Presión mundial contra el espionaje de EE.UU.

Múltiples organizaciones de derechos humanos exigen al gobierno estadounidense que reforme la Ley Patriota y revele todos sus programas de espionaje.

Daniel Salgar Antolínez
13 de junio de 2013 - 09:12 a. m.
Pequeña manifestación en apoyo de la Administración Nacional de Seguridad (NSA) denunciante Edward Snowden en Union Square de Manhattan. /AFP
Pequeña manifestación en apoyo de la Administración Nacional de Seguridad (NSA) denunciante Edward Snowden en Union Square de Manhattan. /AFP
Foto: AFP - MARIO TAMA

 

El mundo está conmocionado por el secretismo y el alcance de la vigilancia estadounidenses desde que  Edward Snowden decidió revelar en Hong Kong información sobre el programa Prism, mediante el cual la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) tiene acceso a los servidores de grandes empresas de internet como Facebook, Yahoo, Microsoft y Google, entre otras. El preludio de la conmoción generada por Prism fue la revelación de los convenios que permiten que  la NSA tenga acceso completo y directo a los registros telefónicos de los clientes de Verizon, una de las más importantes compañías de telefonía celular en EE.UU. Ambas noticias desataron uno de los mayores escándalos que ha tenido que enfrentar el presidente Barack Obama durante su gobierno.

Más de 80 organizaciones civiles y de Internet, entre ellas Mozilla Foundation, World Wide Web Foundation, Greenpeace USA y la  American Civil Liberties Union (ACLU), han lanzado una campaña (stopwatching.us) para urgir al Congreso de EE.UU. a divulgar todos los detalles de los programas de espionaje de la NSA. Hasta la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, escribió al fiscal general de EE.UU., Eric Holder, para pedirle precisiones sobre el programa de espionaje en internet, que podría tener "graves consecuencias" para los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. La comisaria añadió que el Parlamento Europeo "podría evaluar la relación transatlántica en su conjunto” según las respuestas que tengan desde Washington, en momentos en que la UE y EE.UU. están ad portas de firmar un tratado de libre comercio.

La directora general World Wide Web Foundation, Anne Jellema, en conversación con El Espectador, dice que el programa de vigilancia en internet “viola, primero, el derecho a la privacidad. Y segundo y más importante,  si es cierto que se está desarrollando esa vigilancia masiva, eso va a tener un efecto en los derechos a la libertad de información, en la libertad de expresión y en la libertad de asociación, porque si la gente sabe o sospecha que hay otros que monitorean y vigilan todo lo que hacen, no va a poder ejercer a cabalidad esos derechos”.

El presidente Barack Obama ha defendido la legitimidad del programa Prism y ha sostenido que se debe hallar un equilibrio entre el derecho a la intimidad y la seguridad nacional. El director de la NSA, Keith Alexander,  argumentó este miércoles durante su primer interrogatorio ante el Congreso, que decenas de potenciales ataques terroristas han sido frustrados gracias a los programas de vigilancia estadounidenses.

El debate entre la privacidad y la seguridad agita hoy la prensa y las redes sociales. Para Jellema, sin embargo, la discusión va  más allá: “yo diría que enfrentamos un debate sobre cómo preservar y mantener una sociedad democrática. Sobre cómo podemos tratar las amenazas de seguridad de una manera que sea consistente con los pilares de una sociedad democrática y la fuerza de la ley. Cuando empiezan a temblar esos pilares, estamos dejando espacio para que nazcan nuevas amenazas en el futuro”.

Las organizaciones firmantes de la campaña stopwatching.us claman por una reforma de la sección 215 de la ley Patriota de 2001, que amplió los poderes de espionaje del Gobierno norteamericano, y de otra ley de 2008 que modificó la legislación FISA de 1978, para conceder más autoridades de vigilancia al Ejecutivo.

La Ley Patriota, objetivo de constantes ataques por parte de defensores de los derechos humanos, tenía el propósito de ampliar la capacidad de control del Estado para combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia. La sección 215 de esa ley autoriza al gobierno a obtener "algo tangible" relevante para una investigación sobre terrorismo, incluso si no hay muestra de que pertenezca a presuntos terroristas o actividades terroristas. Esta disposición, según la ACLU, “es contraria a las nociones tradicionales de búsqueda y captura, que exigen que el gobierno demuestre sospecha razonable o causa probable antes de emprender una investigación que afecte a la intimidad de una persona”.

La ACLU, junto a la Unión Neoyorquina de Libertades Civiles, presentó este miércoles una demanda contra la NSA, por el programa de espionaje telefónico. Brett Kaufman, miembro del equipo legal de ACLU, explica a El Espectador que ese programa viola la Primera Enmienda constitucional, que garantiza las libertades de organizaciones e individuos de palabra y de asociación, así como la Cuarta Enmienda, que protege el derecho a la intimidad. “Alegamos que esa orden para obtener información de Verizon es inconstitucional. Pedimos que dejen de usar ese tipo de órdenes para obtener nuestra información y que devuelvan la información que ya han obtenido”.
La Unión para las Libertades Civiles demandó a la Agencia de Seguridad Nacional por el “inconstitucional” registro de llamadas telefónicas.

Kaufman dice que “es claro que cuando el gobierno tiene una gran cantidad de datos de los individuos, tiene mucha información sobre las vidas privadas. Esto es preocupante especialmente cuando se trata de la labor que hace la ACLU, que involucra asuntos sensibles y confidenciales, incluso información que viene de “whistleblowers” o personas involucradas en el gobierno que prefieren que su información sea confidencial. El hecho de que nuestras llamadas sean monitoreadas por el gobierno, inevitablemente va a hacer que la gente evite llamarnos o comunicarse con nosotros, eso es una violación a nuestros derechos según la constitución”.

Mientras la presión crece sobre Washington, la incertidumbre sobre el futuro de Edward Snowden se hace cada vez mayor. El exagente de la CIA, de 29 años, se encuentra presuntamente en Hong Kong, aunque su paradero exacto es desconocido. Los ejemplos de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks que está detenido hace casi un año en la embajada de Ecuador en Londres, y de Bradley Manning, el soldado estadounidense que por filtrar información clasificada a WikiLeaks es acusado de ayudar al enemigo y violar la Ley de Espionaje, no le auguran buenos tiempos a Snowden. En palabras de Anne Jellema, la directora de WWW Foundation, “mucha gente en el mundo espera ver si Snowden va a recibir un trato justo por parte del gobierno de EE.UU. Para mucha gente el gobierno estadounidense ha sido un pilar de la democracia y la transparencia, y cómo maneje este caso de las acusaciones sobre espionaje y sobre la persona que reveló esta información, va ser muy cuidadosamente observado por millones de personas, que quieren ver si EE.UU. todavía puede poner en práctica los ideales democráticos que representa. La protección de los “whistleblowers” es muy importante en la ecuación de la transparencia y la sociedad democrática”.

Por Daniel Salgar Antolínez

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