupuestal al mecanismo y la apertura a la participación de la sociedad civil nacional e internacional en los procesos de seguimiento. Por allí puede haber una mejora en la situación.

Lamentablemente, sigue habiendo un déficit muy fuerte en la situación de procuración de justicia para crímenes contra los comunicadores y el derecho a recibir información de toda la sociedad. Los índices de impunidad en cuanto a los autores intelectuales de los crímenes más graves es muy elevado y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que está facultada para conocer de estos crímenes, sobre todo en los estados más peligrosos, y llevar a cabo una investigación completa, debería ejercer esta potestad de manera efectiva.

¿Cómo ve el panorama en Venezuela, con un revocatorio en ciernes y con la detención de periodistas, como Braulio Jatar?

Hemos prestado atención prioritaria a la situación de libertad de expresión en Venezuela. Realicé una visita académica al país en el mes de junio. Posteriormente, junto con el relator para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, remitimos una extensa comunicación al Estado, que luego hicimos pública, alarmados por el proceso de deterioro sistemático de la libertad de expresión en el país. En medio de una crisis económica y social que afecta necesidades básicas de la población, con un proceso político polarizado, garantizar la libertad de expresión es una obligación del Estado venezolano y un medio para solucionar los problemas que afectan al país. Sin embargo, el Gobierno continúa ejecutando medidas y acciones que irrespetan la libertad de expresión (control directo e indirecto sobre medios, criminalización de las expresiones disidentes o simplemente críticas, destitución de funcionarios públicos que se manifiestan políticamente, obstaculizar las manifestaciones y protestas, controles sobre el papel periódico, precarización de las licencias de radiodifusión, despidos de periodistas, etc). En este contexto, la justicia venezolana no ha garantizado el derecho a buscar, recibir y difundir información, por el contrario, ha adoptado decisiones en el sentido de negar el acceso a la información sobre indicadores básicos, ha ordenado la censura de contenidos sobre la situación del país en los medios y da curso a acciones y sanciones penales contra periodistas y dirigentes políticos. La reacción del Gobierno frente a la reciente movilización que exigía habilitar el referéndum revocatorio fue una muestra de autoritarismo y estuvo encaminada a interponer obstáculos tanto a la manifestación como a la cobertura de la misma. Las jornadas siguientes estuvieron marcadas por allanamientos y la detención de dirigentes o periodistas críticos para, posteriormente, levantar cargos por parte de la inteligencia del Estado. Son expresiones incompatibles con el sistema democrático y con la obligación de respeto a los derechos humanos.

¿Y en Ecuador, ante una posible reelección de Rafael Correa?

En Ecuador hay una serie de mecanismos de vigilancia estatal sobre las libertades que el Gobierno pretende justificar en la protección de intereses, como el honor de los funcionarios públicos y el derecho de la población a recibir información veraz. La regla general es que los gobernantes tienen el poder para justificar y defender sus actos, pero están sometidos a la crítica, aunque esta sea dura e injusta, y el Gobierno no debe condicionar directa o indirectamente la difusión de información de interés público. En Ecuador, estos principios se han invertido y se privilegia la versión oficial por encima del derecho al escrutinio y al debate de ideas, se desconoce así el funcionamiento de los medios de comunicación en una democracia. El gobierno ecuatoriano ha montado un andamiaje legal e institucional que habilita la discrecionalidad en el uso abusivo del derecho de rectificación y respuesta, y se han construido ilícitos para sancionar a la prensa, como el llamado “linchamiento mediático”, hecho a medida para sancionar al periodismo de investigación. Por distintas vías, el delito de desacato, que había sido erradicado en la región, ha resucitado en Ecuador para castigar la critica ofensiva a los funcionarios públicos, y como bien sabemos, tiene un efecto inhibidor. El tema no se agota allí, luego se utilizan diversos mecanismos para limitar la crítica en internet y suprimir cuentas invocando la propiedad intelectual de la información que produce el propio Estado o el buen nombre de los funcionarios. Por otro lado, en Ecuador, empresarios como el mexicano Ángel González han entrado al mercado de medios, aumentando la concentración en el sector, y esto neutraliza al periodismo crítico. La Relatoría ha monitoreado muy en detalle esta situación, particularmente los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, y ha recomendado al Estado que modifique la ley en línea con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión. Esto mismo ha recomendado en forma muy clara y reciente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En Colombia y Brasil se están dando procesos, digamos, históricos. En Colombia el proceso de paz y en Brasil la destitución de Rousseff y la llegada al poder de Temer. ¿Cómo ve la situación en Brasil?

