Esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le entregó más de mil documentos desclasificados a la presidenta chilena, Michelle Bachelet. En ellos el nombre de Orlando Letelier, ministro de Defensa del presidente Salvador Allende en los tiempos del golpe, es un elemento común. De acuerdo con Juan Pablo Letelier, hijo del inmolado, existe una comunicación en la que se señala, de modo concluyente, que el general Augusto Pinochet ordenó el asesinato de Letelier. Hasta ahora, su responsabilidad había sido una verdad murmurada, sin pruebas.
Sin embargo, la sospecha tenía más tintes de verdad que de fantasía. Por entonces, Orlando Letelier estaba refugiado en Washington, donde había servido como embajador para el gobierno de Allende. Su relación con el partido socialista chileno venía de antaño: sus primeros esfuerzos en política están relacionados con movimientos universitarios de izquierda. Cuando se convirtió en miembro del gobierno de Allende se hizo también enemigo del futuro régimen militar.
En septiembre de 1973 fue capturado por las fuerzas militares y comenzó un tránsito penitente entre cárceles. Estuvo, por ejemplo, en la isla Dawson, cerca del Ártico, en una suerte de campo de concentración que minó sus fuerzas. Por la presión política venezolana fue liberado y en breve se reunió con su familia y partió hacia Washington. El día de su muerte, el 21 de septiembre de 1976, los obituarios recordaron que en su tiempo en Estados Unidos Letelier había sido profesor e investigador y que fungía como crítico del régimen chileno. Su discurso, hostigante para las fuerzas pinochetistas, produjo incluso un bloqueo económico sobre Chile. Era evidente que sus relaciones con Pinochet eran desastrosas.
Una bomba puesta bajo su carro y activada a control remoto desmembró a Letelier y a su asistente, Ronni Moffitt. Michael Moffitt, esposo de la asistente, iba en el puesto de atrás y sobrevivió. Estaban apenas a unos pasos de la Casa Blanca. El escritor y cineasta Saul Landau, que ayudó a Letelier en su exilio en Washington, dijo a la BBC en 2011: “Todos estaban sorprendidos por la audacia del atentado. Que alguien se atreviera a hacerlo a tres cuartos de milla de la Casa Blanca, en la capital del imperio (...) Yo quería venganza. No había duda de que Pinochet había ordenado el asesinato. Quería buscar a los asesinos y no confiaba en el FBI. (...) Tenía una ira terrible”.
La investigación se cerró poco después ese mismo año, a pesar de que Isabel Letelier, la esposa del exministro, había recibido un par de llamadas telefónicas amenazantes. En una de ellas le preguntaron si era la señora Letelier. Ella asintió. Del otro lado alguien sonrió y le dijo: “No, usted es la viuda”. La impunidad que en principio embargó el proceso por la muerte de Letelier tomó otro rumbo cuando en 1990, después de la caída de Pinochet, la investigación fue reabierta. Entonces encontraron a dos culpables directos, que fueron condenados a siete y seis años de cárcel: el director de la Dina, Manuel Contreras (fallecido el 7 de agosto de este año, con una condena de 500 años encima), y el brigadier Pedro Espinoza. La investigación también aclaró que tuvieron la ayuda de un grupo de anticastristas en comunicación con agentes de Estados Unidos.
Uno de esos agentes, el principal, era Michael Townley. Exagente de la CIA, Townley fue el encargado de preparar e instalar la bomba y es también el responsable del homicidio de Carlos Prats, comandante en jefe en la época de Allende, en 1974. A pesar de las pruebas certeras contra Townley y de que aceptó su responsabilidad, Estados Unidos lo incluyó en un programa de protección para testigos y lo liberó. Townley cambió su nombre y tomó una residencia desconocida.