El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, defendió este viernes que su decisión de reconocer el derecho de las parejas homosexuales a casarse atiende a su deber como gobernante de garantizar la igualdad de todos los puertorriqueños.
"Todos conocen mis creencias religiosas, pero a los líderes políticos no nos toca imponer nuestros credos; nos toca adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana", dijo en unas declaraciones escritas tras el histórico anuncio realizado por el secretario de Justicia, César Miranda.
El máximo responsable de Justicia en Puerto Rico anunció que el Gobierno ha renunciado a seguir defendiendo la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de la isla, que restringe el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, y deja fuera a las parejas homosexuales.
"Como gobernador de Puerto Rico, ése es mi deber", insistió el mandatario, consciente de que esta decisión será muy criticada por ciertos sectores sociales y que puede erosionar aún más su apoyo popular, puesto muy en entredicho estos días por su intención de imponer el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como parte de una reforma contributiva.
De hecho, no faltan las voces que aseguran que con esta decisión el Gobierno pretende desviar la atención de la opinión pública, muy volcada en el debate sobre el IVA.
"El pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado (ELA) y de Estados Unidos de América", continuó el gobernador.
Explicó que "el desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable: nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo".
"En ausencia de otro mecanismo legal validado por los tribunales para reconocerles a estas parejas los mismos derechos que a las uniones heterosexuales, la posición de Justicia es la única alternativa que tiene el ELA para asegurar la igualdad de todos sus ciudadanos ante la ley".