Las declaraciones del director general de Aduanas de Argentina, Juan José Gómez Centurión, quien dijo que la última dictadura militar (1976-1983) no se trató de un "plan genocida" dirigido a desaparecer a personas, causaron hoy polémica en el país y tuvieron que ser rechazadas por el Gobierno.
"Esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno", señaló la Secretaría de Derechos Humanos del Ejecutivo de Mauricio Macri en un comunicado.
El rechazo llega por la polémica que suscitaron entre las organizaciones sociales y de derechos humanos y los medios de comunicación del país los dichos de Gómez Centurión, excombatiente en la guerra que en 1982 enfrentó a su país con Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, en una entrevista realizada anoche en el canal América TV.
El funcionario se refirió al tema cuando le consultaron si sentía "odio" por el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982), quien declaró la guerra a los británicos.
"Odio, no. (...) Siento que fue un personaje de la historia que nadie lo va a recordar", señaló antes de negar también que dicho presidente de facto fuera parte de un plan genocida.
"No, yo no lo creo. El Gobierno de facto no creo que fuera un plan sistemático (de desapariciones). No lo creo. Creo que no cometo un pecado mortal con esto", subrayó Gómez Centurión, quien descartó que el número de desaparecidos por la dictadura fuera de 30.000, tal y como sostienen los organismos de derechos humanos.
En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos hizo hincapié este lunes en que tampoco le parece "acertado" discutir la verdad de los números porque "no mitigan la dimensión de la tragedia" y aseguró que la cifra de 30.000 "es un emblema social y como tal, resulta indiscutible".
Asimismo, destacó que el 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de "la peor dictadura que soportó" Argentina, donde el "terrorismo de Estado" se sostuvo en un "plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias".
La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo hoy que el titular de la Aduana "está convencido de que estuvo bien matar, torturar, violar, asesinar y destruir familias" y aseguró que lo que sus dichos coinciden con "la visión del Gobierno" porque la mayoría de los funcionarios de Macri "han participado en la dictadura con sus empresas, con su silencio".
"Si no representa al Gobierno, que lo echen a la mierda", aseveró en declaraciones a Radio 10 en las que tachó de "cínico" el comunicado de la Secretaría.
Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que Gómez Centurión "está agraviando a la historia y a todos los argentinos" y lo consideró una persona "peligrosa" para ejercer un cargo público.
"Lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente", señaló en una entrevista con Radio del Plata.
Con ambas coincidió el Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez-Esquivel, quien acusó a Gómez Centurión de ser "cómplice de la dictadura".
"Lo que está haciendo este Gobierno es querer demoler poco a poco todo lo que es la memoria y la política de derechos humanos", agregó el activista argentino en referencia a un polémico decreto por el que el Gobierno modificó el régimen de festivos la pasada semana y del que finalmente tuvo que dar "marcha atrás".
La medida dejaba de considerar "inamovibles" días emblemáticos como el de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), que conmemora el golpe militar que dio inicio a la última dictadura, o el que homenajea al Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril).
Sin embargo, tras la presión de asociaciones de veteranos de guerra y organismos de derechos humanos, este fin de semana el Gobierno reculó y anunció que este lunes emitirá otro decreto "rectificador" para establecer la inamovilidad de dichos días.