El proyecto de ley que legaliza la producción y la venta de marihuana en Uruguay quedó a una sola votación parlamentaria de su aprobación definitiva, después de que la Comisión del Salud del Senado ratificara la propuesta de la Cámara de Diputados, confirmaron fuentes legislativas.
La oficialista coalición de izquierda Frente Amplio (FA), que tiene mayoría en ambas cámaras, se "comprometió" a llevar el tema para su análisis final y eventual aprobación al pleno de la Cámara de Senadores el próximo 10 de diciembre, señalaron fuentes de esa fuerza política.
El proyecto fue aprobado en la noche del martes en la Comisión de Salud de la Cámara alta con los votos únicamente de los senadores oficialistas, panorama similar al que tuvo en la Cámara de Diputados, el pasado 31 de julio.
La oposición mantiene su rechazo a la iniciativa impulsada por el presidente uruguayo, José Mujica, pero no tiene posibilidades de modificarla por estar en minoría en el Parlamento.
El senador Alfredo Solari, del Partido Colorado, segunda fuerza de la oposición y presidente de la Cámara de Salud del Senado, afirmó que su partido tiene "dos tipos de reparos" sobre el proyecto de ley y que son "de fondo y de forma".
La "principal objeción de fondo" es que la "herramienta" que busca el Gobierno para reducir el narcotráfico "es una habilitación casi masiva para el acceso a la marihuana", dijo.
Ello, en opinión de Solari, médico de profesión, "tendrá efectos sanitarios muy negativos" porque "se incrementará el consumo y aumentarán los daños físicos especialmente a niños y adolescentes", aseguró.
En opinión del legislador opositor, el tema por su importancia "merece una política de Estado y un acuerdo entre todos los partidos políticos".
En lugar de ello el presidente Mujica "prefiere dar un salto al vacío" y "experimentar" con el país "para ver si la idea sale bien", agregó.
El mandatario señaló en varias oportunidades que el objetivo de su proyecto es "arrebatar el tráfico de drogas" al narcotráfico como forma de garantizar la salud de los uruguayos.
Por el lado de la represión, "la lucha contra el tráfico de drogas está perdida a nivel mundial" y por ello "buscamos alternativas", afirmó Mujica, de 78 años y quien, según dijo, nunca probó la marihuana.
En Uruguay el consumo de marihuana no está penado por ley pero sí su venta y cultivo.
El proyecto impulsado por el presidente legaliza la compraventa y el cultivo y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar la producción y la distribución de la droga.
Los consumidores previamente registrados podrán comprar marihuana en farmacias especialmente habilitadas, hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, señaló recientemente que de entrar en vigor tal y como está previsto, para el segundo semestre de 2014 el nuevo sistema podrá estar en marcha.
Calzada indicó que el precio del gramo de marihuana será el equivalente a un dólar para que "se pueda competir" con los narcotraficantes.
La oposición advirtió también que varios de los artículos contenidos en el proyecto de ley desconocen la Constitución.
Solari dijo que "se viola" un artículo constitucional en el que se señala que el Estado uruguayo "es responsable" por la "defensa de la salud de la población".
También se "salta la norma constitucional" al crear un instituto de control algo que está "prohibido" en el año previo a las elecciones.
Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán en Uruguay en octubre de 2014.
Además, el proyecto de ley a punto de ser aprobado crea programas preventivos de control del consumo de drogas que deberán ser impulsados por las instituciones de enseñanza.
Esa obligación "viola la autonomía" de la Administración Nacional de Educación Pública, algo que está "garantizado" por la Constitución, agregó el legislador opositor.
El senador oficialista Roberto Conde, también integrante de la Comisión de Salud, dijo hoy a Efe que el plan gubernamental "no tiene ninguna inconstitucionalidad, solamente en un artículo donde se plantea la necesidad de que la educación sobre drogas sea incorporada a la educación secundaria pública".
Se "entiende que (ese apartado) puede estar invadiendo la autonomía de las autoridades de la educación", pero estas "pueden tomar el espíritu de este artículo y aplicarlo como ellas entiendan mejor dentro del campo de su autonomía", argumentó Conde.