A la par del incremento de las protestas estudiantiles, crecieron en Chile las denuncias sobre un uso excesivo de la fuerza policial en las protestas callejeras y desalojos de colegios ocupados, con acusaciones de golpizas y abusos sexuales a menores de edad.
Justo un año después de que la policía chilena quedó en el ojo del huracán por matar de un disparo en el pecho a un adolescente en una protesta -que significó la salida de nueve policías-, la institución está acusada de golpear, humillar y desvestir a estudiantes menores de edad al interior de un cuartel.
Enfrenta además denuncias sobre un uso excesivo del gas lacrimógeno y chorros de agua a presión lanzados a destajo para disuadir las manifestaciones callejeras.
"Me hicieron pasar y sacarme la ropa; me hicieron hacer sentadillas desnudo", relató a medios locales Ignacio Muñoz, presidente del centro de alumnos del Liceo María Luisa Bombal, de Rancagua, quien fue detenido y esposada por más de cinco horas junto a otras nueve personas, dos de ellas menores de edad, tras la desocupación de su colegio.
Por este caso, cuatro policías serán sancionados porque se estableció que violaron los protocolos establecidos para este tipo de detenciones, según anunció la institución.
Los estudiantes afectados presentaron por su parte una denuncia ante los tribunales en busca de que se sancione criminalmente a los culpables.
Este jueves, además, un agente de las fuerzas especiales fue dado de baja de la institución tras difundirse un vídeo que lo muestra pateando a escolares que eran desalojados de un edificio en construcción en el que se habían refugiado en la última marcha del martes en Santiago, que reunió a más de 50.000 personas.
"Quisiéramos que dieran un paso más y que no haya una reacción posterior, sino que se pudieran a afinar los protocolos operativos en este tipo de operaciones que requieren un tratamiento especial, porque se trata de menores de edad", señaló la presidenta del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries.
"Los protocolos para su aplicación requieren de criterio y me parece que aquí lo que ha habido es descriterio", agregó Fries, cuya institución investiga tres casos de abusos contra menores en detenciones.
"Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y haya más control", respondió de su lado el máximo jefe de la policía, Gustavo González.
El miércoles, en tanto, el presidente Sebastián Piñera se mostró preocupado por las denuncias y aseguró que su gobierno "no tolerará excesos ni abusos policiales".
Para hacer frente a las denuncias, se han conformado al menos cuatro grupos 'observadores de derechos humanos', voluntarios que ataviados con cascos, libretas y cámaras fotográficas se dedican a registrar los abusos policiales durante las manifestaciones callejeras, para luego hacer las denuncias a organizaciones humanitarias.
"Salimos a las calles para evidenciar y denunciar hechos de violencia contra las personas, para que no se repita lo que tuvimos que vivir durante la dictadura de (el general Augusto) Pinochet (1973-1990)", cuando la policía formó parte de los aparatos represivos del Estado, explicó a la AFP Marta Cistena, de una asociación que agrupa a unos 16 observadores.
"Hoy vemos absolutamente desproporcionado y desbocado el accionar de Carabineros (policía militar). En este minuto, la policía cree que puede hacer lo que quiere en la más total y absoluta impunidad. Creo que no se están cuidando de las formas", agregó Cistena.
Los estudiantes chilenos reclaman desde el año pasado un profundo cambio al sistema educativo que se mantiene como herencia de la dictadura de Pinochet y que es considerado uno de los más desiguales y caros del planeta.