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En medio de la agitada batalla política con la oposición y en un escenario de agravamiento de la crisis económica y parálisis de la producción nacional, el gobierno venezolano ha encontrado al culpable de todos los males: Lorenzo Mendoza, el presidente de la mayor productora de alimentos del país, Empresas Polar, un gigante que se mantiene de pie pese a la lucha del chavismo contra el sector privado.
La historia de esta empresa omnipresente en Venezuela comenzó en 1941, con la creación de una corporación familiar bajo el nombre de Cervecería Polar. Pero la familia Mendoza, que ha estado al frente del negocio por tres generaciones, no se conformó con producir cerveza. El primer producto no alcohólico que sacaron al mercado fue la famosa Maltín Polar, en 1951. Y la aún más famosa harina Pan saldría al mercado a inicios de los 60. Esa harina, con la que se hacen las arepas, se ha convertido en el pan de cada día para miles, si no millones, de venezolanos. Hoy tienen más de 38 productos, muchos de los cuales hacen parte de la canasta básica en el país suramericano.
En 1991, celebrando 50 años, pasó a denominarse Empresas Polar. Al año siguiente, Lorenzo Mendoza Giménez y Juan Lorenzo Mendoza Pacheco llegaron a la dirección. Incursionaron en la producción de refrescos, hicieron alianzas estratégicas con multinacionales como Pepsico, abrieron importantes negocios en México y Estados Unidos y llegaron a Colombia, donde tienen en Facatativá una planta productora de harinas precocidas de maíz, avenas y arepas listas para comer. La compañía tiene más del 50% del negocio de la harina en Colombia.
La historia de Empresas Polar es emblemática, no sólo por ser la mayor empresa privada de alimentos del país, sino porque sobrevive a un gobierno que acabó con el sector productivo. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, y particularmente después de la huelga de PDVSA en 2002, el presidente arremetió contra los empresarios y dio inicio a una serie de expropiaciones y medidas como el control de cambios y de precios, que paralizaron el aparato productivo nacional, el cual hoy se sustituye con importaciones.
Mientras para los empresarios es cada vez más difícil importar insumos y materia prima para sus ciclos de producción, las empresas expropiadas bajan o acaban su productividad cuando quedan en manos del Estado. Al mismo tiempo, con Chávez se empezaron a utilizar los dólares procedentes de la renta del petróleo para subsidiar las llamadas “misiones sociales” y abastecer del recurso, con créditos preferenciales, a los aliados políticos en la región. Esto sin reinvertir en la industria petrolera ni crear un fondo de ahorros que sirviera cuando el precio del barril estuviera por el piso, como ahora.
En ese contexto, Empresas Polar ha tenido frecuentes choques con el Gobierno y ha denunciado el acoso por parte del mismo y las trabas en la concesión de licencias de importaciones. Además ha insistido en que los controles de precios en una economía inflacionaria perjudican la producción y la importación de materia prima. En enero de 2015, la empresa aseguró haber recibido más de 1.800 inspecciones en sus instalaciones. Entonces también anunció que producía 1,6 millones de toneladas de alimentos y generaba el 3% del PIB no petrolero del país.
Lorenzo Mendoza, actual presidente de la empresa, fue encasillado desde la era Chávez en el estereotipo de “imperialista”, “oligarca”, “neoliberal”, “burgués”, contra el cual el chavismo ha enfocado su lucha ideológica y justificado sus decisiones políticas y económicas. En repetidas ocasiones, Chávez amenazó con expropiar Empresas Polar. Lo mismo hace ahora su sucesor, Nicolás Maduro. “El pelucón del diablo”, le dice Maduro a uno de los empresarios más exitosos en la historia de su país, el dirigente de una empresa cuya producción industrial sólo es equiparable con la estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En julio de 2015, un tribunal ordenó el desalojo de unas instalaciones de la empresa en el suroccidente de Caracas, para destinar el terreno a la construcción de viviendas, tras una decisión del Gobierno de expropiar depósitos de Nestlé, Pepsi y Empresas Polar. Para entonces, dirigentes y trabajadores de Polar alegaron que esa decisión sólo incrementaría el desabastecimiento, dado que las instalaciones albergaban una red de distribución hacia 19 municipios, incluyendo la capital y dos estados vecinos.
En días más recientes, mientras Venezuela entra en una crisis alimentaria y el país parece no aguantar más la situación de desabastecimiento, hiperinflación, déficit y derrumbe en el precio del barril, el Gobierno señala a Lorenzo Mendoza de ser el autor de la “guerra económica” contra el pueblo venezolano. La “guerra económica” es una entelequia con la cual el chavismo intenta desmarcarse de su responsabilidad por la crisis, derivada de decisiones populistas por parte de sus líderes políticos. Además, el propio Maduro tildó a Mendoza de “ladrón” y “traidor a la patria”, y le dijo públicamente que si no es capaz de administrar sus empresas, las entregue al pueblo.
Mendoza respondió con cifras y propuestas. Según él, a pesar de los problemas para conseguir divisas para poder importar y de acumular deudas por US$370 millones con sus proveedores internacionales, mientras la economía venezolana cayó 9% desde 2013, Polar incrementó su producción en 5,5%. Desde 2004 la empresa incrementó 68,5% su número de trabajadores, para un total de 30.000 directos y 180.000 indirectos. Además, Mendoza explicó que Polar genera US$23.318 millones en contribuciones fiscales, las cuales el Gobierno luego direcciona a programas sociales e infraestructura, entre otros.
Mendoza anunció, además, que, como cualquier país, Venezuela requiere del sector privado para salir de la crisis, restituir el mercado y la inversión. Para eso presentó una serie de medidas para trabajar con el Gobierno en la recuperación del aparato productivo. Propuestas que no han sido atendidas.
El chavismo no ha abandonado su intención de expropiar a Empresas Polar. Antes de las acusaciones de Maduro contra Mendoza, en enero el presidente compareció ante la Asamblea Nacional y presentó el decreto N° 2184 para declarar la emergencia económica en todo el territorio nacional. Decreto que no fue aceptado por el cuerpo legislativo, hoy dominado por una supermayoría opositora, y que planteaba el otorgamiento de leyes habilitantes al presidente (más de las que ya tiene), con las cuales podría proceder a la expropiación de Polar u otras empresas. Es decir, un decreto para profundizar las medidas que tienen la economía paralizada, en vez de buscar soluciones.