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De todos los temas por tratar en el debate presidencial de hoy, cuando Barack Obama y Mitt Romney se vuelvan a ver cara a cara, existe uno que seguramente no será llevado a la mesa: la estructura del debate como tal. Luego de que se conociera la existencia de un arreglo secreto entre los dos partidos, sobre los términos de estos encuentros, el tipo de preguntas que se podrían hacer, quiénes y en dónde participarían, al igual que otras disposiciones, la indignación se ha levantado en algunos sectores del país.
Dieciocho organizaciones defensoras de la democracia hicieron un llamado colectivo a la Comisión de Debates Presidenciales a revelar el articulado de dicho acuerdo. De igual forma Gary Johnson, exgobernador por el estado de Nuevo México y candidato presidencial por el Partido Libertario, ha interpuesto una demanda antimonopolio en contra de la comisión por la misma razón. Se suman los esfuerzos de Jill Stein, candidata presidencial por el Partido Verde, quien movilizará a miles de sus seguidores a las inmediaciones de la universidad Hofstra en Nueva York, donde se realizará el debate.
Cada cuatro años muchos se preguntan cómo funciona esta comisión y por qué una tercera voz nunca recibe la invitación a los debates. “Para nadie es un secreto que los candidatos de un tercer partido afrontan unas barreras extraordinarias en los Estados Unidos, como la posibilidad de estar en el tarjetón electoral, recibir cubrimiento de la prensa, la disparidad en temas de financiación por no hablar de la posibilidad de estar en los debates”, arremetía al respecto Jill Stein, candidata por el Partido Verde, en una manifestación en Houston, Texas, la semana pasada.
En la actualidad, para que un candidato de un tercer partido gane el privilegio de estar en los debates debe tener el 15% en las encuestas. Una cifra para muchos irrisoria cuando ningún candidato independiente ha alcanzado en los últimos 100 años siquiera el 5%. “Es indiscutible que no se quiere que nadie que no sea de los dos partidos tenga la oportunidad de debatir ante el país entero. Cómo es posible que el Congreso subsidie las campañas de los congresistas que alcancen el 5% del voto popular, mientras que a un candidato independiente le piden tres veces la misma cifra para poder participar en los debates. La intención es más que evidente” explica George Farah, director ejecutivo de Open Debates, con sede en Washington.
Pero no siempre fue así, los debates fueron organizados hasta 1987 por la Liga de Mujeres Votantes, una organización sin ánimo de lucro y sin filiaciones partidistas. Sin embargo, todo empezó a cocinarse en 1980 cuando Jimmy Carter y Ronald Reagan se opusieron a que la comisión invitara a debatir al candidato independiente John B. Anderson. Al intuir que esto le restaría votos, el presidente Carter se opuso y decidió no asistir al llamado, causando un revuelo nacional. Cuatro años más tarde volvió a ocurrir algo similar cuando Ronald Reagan y Walter Mondale vetaron conjuntamente más de 80 de los moderadores propuestos por la Liga de Mujeres Votantes, amenazando con no asistir. Sin embargo, debido a la presión popular los dos partidos tuvieron que aceptar la invitación y bajar la cabeza.
Todo hasta que en 1987 los dos partidos retomaron el control de los debates mediante la creación en el Congreso de la Comisión de Debates Presidenciales. A la cabeza de la entidad el director en jefe de cada partido, en ese entonces el republicano Frank Fahrenkopf y el demócrata Paul Kirk. Su primera medida fue adoptar un documento de 12 páginas acordado entre los dos partidos sobre el tipo de preguntas, los moderadores, las condiciones para la inclusión de un tercer candidato, así como el tema de sus seguidores en la audiencia durante cada uno de los debates.
“Desde entonces nada ha cambiado” asegura Farah. Por el contrario, los acuerdos entre los dos partidos crecen en especificidad con cada ciclo presidencial. Por otra parte, hoy los publicitados debates son patrocinados por tres gigantes de la industria privada: Anheuser-Busch, emporio de la cerveza en Estados Unidos, la aerolínea Southwest Airlines y la International Bottled Water Association.
Ante esta realidad y como ocurre cada cuatro años, el llamado de devolverle la independencia a la veeduría y organización de tan importantes encuentros para la democracia de ese país crece. La formación de la Comisión Ciudadana de Debates Presidenciales —compuesta por 60 organizaciones civiles sin ánimo de lucro, la cual cuenta con el apoyo de más de veinte periódicos en los Estados Unidos, liderado por el LA Times— sigue en su lucha de elevar el grito de denuncia. Su única intención, aseguran, es romper el control bipartidista y darle paso a la verdadera democracia.