El Gobierno de la provincia argentina de Córdoba deberá indemnizar, por orden judicial, a los padres de una joven de 19 años que fue asesinada junto a su hijo de seis meses por su expareja, informaron este lunes a Efe fuentes judiciales.
El fallo, el primero de estas características en Argentina, condena al Estado por "daño moral" y lo obliga a pagar 100.000 pesos (unos 12.210 dólares) a la familia por las muertes de la joven y de su hijo a manos de su expareja, ocurridas en el año 2000.
La condena al Estado se basa en que, pese a las denuncias realizadas, "la Policía no adoptó las medidas de seguridad exigidas para evitar hechos de violencia contra la mujer, pese a las reiteradas denuncias previas que había formalizado contra su marido".
La resolución es de "aplicación restrictiva y para un caso puntual", explicó a Efe la jueza Claudia Zalazar, una de las firmantes de la sentencia, quien añadió que también se solicita a la provincia que "pague de forma inmediata y voluntaria".
Para resolver el caso se tomaron en cuenta dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el de María Pena en Brasil, que se refiere a la "tolerancia pública ante la denuncia", y otro que "habla de casos puntuales, restrictivos en los que el Estado debe responder por delitos entre particulares", indicó Zalazar.
"El culpable de este homicidio es el exmarido, que mató a la chica pero hemos culpado al Estado porque esta joven había hecho reiteradas denuncias ante la Policía, y entendemos que esta descoordinación y la falta de interés es lo que ayudó a provocar este desenlace", manifestó.
"El Estado tiene un deber de diligencia reforzado que lo coloca en una posición de garante ante el riesgo de violencia basada en el género", argumentó la magistrada.
Sin embargo -prosiguió- "le hemos dado un 50 por ciento de la responsabilidad al Estado porque consideramos que aún si hubiese tomado todas las medidas preventivas, podría haber ocurrido lo mismo".
"Es un antecedente muy importante pero hay que ser prudentes" aseguró a Efe María Teresa Puga, directora de la Fundación Mujer, Paz y Desarrollo (FUPADE) de Córdoba.
Puga consideró que el fallo "aceitará" los mecanismos del Estado para que no se desestimen denuncias, aunque también "podría desestabilizar a la Administración si se llegase a producir "una catarata" de ellas.
En este sentido, aseguró que es un tema que se "habla desde hace relativamente poco, unos 20 años" y que los organismos gubernamentales aún "no están preparados para el cambio cultural que supone".