Prostitutas argentinas pasan factura

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Varias mujeres pertenecientes a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) se tomaron el obelisco, en Buenos Aires. Durante todo el día repartieron modelos de facturas que quieren usar para ejercer su trabajo y para llamar la atención sobre una profesión, que dicen, ha sido estigmatizada durante años. “El trabajo sexual es la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual a cambio de un pago para beneficio propio. Por ese servicio nosotras cobramos y buscamos a través de una Ley ser reconocidas como trabajadoras, poder facturar a través del Monotributo, tener obra social, derechos y obligaciones como cualquier otro trabajador”, explican en su página de internet.

Las representantes de Ammar dicen que lo más importante de su campaña es eliminar “el gran estigma que existe hacia nosotras y hacia nuestro trabajo”. En las facturas que repartieron detallaron algunos de los servicios que más les solicitan: Así, por ejemplo, el “francés”, que según la factura es deUS$35, o un “completo” que alcanza los US$50 o una fantasía que suma los US$60. Las trabajadoras, sin embargo, prestan más servicios como el convencional, parejas, fantasías con dos participantes, entre otros. Las facturas, no obstante, no especifican si este precio ya tiene IVA. 

Voceras de Ammar explican que el trabajo sexual en Argentina no está prohibido, pero tampoco está permitido. “Es un vacío legal en el que no tenemos derecho y se confunden delitos como la trata de personas y el proxenetismo, con actividades lícitas como el trabajo sexual con mujeres mayores de 18 años que lo ejercemos por voluntad propia”, explican.

Esta lucha de las prostitutas argentina no es nueva. Ammar nació en 1995 con la intención de presentar una ley que regulara su trabajo, algo que hasta ahora ha sido imposible. Durante años han luchado para que se reconozca su trabajo, para que les den derechos que tienen el resto de trabajadores. “Mientras no esté regulado el trabajo sexual va a persistir la violencia institucional contra nuestro sector”, aseguró Georgina Orellana, quien se postula como legisladora al Parlamento de Buenos Aires.

Alegan las trabajadoras que si el Estado no regula su profesión, se convierten en sujetos de explotación. “Necesitamos un marco legal, condicionales para desarrollarnos como seres humanos, con derechos laborales como cualquier otro trabajador”, reclaman. 

En 2013, el senador kirchnerista Aníbal Fernández presentó en la Cámara Alta un proyecto para penar a los consumidores de prostitución, “solo en casos en que haya trata de personas”. La iniciativa fue aprobada y pasó a la siguiente instancia, en la Cámara. Pero no pasó. El proyecto establecía penas de uno a cuatro años de prisión a quien “utilice o procure servicios sexuales de una persona sabiendo o debiendo saber que es una víctima de trata de personas”.

Algo que rechazan las prostitutas, pues aseguran: “Asociar toda oferta sexual a la explotación, la trata y la violencia, victimiza y estigmatiza a las mujeres que hemos hecho del trabajo sexual parte de nuestro proyecto laboral. Dicha estigmatización es también una forma de discriminación y violencia contra nosotras”.

Recientemente le enviaron una carta a la presidenta, Cristina Fernández, en la que le reclamaban la aprobación de la ley. No recibieron respuesta todavía. “Nos ganamos la vida dignamente”, le decían a la mandataria.