Este año la situación amenaza con ser aún peor, no solo porque la llegada de personas ya marca registros históricos, sino porque el continente no sabe qué hacer con la marea humana. El año pasado se acordó un plan para recibirlos que aún no se cumple y, al contrario, hoy muchos países los rechazan. Numerosos gobiernos comenzaron a confiscar bienes a los refugiados y otros amenazan con la expulsión de miles de ellos. Otros piden que los devuelvan al mar y Grecia, que redobló sus esfuerzos para controlar el flujo no satisfizo a algunos de sus socios europeos, que hoy amenazan con apartarla del espacio Schengen.
Solo 1.340 euros
El parlamento de Dinamarca aprobó una nueva ley que incluye medidas como confiscar dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia y limitar la reagrupación familiar. Una medida promovida por la extrema derecha y secundada por los liberales y el centro-derecha. De acuerdo con lo votado, los refugiados que soliciten asilo a las autoridades danesas sólo podrán conservar 1.340 euros en bienes materiales. Todo lo que supere esa cuantía, irá a parar a las arcas del país escandinavo.
Suiza aplica una política similar desde hace varios meses. En este país los refugiados pueden conservar cerca de 900 euros en bienes, mientras que el resto va a parar a manos del gobierno para, según los defensores de la medida, costear su “costosa estancia”.
De forma paralela, si alguno de los migrantes se queda y obtiene trabajo, deberá ceder el 10% de su sueldo a Suiza durante 10 años.
Expulsión y pulseras
El Gobierno sueco prevé que entre 60.000 y 80.000 personas que pidieron asilo el año pasado puedan ser expulsadas de este país, el que más peticionarios per cápita recibe de la Unión Europea (UE), al ser rechazadas sus solicitudes. De las 58.802 solicitudes tramitadas el año pasado por la Dirección General de Migraciones, fueron aceptadas el 55%. El gobierno interpuso además nuevas medidas y controles fronterizos para lograr un decenso en la llegada de solicitantes de asilo.
En Gales una empresa reparte pulseras para identificar a los refugiados para asegurar su manutención y atención en los centros públicos.
En caso de que no porten la pulsera, de color rojo brillante, no podrán acceder a los servicios. Según relata el periódico “The Guardian”, la situación ha llevado a una inmediata discriminación de los migrantes y a situaciones de abuso.