Puerto Rico, al borde de la bancarrota

Puertorriqueños apuntan sus datos personales para ser llamados en actos de desobediencia civil, ante la posible creación de una junta fiscalizadora del Congreso de los Estados Unidos, que sanee la economía boricua. / EFE

Puerto Rico se encuentra al borde de la crisis. El 1 de julio de este año tiene que pagar una deuda cercana a los US $1.919 millones y el gobierno ya ha dicho que no cuenta con los recursos para pagarla. "La totalidad de lo que se tiene que pagar no lo tenemos. Bueno, quizás lo habría, pero tendríamos que cerrar muchas agencias públicas, despedir empleados públicos y cortar servicios, algo que no se va a hacer", dijo al respecto Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Por ello, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, le ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que apruebe la llamada Ley Promesa, mediante la cual este Estado Libre Asociado podría declararse en bancarrota y evitar demandas por el impago de la deuda. (Lea: Puerto Rico no pagó US$422 millones de su deuda). 

"Actualmente, Puerto Rico no está cobijado por la Ley de Quiebra federal, por lo que no cuenta con herramientas de reestructuración y protecciones que le faciliten un alivio y su posterior recuperación económica. La pieza legislativa antes mencionada le facilitaría al país el proceso de negociación con los acreedores del Estado Libre Asociado. Igualmente, PROMESA constituye una solución que permitiría hacerle frente a la emergencia fiscal y asegurar un futuro próspero para la isla", explicó García el pasado 22 de junio. Otro que anda pidiendo la ayuda del Congreso, es el representante puertorriqueño, Pedro Perluisi, quien, pese a ser opositor a García, ha mostrado su apoyo a Promesa. "Tras haber trabajado en este asunto durante más de dos años, estoy convencido de que no hay alternativa legislativa mejor que pueda obtener el apoyo bipartidista necesario para que se convierta en ley". Esta ley plantea, entre otras, la creación de una junta de fiscalización que sanee la economía puertorriqueña, lo que ha sido visto por algunos sectores de la sociedad boricua como una intromisión, por lo que han llamado a la desobediencia civil por parte de los puertorriqueños.

Actualmente Puerto Rico, como Estado asociado a Estados Unidos, se prepara para las elecciones de fin de año. Todos los candidatos a gobernador han mostrado su rechazo parcial a una posible junta. Pero han dicho que de aprobarse esta ley, colaborarían con ella, ante la crisis fiscal que afronta la isla, "producto de décadas de malas políticas económicas", en palabras del gobernador García Padilla.