La justicia peruana reabrió una investigación en contra del expresidente Alberto Fujimori y de tres miembros de su gabinete, en relación con el programa estatal de esterilización a través del cual, se ha denunciado, miles indígenas pobres fueron intervenidas para disminuir la tasa de natalidad del país.
De acuerdo con la información divulgada por el medio estadounidense Fusion, reportes de las autoridades de ese país estiman que unas 300.000 mujeres y 20.000 hombres, la mayoría de escasos recursos y analfabetas, habrían sido esterilizados en el marco de ese programa entre 1995 y 2000. De ellos, denuncian organizaciones de derechos humanos, no menos de 2.000 lo hicieron obligadamente, aunque sus cálculos van hasta los 200.000.
Hace más de un año, el caso se había cerrado por falta de pruebas que evidenciaran la supuesta sistematicidad y, por ende, que se trató de un crimen de lesa humanidad. Pero grupos de derechos humanos como el Centro para Derechos Reproductivos apeló. La respuesta de Fujimori siempre ha sido que todas las esterilizaciones fueron voluntarias.
Los testimonios de algunas mujeres, sin embargo, indican lo contrario: han relatado que fueron amenazadas con la cárcel o coaccionadas para firmar los permisos que se requerían para hacer las intervenciones, señaló Fusion.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las esterilizaciones solían hacerse sin condiciones de salubridad, sin anestesia, y que incluso a algunos funcionarios del sector salud les imponían “cuotas” de esterilizados.