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El autobús en el que viajaba Rosendo Radilla con su hijo de 11 años fue detenido por un retén militar a las afueras de Atoyac en el estado de Guerrero, al sur de México. Los militares lo hicieron bajar y se lo llevaron al cuartel militar de Atoyac. Nunca más volvió a ver a su familia.
La historia de Rosendo ocurrió en el año 1974, durante el período que se conoce como la Guerra Sucia. En ese tiempo, el Estado mexicano fue responsable de la desaparición forzada de más de 1.200 personas, de las cuales se calcula que 600 provenían del estado de Guerrero. En noviembre de 2009, la Corte Interamericana sentenció a México por los hechos, marcando un precedente importante para la protección de los derechos humanos. Con la adopción de la sentencia, el Estado dijo que esto no volvería a pasar.
Jhosivani, Luis Ángel, Marco Antonio y otros cuarenta jóvenes más estudiaban para ser maestros en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Muchos de ellos provienen de los municipios más pobres del estado de Guerrero; muchos de ellos son los primeros en su familia en tener una carrera; muchos de ellos sueñan con enseñar computación, matemáticas y ciencias en las escuelas primarias de Guerrero. Hoy 28 cuerpos calcinados yacen en una fosa común.
Hace tres semanas los jóvenes normalistas fueron víctimas de un país de pesadilla donde la línea entre los policías y el crimen organizado parece haber sido borrada. Los incidentes comenzaron el 26 de septiembre, cuando los jóvenes que protestaban en la ciudad de Iguala fueron atacados por policías municipales. En el lugar murieron seis personas y a 43 no se las ha vuelto a ver con vida.
El 4 de octubre, en las afueras de Iguala, fueron localizadas unas fosas comunes con 28 cuerpos calcinados. La sospecha de que se trata de los desaparecidos es inevitable, aunque de acuerdo con las autoridades de la Procuraduría General de la República no se tendrán los resultados de ADN hasta dentro de dos semanas. Sin embargo, entre más se investiga el caso surgen más detalles de la complicidad de las autoridades municipales con el crimen organizado.
Guerreros Unidos se llama el grupo que está siendo responsabilizado de la matanza de los estudiantes; 22 policías están siendo investigados por su participación en la matanza y por sus vínculos con este grupo delictivo. El presidente municipal de Iguala está prófugo y se está iniciando un proceso para quitarle el fuero y poder juzgarlo. El gobernador de Guerrero ha anunciado que hará controles de confianza a todos los presidentes municipales del estado.
Sin embargo, no queda claro cuáles son las razones por las que la delincuencia organizada atacaría a un grupo de estudiantes para después asesinarlos. El caso de San Fernando, donde los cuerpos de 72 personas migrantes fueron encontradas en fosas, es uno de los ejemplos en que la delincuencia organizada ha cometido actos similares a lo que pudo haber pasado con los estudiantes.
Por una parte, se dice que los jóvenes ya habían sido extorsionados por el grupo delictivo y que pudieron haber actuado en represalia. Por otra parte, existe una denuncia en contra del presidente municipal por presuntamente haber matado a un opositor, y hay un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que lo vincula al crimen organizado. La desconfianza hacia las autoridades del gobierno local y municipal, así como la infiltración de grupos delictivos, hacen que cualquier hipótesis sobre lo ocurrido pueda ser posible. Según testimonios de las personas que ya han sido detenidas, se sabe que miembros de Guerreros Unidos y policías municipales mataron a 17 normalistas, aunque falta esclarecer las razones por las ocurrió la desaparición. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya se posicionó sobre el tema pidiendo que se realice una investigación completa y transparente de los hechos.
Además, ya han se han realizado varias marchas a lo largo del país y se prevén aún más movilizaciones. Quizás esta vez la pesadilla de la desaparición forzada no quede en la injusticia, como fue el caso de Rosendo Radilla. Quizás no se tenga que esperar cuarenta años para que un organismo internacional se pronuncie por las violaciones graves a los derechos humanos de los mexicanos. Pero es innegable que algo anda muy mal en un país en el que se pueden desaparecer 43 estudiantes y nadie sabe por qué.
*¿Quiénes son los Guerreros Unidos?
Los principales sospechosos de estar detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa pertenecen, al parecer, a este cartel de la droga que nació de la debilitada organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva. Entre 2009 y 2011, la detención y las bajas de los principales cabecillas de los Hermanos ocasionó la atomización de su estructura —para entonces una de las más grandes de México— y la aparición de pequeñas bandas narcotraficantes. Los Guerreros Unidos comparten la región de Guerrero con otro grupo: los Rojos, con quienes se han dividido las tareas de cultivo, producción y tránsito de drogas. En palabras del experto en seguridad de la Universidad Autónoma de México, Raúl Benítez Manaut, se trata de “delincuentes de entre 16 y 25 años, descendientes de grandes carteles, que conservan sus armas y conocen el modus operandi del crimen organizado”.
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