Hay varios asuntos respecto a la situación brasileña. La Comisión Interamericana expresó preocupación por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff frente a los cuestionamientos sobre la falta de respeto a las garantías del debido proceso en el impeachment. Por otro lado, hay una crisis derivada de hechos de corrupción que involucran a buena parte del sistema político, y es saludable que la sociedad, la justicia y parte de la prensa hayan reaccionado para denunciar estas situaciones. Ahora, hay un tercer aspecto que también nos preocupa, y es que el nuevo gobierno adopte decisiones que pueden ser regresivas respecto a la protección de los derechos humanos, la independencia y la autonomía de la televisión pública y la autonomía del órgano garante del acceso a la información, que eran conquistas de toda la sociedad brasileña. Mientras tanto, hay un sector importante de la población que no encuentra acceso a los medios y busca en la protesta hacer conocer sus demandas, una protesta muchas veces reprimida con el uso excesivo de la fuerza. Es un panorama para darle seguimiento estrecho.

Y en Colombia, ¿qué opina de las medidas que se han anunciado en virtud del Acuerdo Final entre las Farc y el Gobierno?

El conflicto armado y la guerra son factores que desencadenan las más graves violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, en la perspectiva de la protección de la libertad de expresión y los demás derechos fundamentales, una ruta hacia la paz es siempre mejor que otra década de guerra. La consolidación de la paz es una precondición para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la tolerancia hacia todas las posiciones y la democracia pluralista. Basta recordar, como lo hizo recientemente la FLIP en un recuento de los años de conflicto, que los periodistas fueron uno de los colectivos que más sufrieron la guerra, y muchos terminaron siendo víctimas de los distintos actores del conflicto. La Convención Americana y otros instrumentos del Sistema Interamericano están diseñados para preservar y profundizar el sistema democrático en la región, y la paz debe ser un objetivo de todo gobierno democrático.

¿Qué impacto tienen los acuerdos de paz en la libertad de expresión?

Respecto a la libertad de expresión, los acuerdos de paz proponen dos temas fundamentales: uno de ellos tiene que ver con transparentar la asignación de los recursos que el Estado administra y que tienen impacto en el sistema de medios de comunicación, como la asignación de publicidad oficial y la distribución de frecuencias radioeléctricas, y el segundo acuerdo busca ampliar el espacio cívico a través de la protección de la protesta social y la adopción de medidas para promover la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación, con especial énfasis en el sector comunitario. Por otra parte, el objetivo de promover el pluralismo informativo e ideológico es una finalidad imperiosa del Estado democrático y es un asunto central en esta etapa que comienza a transitar Colombia. Obviamente, la implementación de los acuerdos bajo principios de transparencia y no discriminación será muy importante y estamos dispuestos a colaborar en la asistencia técnica de las normas que se adopten para ello.

Puntualmente para Colombia, ¿Qué recomendaciones le daría al país, “ad portas” de un plebiscito histórico?

Afrontar la decisión sin miedo y sin temores infundados. La Comisión y la Relatoría han llamado al Estado a que active mecanismos a fin de garantizar el acceso efectivo a la información sobre el acuerdo a quienes ejercerán el derecho al voto, y también recomendamos que en el debate público sobre este plebiscito garantice la participación de todas y todos los actores, en un ambiente de pluralismo y tolerancia de las diversas opiniones. Hay que esperar el plebiscito. Luego vendrá otra etapa en la cual el acceso a la información, la libertad de expresión y el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad y a la construcción de memoria también van a constituir elementos importantes del proceso.

¿Ha habido avances en materia de libertad de prensa en Cuba, tras el acercamiento con Estados Unidos?

