:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/FXR8I65eqSBTmmOPHSom4vzxf2M=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/XYAS5AVMO5CEDNS7QEDCCLGW6U.jpg)
Comunidades amazónicas de Perú son víctimas de avasallamiento y violencia en territorios protegidos de la selva en los que el gobierno otorga concesiones de extracción de recursos, denunció el miércoles una organización de vigilancia socioambiental en un informe.
Las concesiones "no han sido planificadas teniendo en cuenta los procesos de ordenamiento territorial ni han sido consensuadas con la población mediante procesos de consulta previa", informó el observatorio 'Vigilante Amazónico', una red de monitoreo de conflictos socioambientales en la selva peruana.
En la región selvática de Loreto, la más extensa del país, se han entregado concesiones a la firma francesa Perenco, a la española Repsol y a la brasileña Petrobras, todas ellas en zonas donde habitan pueblos indígenas en aislamiento, afirma el Vigilante Amazónico.
La entidad advirtió que a falta de diálogo "los planes extractivos pueden deteriorar y degradar el medio ambiente y provocar fisuras en el tejido social, afectando las relaciones del Estado y las empresas con los pueblos indígenas, que ven amenazados sus derechos y proyecciones sobre sus territorios".
Según el observatorio amazónico, en la región Amazonas coexisten 571 concesiones mineras, muchas de ellas ubicadas en la Cordillera del Cóndor, una zona de selva virgen en la zona de frontera con Ecuador, donde habitan los awajun y wampis.
En esa zona se han otorgado concesiones a la minera Afrodita, de capitales canadienses, y a Maurel et Prom, de capitales franceses.
"Los indígenas amazónicos no son tomados en cuenta en las tareas del desarrollo y enfrentan lo que constituye una práctica histórica del Estado", explicó Miguel Lévano, coordinador del observatorio amazónico, a la AFP.
Las concesiones y actividades de empresas extractivas afectan a las etnias awajun, wampis, kichwa y kewcha de la selva nororiental, y al pueblo asháninkla en la selva central peruana.
El indígena Jaime Tapullina Pashanase aclaró, por su parte, que las etnias amazónicas tienen títulos de propiedad de sus tierras, pero que las concesiones otorgadas a las empresas mineras y petroleras no respetan los límites de sus territorios y de áreas naturales.
La región amazónica fue escenario en junio de 2009 de un enfrentamiento entre indígenas y la policía que dejó 34 muertos -24 policías y 10 nativos- debido a un decreto rechazado por los indígenas que permitía el acceso de empresas extractivas en sus territorios.