América Latina es tan impredecible que ya no se sabe si va a caer primero la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, o su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Ambos países enfrentan una sumatoria de males: en Brasil se conjuga la crisis económica con los escándalos de corrupción en las altas esferas del gobierno, con la propagación (aunque cada vez más controlada) del zika, con el proceso de impeachment (destitución por juicio político) contra la presidenta y con la “celebración” de los Juegos Olímpicos de Río, que comienzan en 99 días. En Venezuela la cosa es peor: el bajón del precio del petróleo tiene contra las cuerdas al fracasado modelo económico, la sequía generada por el fenómeno de El Niño llevó al Gobierno a hacer cortes de luz que también afectan la economía, la violencia está desbordada, la tensión social es creciente en las calles y ya comenzó el proceso para llamar a un referendo revocatorio contra el presidente.
América Latina es tan impredecible que puede ser que después del alboroto ninguno de los jefes de Estado caiga. El inicio del impeachment o del referendo revocatorio no garantizan un final feliz para la oposición brasileña ni venezolana. Ambos son procesos complejos, lentos, que generan demasiadas susceptibilidades políticas, desconfianza en los organismos públicos y riesgo de desestabilización.
La caída de cualquiera de los presidentes tampoco es la solución, porque los problemas son estructurales. En Brasil, quien reemplace a Dilma tendrá el reto de enfrentar la corrupción rampante en las élites gobernantes y el altísimo nivel de desempleo. En Venezuela, se necesita la transformación de un modelo que asfixió la economía de un país con las mayores reservas petroleras del mundo, y de un aparato legal y burocrático que fracturó la independencia de poderes y la protección de las libertades civiles.
Después de que la Cámara de Diputados brasileña mostrara su peor cara en la sesión de votación del impeachment, en la que en medio de insultos, escupitajos y golpes la mayoría fue favorable a seguir adelante con ese proceso, esta semana el show es para Venezuela. A mitad de su mandato, Maduro está arrinconado y con pocas posibilidades de solucionar la crisis política, económica, social y ahora eléctrica: la primera es rezar para que llueva y la hidroeléctrica de El Guri, que genera el 70 % de la electricidad del país, recupere niveles que permitan al Gobierno reducir los cortes de cuatro horas diarias en ciudades y pueblos de casi todos los estados del país, para no perder la popularidad que le queda entre los ciudadanos, que ya han protestado por la falta de energía y agua, sumada a la recesión, la inflación más alta del mundo (180 % en 2015), la escasez de productos básicos, entre otras penurias.
La segunda es que sus amigos petroleros del Golfo se compadezcan y le ayuden a subir el precio del petróleo, aunque se sabe que por ahora no lo van a hacer y la monarquía saudita ya anunció que tiene planes de diversificar su economía y seguir consolidando sus fondos de ahorros, de los cuales Venezuela carece por completo, porque en los años boyantes del petróleo derrochó las ganancias en “misiones sociales” y en conseguir aliados políticos, sin ahorrar ni reinvertir en su industria petrolera. La tercera es revivir la imagen de Hugo Chávez como campaña electoral, con la que Maduro fue elegido en 2013, para tratar de evitar una derrota en el referendo que está empezando, y tildar, como ya lo ha hecho, este mecanismo legal y democrático como un “golpe de Estado” (en Brasil los sectores partidarios de Rousseff también ven en el impeachment una iniciativa conspiracionista y golpista).
El inicio del referendo revocatorio es uno de los pasos más importantes que ha dado la oposición venezolana, después de obtener una supermayoría en la Asamblea Nacional en diciembre pasado. Esta iniciativa la ha liderado el gobernador de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles. Según él, esta es la mejor vía para la salida de Maduro, ya que no se puede interponer el Tribunal Supremo, que por lo general falla a favor del Gobierno. Este tribunal ya se atravesó contra la iniciativa de promover una enmienda constitucional para recortar el periodo de mandato de seis a cuatro años y abolir la reelección indefinida del presidente.
Como el impeachment en Brasil, el referendo revocatorio en Venezuela es un proceso complejo. Ya el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo criticado por su supuesta afinidad con el Ejecutivo, entregó a la oposición las planillas donde deberán firmar quienes apoyan la salida de Maduro. Lo primero que se tiene que hacer para activar el proceso es recoger, en un plazo de 30 días, firmas del 1 % del registro electoral, esto es, cerca de 200.000 personas. Después la cosa se pone más difícil, porque tendrán que recoger en tres días casi 4 millones de firmas, el 20 % del registro electoral.
Logrado esto, se esperaría la validación de las firmas recogidas por parte del CNE, que debería convocar a un referendo. Para revocar a Maduro se necesitan en su contra los 7’587.532 votos con los que fue electo en 2013, más uno, y la participación de al menos 25 % de los inscritos en el registro electoral.
Si el referendo se hace de manera acelerada y se da la salida de Maduro durante este año, como la oposición quiere, el procedimiento siguiente sería convocar a elecciones. Si el referendo se demora y Maduro es revocado cuando le falten menos de dos años de su mandato, asumiría el vicepresidente, Aristóbulo Isturiz, hasta 2019.
Entonces, mientras Dilma espera que el Senado vote sobre su impeachment, en Venezuela las largas filas ya no están sólo en los supermercados. Ayer, cuando comenzó la firmatón, muchos acudieron masivamente a apoyar el referendo revocatorio contra Maduro.