En un sistema autoritario y cerrado, las fuentes de información sobre lo que ocurre con la libertad de expresión siguen siendo limitadas. Lo que sabemos es que las detenciones de disidentes y periodistas por cortos períodos han aumentado en 2016, al igual que la vigilancia por razones políticas. Sigue existiendo una falta de garantías para ejercer el periodismo en general. A pesar de ello, los periodistas y activistas han aprovechado la conectividad a internet para aumentar las posibilidades de buscar, recibir y difundir información a través de plataformas digitales. Y hay un incipiente desarrollo de medios culturales y comunitarios. Pero el periodismo que puede tener visos de crítica política o de independencia de la línea gubernamental sigue siendo perseguido.

Y en Estados Unidos, ¿cuál es el panorama de la libertad de prensa, en momentos en los que ese país padece una profunda polarización por cuenta de la campaña presidencial?

Nos preocupa el discurso estigmatizante y nacionalista que vemos en la campaña a la Presidencia, como lo han señalado varios medios y organizaciones internacionales. Hay señalamientos a parte de la prensa bajo la lógica amigo-enemigo y se ha estigmatizado a comunidades enteras. No es nada auspicioso que se caracterice a los periodistas como deshonestos, menoscabar a las mujeres periodistas por su forma de preguntar o discriminar el acceso de los medios de comunicación a eventos de acuerdo a la línea editorial. Es cierto que no es lo mismo ser candidato que presidente del país y las obligaciones internacionales son otras, pero, igualmente, este tipo de declaraciones pueden desencadenar violencia contra los periodistas.

Por otra parte, y ya hablando del Estado, nos preocupa que se mantengan las sanciones penales graves contra funcionarios que revelan información confidencial que refiere a violaciones de los derechos humanos. También hemos recomendado que todos los estados de la federación deben facilitar la protesta y proteger a los periodistas que realizan la cobertura de estas expresiones críticas.

¿Cuál es la situación, en general, de la prensa en Centroamérica, una región convulsionada por los procesos judiciales en contra de varios expresidentes?

En países como Guatemala, El Salvador y Honduras, la prensa está jugando un papel extraordinario en la denuncia de los episodios de corrupción y los abusos de poder. Se trata además de un muy buen ejemplo de la desconfianza que la sociedad civil tiene hacia aquellos gobiernos que atacan a la prensa y señalan a los periodistas como enemigos, opositores e incluso llegan a denunciarlos penalmente. Si uno hace una rápida lectura de nuestros informes anuales, podrá observar que expresidentes como Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Baldetti en Guatemala, el expresidente Funes en El Salvador, en su momento promovieron denuncias, acusaron a periodistas o retiraron la publicidad oficial cuando la prensa comenzó a investigarlos. Pero, finalmente, la justicia está actuando y las investigaciones periodísticas parecen haber sido muy trascendentes en estos casos.

¿Qué medidas considera urgentes para hacerle frente a la situación de libertad de expresión en el continente?

Buena parte de los problemas existentes en la región y que mencioné en esta entrevista podrían encontrar un cauce si los estados que enfrentan desafíos serios adoptasen las recomendaciones que realiza la Relatoría en sus informes de monitoreo y la Comisión Interamericana al resolver los peticiones y denuncias individuales. Del mismo modo, los estados deben adoptar plenamente los puntos resolutivos de los fallos de la Corte IDH. Cuando los estados tienen una actitud proactiva respecto a las recomendaciones de los organismos del sistema, la región ha avanzado en las garantías para la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia. Ahora, mientras existan gobiernos que no aceptan la crítica ni el rol que tienen los medios y la oposición, vamos a seguir apreciando una brecha entre lo que dicen los instrumentos interamericanos y la práctica. No hay que olvidar que cuando se erosiona la libertad de expresión está sonando una alarma que avisa de las desviaciones hacia el autoritarismo, de la posible existencia de graves violaciones a los derechos humanos o sobre fenómenos de corrupción. Del otro lado, los estados también deben fomentar la diversidad y el pluralismo en las fuentes informativas, porque la exclusión de actores o grupos del espacio público, o un sistema de medios excesivamente concentrado en pocos actores, también genera distorsiones en el proceso democrático. Finalmente, creo que los medios y los periodistas en la región tienen la responsabilidad de abordar con seriedad y profundidad la autorregulación ética de la profesión, deben existir mecanismos efectivos y conocidos por el público y apego a estas reglas, porque el buen periodismo es fundamental para la democracia.

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